Núria Riera, la portavoz del PP en Mallorca que cobra dos sueldos públicos, alega en falso que también “lo hacen otros portavoces”

La portavoz del PP en el Consell de Mallorca, Núria Riera, ha salido este lunes en defensa de los dos sueldos públicos que cobra pese a las limitaciones de la Ley de Incompatibilidades, aseverando que nunca ha recibido “ningún informe en contra” ni como funcionaria del Govern balear ni como consellera insular, a pesar de que el problema no radica en su papel en cada una de estas instituciones, sino en la posible vulneración de la Ley de Compatibilidades en cuanto al modo de conciliar las horas de jornada laboral en ambos puestos -con sospechas de “inactividad” en el Ejecutivo autonómico- y al tope máximo salarial permitido al compaginar dos cargos públicos. Riera, quien en ningún momento ha solicitado la compatibilidad, cobra un total de 127.211 euros públicos anuales del erario público.

En declaraciones a los medios tras ser preguntada por si considera éticas sus circunstancias laborales -de las que este domingo informó elDiario.es-, Riera se ha limitado a responder que se encuentra en la misma situación que “otros portavoces” -en alusión velada al portavoz de Vox, Antoni Gili, quien poco después que ella incrementó su régimen de dedicación parcial en el Consell al 75%, aunque en su caso para compatibilizarlo con la actividad privada, lo que no implica ningún tipo de anomalía-. Lejos de acreditar si va cada día a trabajar a su puesto en el Govern como jefa de servicio -desde el PSIB-PSOE alegan que la popular “está todo el día en el Consell”-, Riera ha manifestado que “hay portavoces del PSOE que estaban en esta situación durante la pasada legislatura con una dedicación parcial”.

Durante la pasada legislatura, el portavoz socialista en el Consell era Andreu Alcover, quien compaginó este puesto con otro cargo público, el de gerente en el departamento Economía y Proyectos Institucionales de la Universitat de les Illes Balears (UIB), que era su principal centro de trabajo. Sin embargo, la diferencia estriba en que Alcover sí solicitó la compatibilidad, en que ésta le fue concedida por la institución educativa, en que en ningún momento aumentó su dedicación parcial en el Consell al 75% y en que la UIB le permitía tener un horario flexible, al contrario que en el caso de Riera, que en ningún momento ha mostrado su ficha horaria pese a las continuas peticiones de la oposición.

No en vano, fue la Conselleria de Presidencia y Administraciones Públicas, de la que depende el puesto que ocupa la popular en el Govern, la que señaló en una respuesta escrita a petición del Grupo Parlamentario Socialista que, al efecto del régimen de incompatibilidades, se considera “horario de trabajo en la Administración autonómica la franja situada entre las 8.00 y las 15.30 horas”, con una jornada fija de 9.00 a 14.00 horas cada día y cierta flexibilidad horaria entre las 7:30 y las 9.00 así como entre las 14.00 y las 16.30, siempre y cuando lleve a cabo la totalidad de sus horas semanales. Con todo, Riera ha dado este lunes carpetazo al asunto con un “no tengo nada más que añadir”.

Sobre el papel, Riera dedica un 100% de la jornada laboral a su labor en el Govern y un 75% en el Consell, lo que se traduciría en unas 14 horas diarias. Desde el PP alegan la ausencia de cualquier tipo de irregularidad en la combinación de los dos puestos que Riera ocupa en la actualidad. En declaraciones a elDiario.es, fuentes del Grupo Popular en el Consell señalan que tanto esta institución como el Ejecutivo balear emitieron en su día informes favorables en torno a la actividad de Riera en cada una de las instituciones.

En este sentido, la Ley permite compatibilizar dos cargos públicos, pero con limitaciones, que serían las que Riera estaría incumpliendo. En concreto, el artículo 5 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas faculta a los miembros de las Corporaciones locales compaginar ambas actividades, salvo que alguna de ellas se encuentre retribuida en régimen de dedicación exclusiva. Sin embargo, la normativa precisa que en tales supuestos de compatibilidad únicamente podrá percibirse la retribución correspondiente a una de las dos actividades, sin perjuicio de las dietas, indemnizaciones o asistencias que correspondan por el otro cargo. No es el caso de Riera.

El mismo artículo añade -y aquí volvería a ampararse la consellera- una excepción a lo anterior. Bajo el paraguas del artículo 75 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL), la normativa faculta a tales miembros en situación de dedicación parcial a percibir retribuciones por ambos cargos siempre que una de las dos actividades la desempeñen fuera de la jornada de trabajo de la otra y sin superar en ningún caso los límites que con carácter general pudieran establecerse en su caso.

En el caso de Riera, la Conselleria de Presidencia y Administraciones Públicas, de la que depende el puesto que ocupa en el Govern, señaló en una respuesta escrita a petición del Grupo Parlamentario Socialista que, al efecto del régimen de incompatibilidades, se considera “horario de trabajo en la Administración autonómica la franja situada entre las 8.00 y las 15.30 horas”, con una jornada fija de 9.00 a 14.00 horas cada día y cierta flexibilidad horaria entre las 7:30 y las 9.00 así como entre las 14.00 y las 16.30, siempre y cuando lleve a cabo la totalidad de sus horas semanales.

Desde el PSIB-PSOE alegan, en declaraciones a elDiario.es, que Riera “está todo el día en el Consell”, mañanas incluidas -que es cuando presumiblemente debería ejercer sus funciones en el Govern-, como así lo demuestran las numerosas ruedas de prensa matutinas que lleva a cabo en la Administración insular, así como sus intervenciones en medios de comunicación como portavoz insular del PP. “Ella, como empleada pública, estaría obligada a, al menos estar, de 9.00 a 14.00 horas -acotando al máximo los horarios en el Ejecutivo autonómico- en su puesto de trabajo. Es algo flagrante”, aseveran los socialistas.

Por ello, la oposición defiende que el problema no radica en los cargos de la política popular por separado, sino “en conjunto”. Pese a que centran sus críticas principalmente en cuestiones éticas, se muestran “convencidos de que también está cometiendo una ilegalidad”.