Palma prohibirá los nuevos alquileres turísticos y limitará los 'rent a car' tras las manifestaciones contra la masificación

El Ayuntamiento de Palma propondrá prohibir la apertura de nuevos pisos turísticos así como limitar el número de cruceros, la entrada de coches de alquiler y los grupos de visitas turísticas. Pese a posicionarse en contra de este tipo de medidas en los últimos años, el PP, que en la actualidad gobierna la capital balear, ha lanzado un paquete de iniciativas cuya senda ya dejó marcada el anterior Govern autonómico de izquierdas y que van dirigidas a la sostenibilidad social, económica y medioambiental del turismo. El anuncio tiene lugar tras las históricas manifestaciones celebradas la pasada semana contra la masificación turística y la carestía de vivienda en Balears.

Así lo ha dado a conocer en rueda de prensa el alcalde, Jaime Martínez, quien ha señalado que estas propuestas se debatirán en el pleno que se celebrará este jueves. El primer edil ha señalado que la idea es que los grupos políticos “vayan en la misma línea” pero que, se aprueben o no, se llevarán a la Mesa para el pacto social por la sostenibilidad para su análisis y debate.

El equipo de gobierno propone, además, una serie de cuestiones que van más allá de sus competencias municipales y que consideran que se deben tomar en base a diversos datos. En concreto, ponen sobre la mesa limitar o prohibir determinados cruceros, cobrar dos tasas a los cruceristas, revisar al alza las tasas de residuos y agua para cruceros y grandes yates y regular o limitar los grupos organizados de turistas, así como el número de personas en las visitas guiadas que se hacen en la ciudad.

En el paquete incluyen también que se estudie la posibilidad de prohibir o limitar las 'party boats' -fiestas que ya fueron limitadas por el anterior Govern autonómico de izquierdas a través del Decreto de Turismo de Excesos-, limitar el número máximo de coches de alquiler que pueden entrar en la ciudad, aumentar el número de efectivos policiales, incrementar las tareas de inspección de alquiler turístico ilegal, prohibir el consumo de bebidas alcohólicas en la calle en todo el municipio, crear más aparcamientos disuasorios, mejorar las frecuencias del transporte público, colaborar entre todas las administraciones en las 'operaciones nube' y crear una tasa especial de residuos para los locales 'take away'.

Para el alcalde, se trata de medidas que se deben estudiar para ver si son necesarias. “Si el grupo de expertos dice que no lo son, no lo discutiremos”, ha dicho, remarcando que se trata de cuestiones que “cómo mínimo se tienen que analizar”.

Prohibición del alquiler turístico y limitación de locales de ocio en zonas maduras

Martínez ha anunciado una serie de medidas que se aplicarán a corto plazo, entre las que se encuentran modificar el Plan General para prohibir el alquiler turístico en cualquier tipo de vivienda, así como para limitar los establecimientos de pública concurrencia, como locales de ocio en las zonas maduras -Cala Major, Paseo Marítimo y Playa de Palma-. Esta última propuesta se produce tras el derrumbe, la semana pasada, de un establecimiento de ocio en la Playa de Palma, cuya terraza no tenía licencia de actividad municipal para poder acoger clientes. El desplome dejó cuatro fallecidos y dieciséis heridos.

Las actividades legales continuarán pero la intención, ha explicado, pasa por disminuir la densidad en este tipo de locales de ocio, de modo que si una actividad cierra, no se podrá volver a abrir. “El decrecimiento está asegurado con el Plan General”, ha subrayado, explicando que si una vivienda vacacional se da de baja, no podrá establecerse otra en Palma.

La modificación podría prolongarse entre seis y ocho meses, de modo que las medidas podrían aplicarse de cara a la temporada que viene. También se modificará la ordenanza cívica para incorporar la obligación de los establecimientos 'take away' de mantener limpio el exterior del local en un perímetro de 50 metros.

Según Martínez, estas medidas van “en la línea” de lo que propone el PP desde “hace tiempo”, que es ir hacia un turismo de calidad, a pesar de que su partido siempre se ha mostrado severamente crítico con la aplicación de medidas restrictivas encaminadas en este sentido. Así, ha hecho hincapié en la necesidad de adoptar medidas “valientes” de contención para asegurar la convivencia entre turistas y residentes.

Asimismo, el alcalde ha reclamado que una capital turística como Palma “merece una financiación como toca”. “Toda esta riqueza que estamos dando al conjunto del Estado debe repartirse con una financiación adecuada a las capitales turísticas”, ha reivindicado.

Manifestaciones inéditas contra la masificación

Cabe recordar que, el pasado fin de semana, miles de mallorquines salieron a la calle para denunciar los efectos negativos de la masificación turística, especialmente el incremento de los precios de la vivienda, que está expulsando a la población local. La protesta estaba convocada por el Banc del Temps de Sencelles (Mallorca), una pequeña agrupación de vecinos que consiguió congregar este sábado a 10.000 personas según la Policía Nacional y a 25.000 según los propios organizadores.

“Esto nos ha servido como ánimo para participar en la primera acción de protesta para reclamar el derecho a la vivienda e instar a los responsables políticos a que apliquen las medidas necesarias para que los residentes podamos vivir en Mallorca como merecemos”, comentaba Carme Reynés, una de las organizadoras, a elDiario.es. En los carteles de la manifestación había frases como “Quiero vivir aquí”, “Sin techo no hay futuro”, “Se vende, pero no lo puedo pagar”, “No es turismofobia, es mallorcacidio” o “Rebeldes sin casa”.

Asimismo, el Consell de Mallorca, también gobernado por el PP -en coalición con Vox-, anunció hace dos semanas que reducirá por primera vez su techo de plazas turísticas para poner freno a la masificación. El Consell Insular disminuirá el número de plazas en 18.000, el equivalente a la mitad de las que tiene la Platja de Palma, pasando así de un tope de 430.000 a 412.000 en lo que supone una bajada del 4,2%. “Hay que poner límites”, remarcó el presidente de la institución, Llorenç Galmés.

En opinión de Macià Blàzquez, catedrático de Geografía en la Universitat de les Illes Balears (UIB) e investigador sobre turismo, sostenibilidad y ordenación territorial, la reducción de plazas planteada por el PP puede tener “una motivación de fondo”: la elitización del turismo. Asimismo, Blàzquez considera que las medidas impulsadas en la actualidad pasan por un “decrecimiento fake”. “Ese decrecimiento es el menos justo socialmente, porque es el de gente rica que consume más energía y más agua y el que deja una mayor huella ecológica. No es un turismo de calidad, es turismo de lujo. Porque la calidad va con otros parámetros”, abunda.

La presidenta del Govern, Marga Prohens, no quiere ni oír hablar del decrecimiento, aunque presidió la semana pasada la primera reunión de la Mesa para el pacto social por la sostenibilidad en Balears, planteada para trazar una hoja de ruta que permita la transformación del modelo turístico pensando en el residente y en la ciudadanía y desde la triple sostenibilidad social, económica y ambiental. La presidenta no anunció nuevas medidas, simplemente comunicó que el director técnico de la Fundación Impulsa se encargará de la coordinación del comité de expertos que liderará los equipos de trabajo que está previsto que se formen.

Al mismo tiempo, el Govern balear del PP ha aprobado un decreto de simplificación administrativa que incluye la eliminación de la Comisión de Medio Ambiente contra el criterio de los grupos ecologistas. De hecho, desde el GOB Mallorca opinan que este decreto supone una “desregulación que aboca al abismo”, motivo por el cual están analizando “todas las vías” para exigir su suspensión cautelar e impugnarlo, si cabe, ante el Tribunal Constitucional. En un comunicado, el grupo ha detallado que el texto modifica más de 50 normas que provocan “consecuencias graves en lo que respecta a las garantías de protección de los recursos naturales y de suelo”.