El Parlament balear ha aprobado este martes tomar en consideración una ley para regular el sector del taxi, con la que se mantendrán 30 minutos de precontratación de servicios de VTC.
La iniciativa ha sido defendida en la Cámara por el portavoz parlamentario socialista, Iago Negueruela, quien ha expresado que el principal objetivo de esta norma es “mejorar la vida de la gente, sobre todo si son pequeños empresarios y autónomos de estas islas”.
Por ello, ha definido esta proposición de ley como “necesaria” para un sector que “sufre de forma permanente cambios en su modelo por la irrupción de empresas multinacionales que a cada cambio buscan adaptarse y, por tanto, a cada adaptación, los políticos han de responder con regulación y normativa para igualar las oportunidades”.
Ante esto, Negueruela ha emplazado al Govern a “dar pasos en ese sentido”. “No hay que negociar con el sector, hay que actuar y regular, hay que trabajar rápido y de forma urgente”, para que en Balears continúe existiendo “la libertad de mercado, basada en que haya competencia y que las miles de empresas pequeñas o autónomos puedan operar en condiciones de igualdad con las multinacionales”.
Todo cuando, ha añadido, una empresa como Uber “quiere arrasar con el mercado, quiere llevar a los taxistas a no operar como tal, sino a que operen bajo la marca de Uber como están haciendo en otras partes de España”. Y a eso, ha incidido, el PSOE “se va a negar de forma permanente en el tiempo” porque “no hay nada más contrario a la libertad que los monopolios, en los que se está convirtiendo la economía mundial”, también con plataformas como Cabify u otras.
El portavoz socialista ha pedido así al Govern “dar un paso más” en la regulación del sector del taxi, porque el sector vive una “situación de peligro”. En concreto, ha exigido “definir un ámbito insular para evitar que puedan trasladarse licencias VTC de una isla a otra”. También, “que sea exigible la licencia urbana y la licencia interurbana a todos los que quieren operar, porque eso garantizará un principio de igualdad entre VTCs y el sector del taxi”.
Asimismo, ha reclamado “mantener la precontratación obligatoria de VTCs, como se fija en la norma actual”. “No modificamos ese artículo sino que lo redactamos igual”, ha precisado, “para que quede claro que ha de ser una condición hasta que los tribunales se posicionen”.
A favor de aprobar esta toma en consideración se ha mostrado el Partido Popular porque cree que “resulta imprescindible realizar un esfuerzo en aras de alcanzar el consenso”. Si bien, ha evitado entrar en el fondo de esta proposición, al considerar que ésta pueda ser “oportunista” y “partidista” para “crispar y generar polémica”.
Puesto que “el Govern decidió preparar una ley ante la necesidad de contar con una regulación que pueda evitar la concesión de una avalancha de nuevas licencias VTC”. De hecho, está trabajando en un proceso de negociación permanente con los agentes participantes y otras asociaciones afectadas por la norma objeto de aplicación“.
También, MÉS per Mallorca ha votado a favor de esta iniciativa legislativa para combatir un escenario de “competencia desleal” del sector VTC a los taxis porque “detrás de 2.500 licencias de taxis hay personas y familias que se dependen económicamente de éste”.
En esta línea, MÉS ha asegurado “no resignarse a una Mallorca en la que el sector del taxi haya desaparecido y la única prestación de transporte, más allá del público, sea mediante aplicaciones móviles, de las que no se conocen ni los titulares, ni los propietarios y que no pagan impuestos aquí”. “No queremos esta Mallorca y, por tanto, apostamos por un modelo distinto”, ha incidido.
De igual modo, la diputada de Unidas Podemos, Cristina Gómez, ha votado a favor de esta proposición de ley porque, ha argumentado, “la política no se puede hacer de espaldas a los perjudicados de la economía desregulada y neoliberal, que es un poco lo que está sucediendo, si no se le pone freno”.
Gómez ha insistido en que esta modificación de proyecto de ley, defendida por el PSOE, es “importante” porque cuando se conjugan dos modelos como el del “servicio público” que oferta el taxi tradicional con el del “cartel o monopolio” que llevan a cabo plataformas Uber o Cabify “hay que intentar proteger la parte más débil”.
Por su parte, el portavoz de Més per Menorca-Grupo Mixto, Josep Castells, ha votado a favor de la toma en consideración de esta ley porque frente a “la practicidad de tenerlo todo a un click” que ofrecen las plataformas de VTCs, el taxi “este ofrece un servicio muy importante, que cubre diversos ámbitos de la movilidad”.
Castells ha reflexionado asimismo sobre la “polaridad” entre regulación y liberalismo. En este sentido, y “sin ser partidario del intervencionismo excesivo del Estado”, ha advertido de que los resultados del liberalismo, a largo plazo, “acaban siendo mucho peores que los beneficios que crea”.
Finalmente, el portavoz adjunto de Vox, Sergio Rodríguez, también ha votado a favor de esta proposición por considerarla “necesaria” aunque no por los motivos expuestos previamente por otros grupos, porque este grupo “no tiene nada en contra de las multinacionales, muchas de ellas españolas y muy exitosas” sino, ha añadido, “por la necesidad de regular para dar seguridad jurídica al sector del taxi”.
Rodríguez ha considerado, así, que la raíz del problema “es un transporte público que aún no ha alcanzado los niveles de eficacia necesarios” y, ha incidido, en que “es responsabilidad de las administraciones ofrecer un servicio de transporte público de calidad y suficiente, ampliar las frecuencias, ampliar los horarios, ampliar las zonas y las paradas, porque no se puede pretender que los taxis cubran esa necesidad o falta de un transporte público eficaz”.