El PP balear ha presentado una Proposición de Ley con la intención de eliminar de urgencia la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción, impulsada por ley en 2016, durante el primer mandato del pacto de izquierdas liderado por la socialista Francina Armengol, con el objetivo de prevenir e investigar posibles casos de uso o destino fraudulento de fondos públicos. El registro de la iniciativa coincide con las investigaciones impulsadas por este ente en torno a una presunta trama de corrupción urbanística que afecta a Sebastià Sureda, actual director general de Emergencias del Govern de Marga Prohens (PP), desvelada este fin de semana por Diario de Mallorca.
El cierre de la Oficina Anticorrupción es uno de los firmes propósitos que alcanzaron PP y Vox en las semanas previas al acuerdo que rubricaron, a finales del pasado mes de junio, para que los populares pudieran gobernar las islas en solitario. El pacto contemplaba, a cambio, la participación de Vox en los Consells Insulars de Mallorca y Menorca, el cumplimiento de 110 medidas programáticas y la asunción, por parte de los conservadores, de gran parte del ideario político de la extrema derecha.
Después de que Diario de Mallorca publicara este fin de semana que la Oficina Anticorrupción ha acusado a Sureda de encabezar una trama de corrupción urbanística cuando era concejal de esta área en el municipio mallorquín de Campos. El alto cargo del PP habría incurrido en un delito de prevaricación al permitir, a sabiendas de su ilegalidad, que una veintena de negocios operasen sin licencia y de forma “clandestina” en el polígono industrial de la localidad.
El texto de la Proposición de Ley, al que ha tenido acceso elDiario.es, señala la Oficina, a tenor de la experiencia y los resultados que constan en las memorias anuales de la misma, “más allá de resultar operativa, incurre en una duplicidad respecto de algunas de sus funciones”. El PP, a cambio de cerrar este organismo, quiere recuperar el Registro de intereses y actividades de los altos cargos de Balears y propone crear en el Parlament un registro de patrimonio que abarque todos sus bienes, derechos, obligaciones y actividades.
“Eliminamos un ente completamente politizado creado y usado como máquina de barro al servicio de los intereses del PSOE”, ha manifestado la portavoz adjunta del PP en la Cámara autonómica, Marga Durán, quien ha aseverado que su partido, “desde el primer momento, ha denunciado la duplicidad que representa esta oficina” y ha censurado que, “tras ver las filtraciones interesadas de expedientes con el único objetivo de difamar a miembros del Partido Popular, no se puede consentir que el dinero público sirva como arma para perseguir a partidos políticos”.
La parlamentaria ha negado en esta línea que la Proposición de Ley se haya registrado con motivo de que la Oficina Anticorrupción haya acusado a Sureda de liderar una presunta trama de corrupción urbanística en Campos. “El PP siempre ha estado a favor del buen gobierno y de la transparencia, pero no vamos a tolerar que haya un órgano encargado de difamar y difundir las acusaciones”, ha expuesto Durán.
En esta línea, ha incidido en que “no se puede consentir que el dinero público sirva como arma para perseguir a partidos políticos”, manifestando que la Oficina Anticorrupción se creó con un presupuesto anual inicial de 500.000 euros y “ahora alcanza los 1,5 millones de que prácticamente se destinan en su totalidad a los sueldos de los altos cargos como el director, que cobra 95.000 euros al año”.
En concreto, la Proposición de Ley establece la obligatoriedad de todos los cargos a seguir presentando sus declaraciones de bienes, de renta y de incompatibilidades y la Policía, Fiscalía y los órganos judiciales seguirán teniendo acceso a ellas.
La supresión de la Oficina Anticorrupción ha sido uno de los principales puntos que comparten PP y Vox y que hicieron valer durante sus negociaciones tras las elecciones autonómicas del pasado mes de mayo. Hasta entonces, tanto conservadores como ultraderechistas, al igual que otros partidos como Ciudadanos y El PI, se habría mostrado severamente críticos con la existencia de la Oficina al considerar que su actividad comporta una duplicidad de gastos y funciones. Como aseveran, en la lucha anticorrupción ya se encuentran volcadas la Fiscalía, la Sindicatura de Cuentas, la Agencia Tributaria y la Justicia ordinaria.
Momentos antes del registro de la Proposición de Ley, Vox ha defendido el cierre de la Oficin.a Anticorrupción al considerar que “hay suficientes mecanismos de control” de cargos públicos. “En Vox mantenemos nuestra postura. Lo hemos dicho siempre, en este partido estamos a favor del cierre de la Oficina Anticorrupción porque pensamos que hay suficientes mecanismos para controlar que los cargos públicos lleven a cabo sus funciones correctamente”, ha manifestado Cardona, quien ha añadido que se trata de un instrumento “innecesario”.
Mientras tanto, el PSIB-PSOE ha anunciado que este martes, en el próximo pleno del Parlament, preguntará a Prohens, por qué eliminará la Oficina Anticorrupción cuando se ha conocido un caso que “afecta directamente a miembros de su Ejecutivo”. Para los socialistas, “ocultar, suprimir y eliminar mecanismos de control recuerda a las etapas más oscuras del PP”. El portavoz parlamentario del Grupo Socialista, Iago Negueruela, ha avanzado que la formación dedicará la sesión plenaria a valorar los primeros 100 días de Govern de Prohens, que han estado marcados, según sus palabras, por “la eliminación de órganos de control a su acción, los retrocesos, las imposiciones y las chapuzas”.
Por su parte, el portavoz parlamentario de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha declarado que “la única urgencia del PP” por cerrar la Oficina “es tapar un posible caso de corrupción de un miembro de su gobierno”. Los ecosoberanistas han considerado “inadmisible” que el PP registre una ley por procedimiento de urgencia para cerrar la Oficina Anticorrupción “justo cuando se ha hecho público que un cargo del Govern está siendo investigado” y “antes de la aprobación de los Presupuestos Autonómicos de 2024”.
Finalmente, Apesteguia ha recordado que “numerosos cargos del PP, y hasta el propio partido, han sido condenados por casos de corrupción como el caso Andratx, Scala, Palma Arena, Turisme Jove, Funeraria o Ibatur, ”entre muchos otros“.