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El portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, ha anunciado que su formación apoyará la proposición de ley registrada por Vox este miércoles que propone permitir que los menores puedan ir a las corridas de toros en las Islas. En la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, Sagreras ha argumentado que se trata de un punto del acuerdo de investidura entre PP y Vox que permite a Marga Prohens (PP) gobernar el achipiélago.
“Contamos con cumplirlos todos [los puntos del acuerdo]”, ha indicado. En esta línea, el 'popular' ha subrayado que permitir que los menores puedan asistir a los festejos taurinos es “sencillamente” igualar Balears al resto de las comunidades autónomas. “Incluso a comunidades en las que gobierna el PSOE”, ha añadido. Balears ha sido, históricamente, una de las comunidades autónomas donde hay menos tradición taurina de toda España.
Vox ha registrado este miércoles una proposición de ley para modificar la ley de regulación de las corridas de toros para permitir la entrada de los menores a los festejos taurinos. Así lo ha anunciado la portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas, quien ha subrayado que la proposición se ha presentado con carácter de urgencia ante la proximidad del inicio de la temporada taurina.
“Siempre defendemos que en lugar de prohibir, algo que le gusta tanto a la izquierda, optamos porque dentro y fuera de las plazas de toros y en un lugar visible se instalen carteles que adviertan que el espectáculo puede herir la sensibilidad de los espectadores”, ha explicado Cañadas.
Cabe recordar que Vox trató de introducir vía enmienda en un decreto de Vivienda la modificación legal para que los menores puedan ir a los toros, propuesta que finalmente se retiró para no tener que votar a favor de la ley de Vivienda (Vox se ha abstenido en este decreto de Vivienda del PP).
El adiós de los 'toros a la balear'
La propuesta en las Islas va en línea de otras Comunidades Autónomas en las que ambos partidos quieren revivir la tauromaquia con dinero público, como Castilla y León o Extremadura. En la actualidad, la ley balear prohíbe a las personas menores de 18 años asistir a las plazas de toros cuando se celebren espectáculos taurinos. Asimismo, establece que dentro y fuera de la plaza de toros, y en un lugar visible, se instalará un cartel que advierta de que el espectáculo puede herir la sensibilidad de los espectadores o espectadoras. Vox pretende que el artículo únicamente contemple la instalación del panel de aviso y se retire el veto a la entrada de menores.
En 2017 el Parlament de las Illes Balears aprobó una normativa autonómica que imponía fuertes restricciones, como prohibir el uso de banderillas, rejones o espadas, que hacían prácticamente inviable la celebración de la tauromaquia en las Islas. En 2018, mediante un recurso, el PP consiguió que el Tribunal Constitucional tumbara la ley y nunca más se supo de lo que se llamó los “toros a la balear”. Después los ánimos del Govern progresista de Francina Armengol cayeron y no volvieron a intentar poner fin al festejo, cosa que enfadó a los movimientos sociales y animalistas. Ahora, con el pacto de PP y Vox, los toros vuelven a estar a la orden del día en el archipiélago.
Además, el pasado mes de septiembre, el Ajuntament de Palma, en manos del PP con el apoyo programático de Vox, votó a favor de retirar a la ciudad el título de “municipio antitaurino” y declarar la tauromaquia como un Bien Inmaterial de la ciudad. Unas medidas que estaban incluidas en las propuestas del grupo municipal de extrema derecha, entre las cuales también se encontraba declarar Palma como “ciudad taurina” -un punto que no salió adelante- y presionar al Ejecutivo balear para que los menores puedan asistir a las corridas de toros en la capital balear.
Para la extrema deerecha, la tauromaquia es “un arte tradicional, social y apolítico como cualquier otra disciplina artística, reconocida y protegida por el marco legal actual”. Y es que, según la ley 18/2013 de 12 de noviembre, la tauromaquia “forma parte del patrimonio cultural digno de protección en todo el territorio nacional, de acuerdo con la normativa aplicable y los tratados internacionales sobre la materia”. Vox reclama que se cumpla esta normativa declarando que “es obligación de los poderes públicos defenderla y promoverla”.
El Gobierno de Mariano Rajoy sacó adelante la aprobación de esta Ley, sin un voto favorable de la oposición, para “blindar” las corridas de toros de las competencias de aquellas autonomías que habían empezado a prohibir estos espectáculos. La norma no funcionó, pero desde entonces obligó al Ministerio de Cultura a velar por los intereses de este sector.