El PP legalizará los campos de polo irregulares de Balears para contentar a Vox

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El Parlament balear ha aprobado, con los votos de PP y Vox, la ley que prohibirá en las islas las macrogranjas avícolas de más de 160.000 gallinas. La incógnita que sobrevolaba el pleno de este martes radicaba en si los conservadores darían apoyo a las enmiendas presentadas por la extrema derecha para colar la supresión del catalán como requisito laboral para acceder a la sanidad pública -una medida que ya está siendo aplicada a través de un decreto específico, pero no mediante ley- y la legalización de los campos de polo que se encuentran en situación irregular en las islas. A pesar de no tener nada que ver con la nueva normativa, los populares se han posicionado a favor de tales propuestas y las ha incorporado al texto.
La ley de macrogranjas comenzó a tramitarse a raíz de la polémica generada en torno a la fallida construcción, a las afueras del municipio mallorquín de Sineu, de una macroexplotación en la que Avícola Son Perot -la misma empresa que gestiona la macrogranja de Llucmajor, cuyas condiciones de insalubridad, falta de higiene y suciedad extremas de su interior fueron reveladas en primicia por elDiario.es- pretendía albergar 750.000 gallinas. Sin embargo, la normativa resultante de la aceptación de las propuestas de Vox, como critican desde las formaciones de izquierdas, “nada tiene que ver” con la iniciativa original y dará vía libre a la actividad de los campos de polo, que, como pudo comprobar elDiario.es, continúa practicándose de forma clandestina en instalaciones construidas en suelo rústico.
Mediante esta maniobra, los de Santiago Abascal han recuperado la esencia de varias de las enmiendas que el PP, en una situación inédita en la historia democrática balear, validó por error el pasado mes de diciembre, en aquella ocasión a la Ley autonómica de simplificación administrativa, con las que Vox pretendía retrotraer la legislación balear a décadas anteriores en materia medioambiental y de normalización de la lengua catalana en las islas. La formación de extrema derecha ha aprovechado así el debate de la ley de macrogranjas para introducir una batería de enmiendas dirigidas a modificar otras normativas e incorporar en ellas sus propuestas.
De este modo, tal como reclamaba Vox en sus enmiendas, el Govern de Marga Prohens modificará la ley agraria impulsada bajo la primera legislatura de Francina Armengol con el objetivo de que las actividades ecuestres vuelvan a tener la consideración de actividad complementaria de las explotaciones agrarias. No en vano, este deporte comenzó a causar furor en Balears –principalmente entre los extranjeros de mayor poder adquisitivo– a partir de la aprobación, en 2014, de la ley agraria balear de José Ramón Bauzá (PP), que declaraba el sector equino una prioridad estratégica de la política agraria de las islas.
Durante su intervención en el pleno, el conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, ha defendido la normativa, amparada en la directiva europea y en reales decretos estatales de regulación de tamaños y distancias de las explotaciones avícolas intensivas. Alega, además, que el decreto solo pretende regular aquello que no establece el real decreto avícola estatal. Para redactarla, ha señalado que se “analizaron los hechos, se estudió la normativa vigente, se escuchó al sector y se conoció la opinión de los pueblos más afectados”, que dieron como resultado “medidas a todos los niveles en base a un trabajo serio y comprometido”.
El conseller ha hecho referencia a las diferentes enmiendas presentadas por los grupos. Las relacionadas con la norma ha considerado que deberían estudiarse y debatirse en una eventual revisión de la ley agraria; el resto, ha admitido, se le “escapan”. En cualquier caso, ha afirmado que su compromiso y el de su departamento es trabajar en políticas agrarias que sean beneficiosas para los payeses. “Son a los primeros a los que escuchamos y con los que trabajamos desde un principio”, ha subrayado.
Por su parte, el portavoz adjunto del PSIB-PSOE en el Parlament, Marc Pons, ha criticado que la ley de macrogranjas lleve aparejada “una contrapartida que nada tenía que ver con el fin” de esta normativa. “Básicamente, como siempre, para castigar el catalán y para legalizar algunos proyectos concretos, como el campo de polo de Campos”, ha deslizado en referencia a las instalaciones ecuestres ubicadas en suelo rústico en este término municipal, donde jugadores furtivos disfrutan de un deporte promocionado durante años por los sucesivos gobiernos del PP en Balears.
En 2016, con la socialista Armengol como presidenta, el Ejecutivo modificó parte del articulado de la ley agraria, suprimiendo el precepto que las excluía de las declaraciones de interés general. La actividad ecuestre dejaba de estar regida por esta normativa y la práctica del polo dejaba de tener carácter de actividad complementaria. Algo que vuelve a cambiar tras la validación de las enmiendas de Vox.
Sobre la regulación de granjas intensivas de dimensiones industriales, Pons ha expresado “con toda rotundidad” su rechazo a “este modelo de macrogranjas”. “Queremos una agricultura extensiva, adaptada al clima y al territorio, que beba de nuestras raíces y se adapte a las técnicas más modernas. Que defienda a los pequeños productores. Y por eso nos opusimos a este decreto ley con argumentos y con propuestas que en absoluto fueron escuchadas por el Govern”, ha señalado.
El diputado socialista ha lamentado que la normativa regulará este sector “sin ninguna condición ni exigencia ambiental, sin fijar ninguna condición para reducir el impacto paisajístico o territorial, ninguna condición para reducir el consumo de agua y ninguna condición de autorización a la calidad de los acuíferos que se encuentran en el subsuelo, y tampoco tiene en cuenta las singularidades de cada isla ni las distancias que pueda haber de Formentera a Mallorca”. “Ni siquiera hay ninguna condición de bienestar animal, como si 160.000 gallinas encerradas no lo merecieran”, ha incidido.
Mientras tanto, el diputado de Més per Mallorca Ferran Rosa ha afeado al PP que haya roto el “compromiso explícito” que adquirieron con ellos para aprobar el decreto, pero sin incluir posteriormente cuestiones ajenas a las macrogranjas, como la eliminación del catalán como requisito en la sanidad o la legalización de los campos de polo. El hecho de que no hayan cumplido con su palabra y hayan dado luz verde a las enmiendas de Vox, ha sostenido, solo puede explicarse por la voluntad del portavoz parlamentario popular, Sebastià Sagreras, de “legalizar el campo de polo de Campos [municipio del que es natural y del que fue alcalde] y no sabe cómo hacerlo”.
La oposición de izquierdas ha criticado, además, que las enmiendas de los de Bambú hayan “acelerado” el debate de la ley de macrogranjas, teniendo en cuenta que los presupuestos autonómicos serán abordados -y previsiblemente aprobados con el apoyo de Vox- el próximo mes de julio.
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