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En una imagen que pocos imaginaban hace apenas unas semanas, los recientes -e inéditos- acuerdos alcanzados por PP y los grupos de izquierdas en Balears se han hecho realidad este martes en el Parlament balear. Desde su bancada, un Vox enardecido contemplaba cómo los conservadores se abstenían durante la votación de la proposición impulsada por la extrema derecha para derogar la Ley autonómica de memoria democrática, posibilitando con ello la continuidad de una normativa que no solo condena la dictadura franquista, sino que rechaza también cualquier totalitarismo y régimen antidemocrático, promoviendo el reconocimiento y la garantía de los derechos a la reparación, la verdad y la justicia de todas las víctimas de la guerra civil y la dictadura franquista.
“La democracia es una conquista de la ciudadanía y, por lo tanto, hay que conocer de dónde venimos, conmemorar esta conquista, difundir sus valores y preservarla ante las amenazas de totalitarismo que, en el pasado y en el presente, la rodean”, promulga una Ley que, pese al empeño de la extrema derecha por verla fulminada, continuará vigente. La supresión de esta normativa figuraba en el acuerdo de legislatura alcanzado entre PP y extrema derecha, por el que los de Santiago Abascal se comprometían a abstenerse en la investidura de la popular Marga Prohens como presidenta del Govern, como así acabó ocurriendo.
La Ley de memoria y reconocimiento democráticos de Balears, aprobada durante el primer mandato de la socialista Francina Armengol, ha permitido a las instituciones investigar las violaciones de derechos y determinar el coste humano del golpe de Estado de 1936, la guerra civil y de la dictadura franquista en Balears: más de 2.000 víctimas asesinadas y más de 10.000 encerradas en prisión, a las que se suman quienes sufrieron condenas y sentencias a muerte “manifiestamente injustas” -como denuncian las asociaciones memorialistas-, las que fueron ejecutadas extrajudicialmente y las que fueron objeto de desapariciones forzadas en las islas, principalmente en Mallorca, donde falangistas, militares, autoridades civiles, redes clientelares de derechas, capellanes e incluso familiares de las propias víctimas dieron inicio a una espiral de terror perfectamente planificada y ejecutada.
Este martes, los 25 diputados del PP se han abstenido durante la votación de la iniciativa de Vox, tal como se habían comprometido con PSIB-PSOE, Unides Podem y los ecosoberanistas de Més. A cambio, estos mismos grupos han posibilitado en el mismo pleno la supresión de las 34 enmiendas que la extrema derecha presentó al Decreto Ley autonómico de simplificación administrativa, y que los conservadores incorporaron hace dos semanas por error el pasado 26 de noviembre. La negativa de los de Abascal a repetir la polémica votación sumió a conservadores y extrema derecha en una profunda crisis que ha desembocado en la retirada de los Presupuestos de 2025 ante la falta de acuerdos y con los populares pactando con la izquierda medidas de importante calado como la no supresión de la Ley de memoria democrática.
Durante su intervención en el pleno, el portavoz del PSIB-PSOE, Iago Negueruela, ha realizado una ferviente defensa de la normativa que recuerda a las víctimas del franquismo: “Con la memoria no se mercadea. La memoria no se toca”, ha proclamado durante su intervención en el hemiciclo, arrancando en varias ocasiones el aplauso del resto de fuerzas de izquierdas. El parlamentario socialista ha agradecido a las entidades memorialistas que durante el último año hayan perseverado para exigir que no se derogue el texto. “Si un error nos ha llevado a esto -en alusión a la votación de las 34 enmiendas de Vox-, no cometan de nuevo el error de poner en tela de juicio esta ley ni ninguno de nuestros pilares. Hoy, la ética de este pueblo se ha impuesto sobre las derivas de la derecha”, ha celebrado.
Por su parte, la portavoz de Podem, Cristina Gómez, ha recriminado, sin embargo, las palabras que el PP ha pronunciado en otras ocasiones -y este mismo martes en boca de la presidenta del Govern balear, Marga Prohens: que la Ley de memoria es “precindible” porque la normativa estatal y la de Fosas ya cumplen similares funciones, y que la izquierda se encuentra sumida “en los debates del pasado”. En este sentido, Gómez ha aseverado que “desenterrar a las víctimas es el mínimo de mínimos”, como contempla la Ley de Recuperación de Víctimas de la Guerra Civil y el Franquismo -más conocida como Ley de Fosas-. Tal como ha señalado, la de Memoria va más allá al establecer garantías de no repetición. “No es una victoria, sean coherentes y defiendan los derechos humanos”, ha espetado, dirigiéndose a la bancada del PP.
Desde Vox, el diputado Segio Rodríguez ha acusado al PP de “traicionar a sus votantes”, a la memoria de solo una parte de las víctimas de la Guerra Civil -a pesar de que esa parte a la que ha aludido gozó durante la dictadura franquista de casi 40 años de honores, reconocimientos y cuantiosas pensiones públicas- e incluso a los padres fundadores de su partido, los 'populares' han acusado a los diputados de Vox de traicionar el pacto de investidura al no permitir volver a votar las enmiendas aprobadas por error en el decreto de simplificación y conducir inevitablemente a la retirada de los Presupuestos autonómicos tras el bloqueo en las negociaciones.
Cabe recordar que La Cámara autonómica tomó en consideración el pasado mes de junio la proposición impulsada por Vox para derogar la Ley en un pleno en el que Gabriel Le Senne (Vox), presidente del Parlament, destrozó un retrato de Aurora Picornell, símbolo de la lucha antifascista y asesinada por los golpistas la noche de reyes de 1937.