Tras días de tensa negociación, PP y Vox, socios de investidura en Balears, han alcanzado un acuerdo para aprobar el Proyecto de Ley de los Presupuestos Generales de Balears para 2024. Los populares, finalmente, se han doblegado a la extrema derecha al aceptar, entre otras medidas, que se destinen 20 millones de euros a desmantelar la escuela en catalán así como que se eliminen todas las subvenciones a patronales y sindicatos, iniciativas a las que hasta el momento se habían opuesto los conservadores.
Asimismo, el acuerdo incluye la supresión del impuesto del patrimonio a los patrimonios inferiores a tres millones de euros, tal como han anunciado este lunes, en sendas ruedas de prensa, los portavoces parlamentarios del PP y de Vox, Sebastià Sagreras e Idoia Ribas, respectivamente.
Cabe recordar que, en una situación inaudita en la historia del Parlament balear, Vox se abstuvo el pasado jueves en la votación del presupuesto de tres Consellerias y varias entidades públicas del Govern, en manos del PP gracias al apoyo externo de los ultraderechistas. Un hecho que propició el rechazo de las cuentas al producirse un empate entre los populares y la suma de votos de la izquierda y que puso en peligro la aprobación de los Presupuestos autonómicos del próximo año.
En este contexto, los de Santiago Abascal acusaron a los populares de diseñar unas cuentas sin contar con su participación, instándoles a tratar a la ultraderecha como “un socio real” y advirtiéndoles de que si el PP presenta políticas “contrarias al ideario de Vox”, votarían 'no' a las cuentas de 2024. La aceptación de las exigencias de la extrema derecha por parte de los populares, con la inclusión de una partida de 20 millones de euros a la segregación lingüística en las islas y la eliminación de la subvención de 400.000 euros destinadas a las patronales CAEB y Pimem y los sindicatos CCOO y UGT, ha desbloqueado finalmente las negociaciones.
El acuerdo para desmantelar la escuela pública en catalán
En concreto, el plan lingüístico de Vox prevé la elección de la primera lengua en la primera enseñanza -catalán o castellano- en todos los centros educativos en el segundo ciclo de Educación Infantil y en el primer ciclo de Educación Primaria a partir del curso escolar 2024-2025. Hay varios matices que los conservadores han introducido en el documento. Aseguran que todo ello se hará “de acuerdo a la normativa vigente” -la Ley de Normalización Lingüística y la Ley de Educación- y “en los centros que sea posible”, y que el nuevo modelo se extenderá durante toda la legislatura al resto de los centros, “siempre respetando la autonomía” de cada uno y “sin comportar segregación por razón de lengua”.
Para el resto de etapas educativas, indican los populares, los centros podrán “acogerse voluntariamente a un plan piloto para ofrecer a las familias la elección de primera lengua de enseñanza en las materias no lingüísticas del ámbito científico y social”, a través de diferentes medidas organizativas y pedagógicas (que pueden implicar, por ejemplo, desdoblamientos y grupos flexibles). Del mismo modo que en las etapas educativas anteriores, señala el PP, se hará respetando “la autonomía del centro” y ello no comportará “segregación por razón de lengua”.
Durante su intervención, Sagreras ha aseverado que su formación ha aceptado las enmiendas de los ultraderechistas por “responsabilidad” al considerar “más importante el todo que una parte”. El portavoz popular ha manifestado, sobre el gravamen del patrimonio, que se trata de un impuesto “injusto que solamente existe en España y que no representa ni un 1% de los ingresos del Govern”.
Asimismo, ha anunciado que se introducirán nuevas deducciones de hasta 600 euros para los propietarios que pongan sus viviendas vacías al mercado de alquiler, así como para el cuidado de personas mayores y para la autoocupación y segunda oportunidad. Los populares también han aceptado otras enmiendas de sus socios como las relativas a la creación de una “oficina de defensa para las víctimas de ocupación ilegal” y un plan de ayudas asistenciales y económicas a aquéllas, para lo cual Vox ha exigido que se garantice un millón de euros.
El portavoz del PP ha precisado que han aceptado estas enmiendas no “sólo por que las ha presentado Vox”, sino porque “estaban en el programa electoral del PP y el acuerdo de investidura”, resaltando que los populares “sólo han querido pactar con Vox”, con el que, ha indicado, “coinciden en muchas cosas” pero son “partidos diferentes” con “diferentes visiones y sensibilidades”.
Por su parte, Ribas ha comunicado que su voto a favor del Proyecto de Ley de los Presupuestos responde a que las cuentas “ahora sí recogen la voluntad de cambio demostrada por los ciudadanos en las elecciones del 28 de mayo”. “No venimos a cambiar a las personas, sino las políticas de esta comunidad”, ha añadido la portavoz de la formación de extrema derecha, valorando “el cambio de actitud del PP”, consciente de su situación en la Cámara y de que las cuentas “no pueden depender de tránsfugas ni de chantajistas”.
El sí de Vox a los Presupuestos no implica, sin embargo, que los de Abascal vayan a aprobar las enmiendas del PP que se mantienen en pie en las cuentas autonómicas. “A éstas, Vox votará exactamente igual que en comisión porque negociamos los presupuestos por nuestras enmiendas”, ha aclarado.
El PSIB: “Rendición en toda regla de Marga Prohens”
La oposición no ha tardado en reaccionar al acuerdo de PP y Vox y desde el PSIB-PSOE, su portavoz parlamentario, Iago Negueruela, ha criticado la “rendición en toda regla de la presidenta del Govern, Marga Prohens, a Vox” para aprobar unos presupuestos que “nacerán descuadrados”. En esta línea, el socialista ha criticado que la extrema derecha “se ha convertido en quien marca el relato al Govern por la falta de proyecto político de Prohens”, añadiendo que “parece que lo único que quiere hacer es gobernar por gobernar y para sentarse simplemente en el Consolat de Mar”.
Por su parte, el portavoz de la formación ecosoberanista Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha criticado duramente la “sumisión total” de los populares a Vox a cambio del Proyecto de Ley de los Presupuestos Generales de Baleares de 2024. “El PP tenía alternativas, tenía la mano tendida de MÉS per Mallorca, y pese a ello ha decidido claudicar ante Vox en todo aquello que le ha exigido la extrema derecha”, ha abundado, lamentando que los conservadores “actúen de espaldas a su programa y a sus votantes”, lo que “hace posible la ruptura de la convivencia en Educación en contra del 88 por ciento de los votantes de Balears”.
“Solo por los 25 diputados del PP se llevará a cabo la segregación de nuestros niños y jóvenes, y será el PP quien tendrá que responder ante la sociedad; la presidenta Prohens está sola con Vox, porque es la única compañía que quiere y está dispuesta a todo por contentarles”, ha incidido.
Mientras tanto, desde Unidas Podemos han condenado, en esta misma línea, que el PP “sucumba al chantaje de Vox”: “El tren del PP lo conduce Vox y no está llevando a la destrucción y al retroceso. No es responsable que un equipo de gobierno ponerse a negociar tres días antes de la aprobación de los Presupuestos. Esto denota la poca altura de miras y profesionalidad del PP”, ha afirmado la portavoz de la formación en el Parlament, Cristina Gómez.
Cómo Vox marca la agenda del PP en Balears
No es la primera vez que Vox marca la agenda balear al Govern de Marga Prohens (PP). En el marco de las negociaciones para aprobar los presupuestos, el PP mostró su apoyo recientemente a una enmienda de los ultraderechistas para destinar 200.000 euros en materia de inspección con el objetivo, afirman los de Abascal, de controlar las “intromisiones ideológicas” en el ámbito educativo. Es una de las obsesiones de Vox: vinculan el modelo lingüístico, mayoritariamente en lengua catalana, a la promoción de ideas cercanas al independentismo.
Prohens llegó al Ejecutivo balear después de haber ganado las elecciones con una mayoría holgada, aunque necesita los siete votos de Vox -o a la oposición de izquierdas- para aprobar sus medidas, ya que gobierna en solitario, sin mayoría absoluta. En la práctica, la extrema derecha está condicionando el gobierno autonómico sin la necesidad de haber entrado en el Govern. Los grupos de izquierdas -PSOE, Més per Mallorca, Més per Menorca y Unidas Podemos- han votado en contra de la medida porque consideran que pretende “la persecución del profesorado” con “falsas acusaciones de adoctrinamiento”. Cabe recordar que la mayor parte de la comunidad educativa ha rechazado los planes de PP y Vox para desmantelar la enseñanza en catalán.
A lo largo de estos meses, los conservadores han protagonizado duros enfrentamientos con los ultraderechistas, llegando a provocar un cisma con heridas internas en las filas del partido de Santiago Abascal. El pasado 17 de octubre, el Parlament fue testigo de uno de los plenos más broncos de los que se recuerdan en los últimos años. El motivo, la negativa de Vox a dar apoyo al techo de gasto que tenía previsto el PP cara a 2024, paso previo -y necesario- a la aprobación de los presupuestos autonómicos, los primeros de la legislatura de Prohens. La ultraderecha decidió votar en contra del techo de gasto para castigar al PP, que apenas unas horas antes se había abstenido en una Proposición No de Ley (PNL) de Vox que pretendía desmantelar la escuela en catalán en Balears.
Minutos después de votar en contra del techo de gasto, Idoia Ribas aseveraba que este había sido un “aviso” para que los populares “recuerden” que los votos de sus diputados son fundamentales para impulsar los acuerdos de investidura.