El PP entrega a Vox la presidencia del Parlament balear mientras negocian el Gobierno

El PP ha cedido la presidencia del Parlament balear a Vox, según han podido confirmar fuentes populares a elDiario.es. El preacuerdo al que han llegado ambas formaciones para la constitución de la Mesa del Parlament, que este martes tiene prevista su primera sesión, otorga asimismo la vicepresidencia primera y la secretaría primera al PP. Este martes por la mañana se ha hecho público que la persona escogida por Vox para presidir el Parlament es Gabriel Antonio Le Senne.

Los conservadores necesitan los votos de Vox para investir a su candidata, Marga Prohens, como futura presidenta del Govern balear, que en las últimas dos legislaturas ha estado liderado por la socialista Francina Armengol. Sobre este extremo, los populares afirman en un comunicado que “el preacuerdo define las líneas fundamentales que inspirarán un acuerdo de investidura en el que ambos [partidos] seguirán trabajando”.

Durante las últimas semanas, conservadores y ultraderechistas se han reunido, no sin tensiones de por medio, en busca de un entendimiento de cara a un posible pacto. Los escollos no han sido pocos, llegando incluso Vox a amenazar con votar en contra de la investidura de Prohens después de que ésta delegara en un equipo negociador su intervención en la primera de las reuniones acordadas entre ambas formaciones, lo que motivó que Vox acabara dando plantón al PP en ese encuentro. De momento, la sesión de investidura de Prohens está prevista el próximo 27 de junio.

Por el momento, PP y Vox han difundido un documento en que quedan reflejadas las “líneas fundamentales que inspirarán” el acuerdo entre ambas formaciones para conseguir un “gobierno estable”. El documento no aclara si se trata de una coalición, como defiende Vox, o de un Ejecutivo en solitario, como quiere el PP. Este es, de hecho, el principal escollo que está dificultando las negociaciones entre ambos partidos, ya que Vox ha defendido siempre el modelo de Castilla y León, donde la ultraderecha tiene la vicepresidencia del Ejecutivo autonómico y la presidencia del Parlamento, y el PP -hasta ahora- se ha opuesto.

El objetivo de ambos partidos, según queda reflejado en el documento, es “cambiar las políticas ejecutadas en las dos últimas legislaturas en las Islas Baleares”, en referencia a los pactos de izquierdas liderados por Armengol. El objetivo de su acuerdo, según PP y Vox, es “preservar la libertad, el desarrollo económico, las mejoras de los servicios sociales y la sanidad pública, la protección de la mujer y la seguridad de los ciudadanos, con especial mención al problema de la inmigración ilegal y la persecución de las mafias que la promueven y se lucran con el tráfico de seres humanos”.

Punto de mira en las “mafias de la inmigración ilegal”

Entre las líneas fundamentales para formar un gobierno, PP y Vox señalan “la seguridad y las mafias de la inmigración”, “dada la evolución de las llegadas de pateras a las costas de Baleares”, que ha experimentado un crecimiento en los últimos años, convirtiéndose para la derecha y la ultraderecha en “una ruta migratoria consolidada”. “Se potenciará la coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ante los posibles casos de inmigración ilegal, con especial atención a las mafias organizadas que la promueven, y reclamaremos al Gobierno de España la puesta en marcha de nuevos SIVE en nuestra Comunidad”, reza el acuerdo.

No hablan de “violencia machista”

En el acuerdo, PP y Vox evitan hablar de “violencia machista”, pero aseguran que “se trabajará para erradicar de nuestra comunidad los discursos machistas, ya sean civiles o religiosos, que promuevan o justifiquen la violencia contra la mujer”. Ambos partidos afirman que “se garantizará toda asistencia, apoyo y lucha frente a la violencia contra las mujeres”. También comentan que “se apoyará y asistirá a las víctimas de la violencia intrafamiliar, en especial a la que sufren las mujeres, a la que sufren los niños y a la que sufren los ancianos, así como a la creciente violencia filio parental”.

PP y Vox titulan este apartado como “protección de la mujer, con especial atención a las menores tuteladas”, en referencia a los casos de explotación sexual de menores que estaban bajo la tutela del Consell de Mallorca. “Se llevará a cabo una auditoría para identificar y llevar ante los tribunales a todos y cada uno de los implicados en el caso de las menores tuteladas abusadas sexualmente”, dice el acuerdo. 

También van a instar al Gobierno español a que “identifique a los violadores que han salido en libertad gracias a la ley del 'sí es sí', poniendo las medidas necesarias para proteger a las mujeres en el caso de que alguno de ellos pretenda trasladarse o se encuentre en nuestra Comunidad”. Además, pedirán al Congreso que “exija responsabilidades políticas a quienes han colaborado en la puesta en libertad de estos agresores de mujeres” y solicitarán que se derogue “de manera inmediata” la ley, “sustituyéndola por una que aumente las penas a todos los violadores, incluyendo la prisión permanente”.

Derogación de las normativas que “ataquen a la unidad de la nación”

El preacuerdo, asimismo, sitúa a las personas “en el centro de la acción política” y, en este sentido, señala que los derechos y la dignidad “estarán siempre en el centro” de la misma, reforzando “en todo lo posible la libertad para desarrollar plenamente sus proyectos de vida”. En este apartado, el documento asevera que “se acabará con las políticas y se derogarán aquellas normativas que promueven el enfrentamiento y la división” o que “ataquen a la unidad de la nación”, promoviendo “la identidad y cultura de las Islas Baleares como parte esencial de la plural riqueza de España”.

El documento asevera que "se derogarán aquellas normativas que promueven el enfrentamiento y la división" o que "ataquen a la unidad de la nación", promoviendo "la identidad y cultura de las Baleares como parte esencial de la plural riqueza de España

En esta línea, ambas formaciones se comprometen a consolidar un modelo educativo basado “en el mérito, el esfuerzo, la capacidad y el respeto a los docentes”, generador de “oportunidades” y “libre de adoctrinamiento ideológico”, lo que unido a la “voluntariedad de las actividades extraescolares” puede dar lugar al pin parental que defiende Vox. El lenguaje en este apartado es bastante ambiguo (¿qué son unas aulas “libres de adoctrinamiento ideológico”?) y supone una clara cesión del PP a Vox en materia educativa que no sólo se está produciendo en Balears.

Asimismo, el acuerdo establece que los padres podrán elegir libremente el centro escolar para sus hijos, así como la primera lengua. Respecto a uno de los aspectos contra los que se ha mostrado más beligerante la formación ultraderechista, la normalización lingüística implantada por ley en 1986 en las islas, el preacuerdo señala que se modificarán las normas que “supongan una imposición lingüística” -el lenguaje utilizado por Vox en numerosas ocasiones-, “asumiendo que en la comunidad existen dos lenguas oficiales”.

Eliminación del requisito del catalán en la sanidad

En cuanto a los servicios sociales y la sanidad pública, PP y Vox aluden a un supuesto incremento de las desigualdades y la brecha social en los últimos años, motivo por el que consideran que el papel de las políticas sociales “debe centrarse en la atención y la protección de aquellos colectivos vulnerables, como niños y adolescentes, mayores, dependientes, personas con discapacidad, con trastorno de salud mental -con especial atención a la prevención de los suicidios- o personas en riesgo de exclusión social”. También ponen el foco en el refuerzo y el apoyo a las familias, facilitando la conciliación.

Los dos partidos prometen hacer los servicios sociales “más ágiles y flexibles”, facilitando los trámites administrativos y la atención personalizada. “La familia es la institución que más soporta las cargas sociales, por lo que se le debe una especial atención en toda la acción de gobierno”. 

Respecto a la sanidad, el preacuerdo señala que se acometerán las reformas necesarias en el sistema público de salud “con el fin de aumentar la calidad en la prestación de los servicios”, reduciendo, aseguran, las listas de espera, atrayendo y fidelizando “a los mejores profesionales sanitarios” y levantando lo que consideran “trabas” como el requisito del catalán en la sanidad. 

Rebaja de impuestos

El documento incluye un punto relativo a la promoción del comercio, la industria, el sector primario y el turismo, para los cuales PP y Vox establecen que crearán el marco necesario de cara a su promoción “como principal motor económico de nuestra Comunidad”. Para ello, se comprometen a incentivar la actividad empresarial, impulsando ayudas para apoyar a las empresas y autónomos y reduciendo las tasas autonómicas que, a su juicio, “impiden el crecimiento y desarrollo” del tejido empresarial de Balears.

Del mismo modo, conservadores y ultraderechistas aseguran que protegerán a los productores ante la competencia desleal de terceros países, acometerán una rebaja sustancial de impuestos y una reducción “contundente” del gasto político “ineficiente”, todo ello, aseveran, “con el objetivo de que el tejido empresarial pueda crear empleos estables y de calidad”.

Jorge Campos se marcha a Madrid

La difusión del preacuerdo coincide con el anuncio del nombramiento, como cabeza de lista al Congreso de los Diputados, de quien, en los últimos años, se ha erigido en figura clave al frente del partido en las islas: Jorge Campos. El que fuese candidato a la presidencia del Govern balear en las pasadas elecciones autonómicas se marcha a Madrid dejando abierto un nuevo escenario en las conversaciones entre conservadores y ultraderechistas y allanando el camino de un futuro pacto, como así ha sucedido.

Durante estas semanas, Campos ha sido el principal defensor de la entrada de su partido en el futuro Ejecutivo autonómico, apelando al modelo político de Castilla y León, donde gobiernan PP y Vox, partido éste último que, además, ostenta la vicepresidencia de la Comunidad. Una postura que se vería reforzada tras el acuerdo alcanzado entre ambas fuerzas en la Comunitat Valenciana para gobernar en coalición. Para los ultraderechistas, tanto esta región como el archipiélago balear representan dos territorios importantísimos en los que alcanzar el poder y desmantelar las “políticas separatistas y pancatalanistas” que, en su opinión, se han llevado a cabo durante los ocho años de legislatura progresista en ambas comunidades.