El PP inicia una nueva reclamación por las mascarillas de Armengol tras atacar a quienes decían que la anterior caducó

El Govern del PP en Balears ha desistido de la reclamación iniciada por el anterior Govern de izquierdas para recuperar los 2,6 millones de euros que el Ejecutivo de Francina Armengol pagó de más por la compra de 1,5 millones de mascarillas a la trama Koldo. En concreto, a través de la compañía instrumental implicada en la causa, Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL. Una adquisición que, finalmente, no respondió a las necesidades del anterior equipo de Gobierno, dado que los cubrebocas no cumplían con los requisitos de una FFP2, que era el material de protección que se esperaba recibir.

En rueda de prensa, el vicepresidente del Govern, Antoni Costa, y el director general del Instituto Balear de Salut (IB-Salut), Javier Ureña, han anunciado que el Ejecutivo ha dado inicio a un nuevo expediente para declarar la nulidad del contrato de compra y restituir a las arcas públicas el dinero íntegro que se pagó por las mascarillas, que asciende a un total de 3,7 millones de euros. La nueva estrategia del Govern pasa así por declarar que el contrato es nulo de pleno derecho, haciendo que se retrotraiga todo el expediente y dejando así sin efecto cualquier paso posterior -como si el contrato nunca se hubiera celebrado-.

Desde la apertura, en la Audiencia Nacional, de la causa que investiga una presunta trama de corrupción en torno a la compra de mascarillas a la trama Koldo por parte de varias administraciones públicas, entre ellas Balears, el PP ha acusado al anterior Govern de Armengol de no actuar de forma diligente en la reclamación de los fondos, atribuyendo al Ejecutivo progresista que la solicitud resultase infructuosa. Sin embargo, la Guardia Civil apunta a las presiones que habrían recibido, por parte de la trama, los actuales responsables del Ejecutivo balear del PP a finales de 2023 para que la reclamación no saliera adelante y finalmente caducara, como sostienen los investigadores que acabó sucediendo el pasado mes de enero -bajo la presidencia de la popular Marga Prohens- sin que los conservadores hicieran nada por evitarlo.

Al respecto, el director general del IB-Salut ha negado tajante que el actual Ejecutivo recibiese presiones para dejar caducar la anterior reclamación: “No ha habido absolutamente ningún contacto con nadie de la trama, ninguna conversación telefónica, ningún correo ni nada parecido. Los únicos contactos con la empresa han sido los de los funcionarios dentro del trámite formal de acceso al expediente. Esto quiero que quede claro”, ha recalcado.

Con todo, la Guardia Civil menciona comunicaciones entre los empresarios implicados en la causa de las que se colige que, si la Administración balear, en el plazo de tres meses (con fecha límite el 18 de enero de 2024) no se pronunciaba expresamente sobre el expediente de reclamación, se produciría la caducidad del procedimiento administrativo y, por ende, la reclamación de los casi tres millones de euros. De hecho, el propio Ureña ha reconocido que, en el documento con el que el pasado 24 de agosto se formalizó la reclamación de los 2,6 millones -un mes y medio después de que el Govern de Armengol remitiese in extremis un requerimiento a la empresa para solicitar la devolución del sobrecoste-, se indicó “por error” que el plazo de caducidad de la misma era de tres meses.

Cabe recordar que el Tribunal Supremo, en una resolución en la que unifica los criterios de caducidad en la resolución de contratos, señala que la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas establece que, actualmente, el plazo para resolver este tipo de expedientes es de tres meses, si bien tal regulación podría ser sustituida por otra elaborada por las Comunidades Autónomas con competencia para ello. En el caso de Balears, la Ley 3/2003 de Régimen Jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma estipula, en su artículo 50.1, que los plazos de caducidad no podrán exceder de seis meses (y siempre que la autonomía cuente, como así ocurre en las islas, de competencias de la materia en cuestión, en este caso sanitaria).

Desde que elDiario.es informase de que, según el juez que instruye el caso Koldo, el Govern balear del PP habría dejado caducar el expediente para la reclamación de 2,6 millones de euros, los populares han esgrimido esta noticia para refutar su responsabilidad en el caso y criticar la difusión de supuestas fake news al respecto.

“Si se desprende el techo, no se da el contrato de obra a una empresa de hostelería”

Los populares inciden en que el anterior expediente no ha caducado -de hecho, Ureña ha negado que el nuevo trámite esté motivado por este hecho- y ponen el foco en las “pocas posibilidades” de que la anterior reclamación prosperase debido a que el IB-Salut emitió el 12 de agosto de 2020, con el anterior Govern, un certificado de conformidad con el pedido de mascarillas a la empresa clave del 'caso Koldo', a pesar de que ya había recibido, dos meses antes, los resultados de los análisis que constaban que el material no cumplía con los requisitos de una mascarilla FFP2. El documento acreditaba que, para el IB-Salut, el contrato se había ejecutado “correcta y satisfactoriamente” sin que se hubiera producido “ninguna incidencia”. Para poder concurrir a otras contrataciones públicas, es habitual que las empresas soliciten este tipo de certificados.

Aquel documento, esgrimido por la empresa en su día para oponerse a la devolución de los 2,6 millones pagados de más, provocaba, según Ureña, que la reclamación del Govern tuviera “muy pocos visos de prosperar”. Al respecto, inquirido sobre por qué este mismo documento no invalidaría la nueva reclamación, teniendo en cuenta que el mismo papel complicaba que la anterior saliera adelante, ha señalado que éste quedaría sin efecto, al igual que todo lo relativo a la anterior reclamación, desde el momento en que el propio contrato de compra de las mascarillas fuese declarado nulo con el nuevo procedimiento.

El director general del IB-Salut ha señalado que, de acuerdo con el análisis del anterior expediente, existen “elementos suficientes” para declarar la nulidad del acto de adjudicación del contrato, de ahí que sea necesario desistir del anterior procedimiento e iniciar uno nuevo de revisión de oficio para reclamar la totalidad de los 3,7 millones de euros.

En concreto, Ureña ha apuntado que la nueva vía administrativa se fundamenta en la falta de capacidad de Soluciones de Gestión para administrar las mascarillas, dado que el objeto social de la empresa no contemplaba la compra de material sanitario. “La actividad de Soluciones de Gestión no guarda relación alguna con la contratación de las mascarillas. Nunca se debió celebrar este contrato. Si en una situación de emergencia se desprende el techo, se podrá tramitar de urgencia pero no se daría el contrato de obra a una empresa de hostelería”, ha ejemplificado. Asimismo, ha apuntado a la falta de solvencia económica de la mercantil y a la falta de solvencia técnica de la misma.  

El máximo responsable del IB-Salut ha explicado que el nuevo procedimiento, al buscar la nulidad del contrato suscrito, ha sido impulsado al amparo de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que establece un plazo máximo de seis meses para que los expedientes de resolución contractual sean instruidos y resueltos. La declaración de nulidad, junto al desistimiento de la anterior reclamación, ya se ha notificado a Soluciones de Gestión, que tiene diez días hábiles para formular alegaciones

Al ser preguntado sobre por qué este nuevo procedimiento cuenta con ese intervalo de seis meses y no de ocho -plazo que el PP atribuye a la anterior reclamación para defender que ésta no habría caducado-, Ureña ha aclarado que aquélla estaba regida por la Ley de Contratos del Sector Público, que estipula que los expedientes de resolución contractual deberán ser instruidos y resueltos en el plazo máximo de ocho meses. Un dato que choca con los seis meses estipulados por la Ley de Régimen Jurídico de Balears, que sería la que se aplicaría en la Comunidad Autónoma en este tipo de casos.

El PSOE pide la dimisión de los responsables de Salud

Por su parte, el portavoz del PSIB-PSOE, Iago Negueruela, ha pedido este mismo jueves la dimisión de la consellera de Salud, Manuela García, y del director general del IB-Salut, a quien ha recriminado que “balbucease” en sus explicaciones de este jueves. “Llevan meses mintiendo. El Govern de Prohens ha dejado caducar el expediente, como venimos denunciando desde el PSIB hace semanas. Sabían que el expediente estaba finalizado. Ureña ha reconocido que fue bajo su dirección, la de García y la de Prohens”. Negueruela se cuestiona, además, cómo el actual Govern va a “montar un expediente express”.

El socialista también ha querido solidarizarse con la delegación balear de elDiario.es tras los ataques que recibió por informar sobre la caducidad del expediente: “Mi solidaridad total con los medios de comunicación, hoy de forma expresa con elDiario.es. El PP balear, antes de que Miguel Ángel Rodríguez empezarFna la campaña de difamación más bestia que hemos visto en los últimos años, cogió una noticia de elDiario.es y puso 'fake new' y la movió en sus redes sociales. Hasta en eso copia Prohens a Ayuso. Hoy el PP debe pedir disculpas a elDiario.es y a todos los medios a los que ha presionado durante 27 días”.

Para el socialista, el PP “dejó morir el expediente”: “Llamó Tellado [portavoz parlamentario del partido] y caducó. No es negligencia, es una decisión política. La presión [de la trama Koldo] surgió efecto. Nosotros reclamamos [en referencia a que el Govern de Armengol reclamó el sobrecoste de los cubrebocas]. La presión [de la trama Koldo] surgió efecto durante el Govern de Prohens”. Asimismo, ha manifestado que el propio Ureña “ha reconocido que se equivocó” en los plazos de la reclamación, ha acusado al actual IB-Salut de “reunirse con la trama” y ha presumido de la transparencia del Ejecutivo de Armengol, del que él fue vicepresidente.