El PP propone que las viviendas que se legalicen en rústico conserven sus plazas de alquiler vacacional en Balears
![Uno de los inmuebles construidos en suelo rústico de Mallorca.](https://static.eldiario.es/clip/1d87ede4-d6af-4dad-8b95-b65260fe424d_16-9-discover-aspect-ratio_default_0.jpg)
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El PP ha registrado lo que ha denominado 'enmienda March' al decreto de simplificación administrativa -lo ha hecho a petición del alcalde de Pollença, Martí March (PSIB)- proponiendo que las viviendas que se legalicen en rústico puedan conservar sus plazas de alquiler vacacional si ya las estaban comercializando.
Lo ha explicado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces el portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, que ha recordado que se trata de una propuesta con amplio consenso en el Consistorio 'pollencí' y que razonable porque no supone ni una plaza turística más ni tampoco más presión al territorio.
“Debe quedar claro que aquellas que no tienen plaza si se legalizan no podrán obtenerla. Se trata de que las que la tienen no la pierdan”, ha remarcado.
La enmienda, sin embargo, no contará con el apoyo del PSIB-PSOE en el Parlament, aunque se trate de una petición del socialista Martí March. “Una cosa es el grupo parlamentario y otra el posicionamiento de los ayuntamientos”, ha afirmado el portavoz de los socialistas, Iago Negueruela.
También ha adelantado que no apoyarán la enmienda MÉS per Mallorca y Unidas Podemos. Vox, por su parte, según ha afirmado su portavoz, Manuela Cañadas, ve con buenos ojos la propuesta, aunque no ha concretado si la apoyarán o no.
Por otro lado, el PP ha registrado otra enmienda “para dejar claro” que las legalizaciones parciales no implicarán que las viviendas “tengan que dejar de destinarse a alquiler turístico”.
Es decir, si un propietario tiene una vivienda legal, pero con algún elemento ilegal prescrito como un porche, una cochera o una barbacoa hecha a posteriori y lo legaliza, podrá seguir destinando esta vivienda a uso turístico siempre que haya obtenido la plaza porque la moratoria sigue vigente.
En cuanto a la creación de aparcamientos disuasorios por parte de los municipios, se ha registrado una propuesta para eliminar la obligatoriedad de tener un informe de impacto ambiental. En suelo rústico, la construcción no tendrá que pasar por el sistema de contratación que establece la Ley de Contratos.
“Todo ello permitirá a los ayuntamientos habilitar de manera rápida espacios de aparcamiento para descongestionar el centro de los pueblos”, ha señalado Sagreras, recordando que estos aparcamientos deberán ser temporales y se tendrá que restituir el espacio.
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