LEER ESTE TEXTO EN CATALÁN
El Govern de Marga Prohens (PP) prepara una amnistía urbanística que legalizará las construcciones ilegales en suelo rústico y que probablemente saldrá adelante con los votos de su socio de Gobierno, Vox. Asimismo, los cambios con los que trabaja el Ejecutivo conservador contemplan también la eliminación de organismos que funcionan como contrapesos para garantizar un mínimo de protección medioambiental, como es el caso de la Comisión Balear de Medio Ambiente, así como la posibilidad de externalizar las licencias urbanísticas municipales.
“Hay que quemarla y hacerla de nuevo”, afirmó Luis Martín, presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Balears (PROINBA), sobre este organismo de control. El Govern de Prohens ha hecho suya la posición de la patronal inmobiliaria e incluso ha ido un paso más allá al haberla eliminado por completo. Tanto la patronal inmobiliaria como los conservadores opinan que los informes de la Comisión Balear de Medio Ambiente estaban ideológicamente condicionados.
“No habrá un ente que condicione los informes”, aseguró Antoni Costa, vicepresidente primero y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, en la rueda de prensa en la que dio algunos detalles sobre el borrador que definirá el decreto ley. Así, el portavoz del Govern afirmó que, con la eliminación del organismo de control, los informes de impacto ambiental se evaluarán desde una perspectiva “estrictamente técnica”.
De hecho, la amnistía urbanística que legalizará construcciones ilegales en suelo rústico -incluso aquellas que hayan tenido lugar en suelo protegido, según denuncia el grupo ecologista GOB- se aprobará bajo el eufemismo de decreto ley de “simplificación y racionalización administrativa”. Es decir, según el Govern del PP, en estos momentos, hay un exceso de burocracia en lo que se refiere a la normativa medioambiental.
La futura norma prevé la modificación total o parcial de unas 50 leyes o decretos ley y permitirá “la posibilidad de legalizar edificaciones en suelo rústico sin ordenación, en los casos en los que haya prescrito el derecho de la administración a restablecer la legalidad”. Esta posibilidad se incluirá, previsiblemente, mediante una disposición que durará tres años, previo pago de una sanción económica que será creciente en el tiempo y contemplará también “exigencias en materia medioambiental y de eficiencia energética”.
Costa ha justificado la necesidad de aprobar el futuro decreto ley que permitirá la amnistía urbanística en suelo rústico en el hecho de que las viviendas fuera de ordenación son “una realidad que afecta a muchas familias” en Balears. Una realidad que impide la posibilidad de realizar obras de mejora, ni de otro tipo. La regularización de las viviendas también permitirá la inclusión de otras partes de la misma, como las piscinas.
Jaume Porsell (PP), el director general de Coordinación y Transparencia acusado de haber comercializado un agroturismo sin licencia, ha formado parte de la comisión que ha ratificado la amnistía urbanística, según ha avanzado Diario de Mallorca. En este sentido, cabe recordar que Costa no ha descartado que las casas de campo ilegales que se vayan a beneficiar de la amnistía puedan destinarse posteriormente al alquiler turístico. “Es más probable que no”, afirmó el vicepresidente primero y portavoz del Govern.
Menos control sobre el agua
De hecho, en medio de una grave sequía y crisis hídrica que asola al territorio balear, el Govern reduce también los mecanismos de control sobre la gestión del agua. Concretamente, se reducirán los supuestos que requieren de forma obligatoria de un informe de la dirección general correspondiente. Así, Costa ha justificado que la Dirección General de Recursos Hídricos -dependiente de la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua-, ha hecho un “esfuerzo inmenso” para intentar resolver los más de 4.000 expedientes que había pendientes.
“Gran parte del problema de la sobreexplotación de los acuíferos es por el consumo humano y su desarrollo urbanístico en las últimas décadas”, afirma a elDiario.es Juan Calvo, coordinador de proyectos de la Alianza por el Agua. En este sentido, Calvo recuerda que el 30% del consumo de agua en Eivissa se produce en suelo rústico para usos residenciales. “La presión es muy elevada”, recuerda.
“Ha habido una falta de disciplina urbanística y de control”, incide Calvo, por lo que se hace difícil “el control sobre los acuíferos en suelo rústico”. “Preocupa el posible efecto llamada para nuevos desarrollos que pueda haber en el futuro”, lamenta y añade que ello “intensificaría la explotación de los acuíferos”. “Hay que reforzar el cuerpo de funcionarios y modernizar la administración”, afirma respecto a la reducción de los mecanismos de control.
Gran parte del problema de la sobreexplotación de los acuíferos es por el consumo humano y su desarrollo urbanístico en las últimas décadas. Hay que reforzar el cuerpo de funcionarios y modernizar la administración
Finalmente, el decreto ley permitirá que los ayuntamientos puedan externalizar las licencias urbanísticas municipales a entidades colaboradoras urbanísticas (ECU), que emitirán informes técnicos y jurídicos para “conseguir reducir los plazos de la concesión de estas licencias”, como ya ocurre en la Comunidad de Madrid, Catalunya o la Comunitat Valenciana.
En este caso, el objetivo del Govern es agilizar la concesión de licencias por parte de los ayuntamientos. De este modo, se podrá escoger entre la solicitud de licencias por la vía ordinaria o mediante una ECU. En materia de vivienda, además, se eliminará la exigencia de la cédula de habitabilidad de primera ocupación, que emiten los consells insulars, ya que se considera una “evidente duplicidad” respecto a la licencia municipal de primera ocupación.
“Un impulso a la construcción y la especulación”
El grupo ecologista GOB cree que detrás de la aprobación del futuro decreto ley hay una “nueva ola inversora, de impulso a la construcción y especulación en las Islas”, en un contexto agravado por la “crisis ecológica y climática global”. Unos impactos, también en clave local, que en opinión del GOB, “no son tenidos en cuenta por el Govern de Prohens”.
Los ecologistas denuncian que el decreto ley de simplificación administrativa, cuyo borrador acaba de presentar el Govern, supone un “retroceso” en cuanto al debate social existente favorable a la necesidad de implantar límites “en la destrucción del territorio y los recursos”.
Además, el GOB considera que también supone un paso atrás en cuanto a la necesidad de impulsar “un cambio del actual modelo económico basado en el turismo, la construcción y el negocio especulativo-inmobiliario sin límites”. “Es necesario avanzar hacia la transición ecológica y social”, insisten los ecologistas, que afirman que este decreto ley supone abocar al territorio balear “a un punto de no retorno”.
Vamos a un punto de no retorno. El decreto ley generará una nueva ola inversora, de impulso a la construcción y especulación en las Islas
Un órgano de “vital importancia”
Sobre la eliminación de la Comisión Balear de Medio Ambiente, los ecologistas advierten de que el Govern ataca a “un órgano colegiado e independiente”, pese a contar con una dirección política, que en la pasada legislatura cayó en manos de Antoni Alorda (Més per Mallorca).
“Es un órgano de vital importancia (...) que supone la garantía mínima que se puede exigir en un contexto como el actual y que ha supuesto un largo camino hasta la implementación efectiva del ejercicio de sus competencias en materia de evaluación ambiental determinado por el marco europeo”, han argumentado. Así, consideran se trata de un mecanismo que favorece “la transparencia, las garantías ambientales y de participación”.
En cuanto al carácter general del decreto ley, el GOB lamenta que la transformación del suelo rústico -legal o ilegal- es, en estos momentos, “el cambio más importante y acelerado que padece Mallorca, con graves impactos ecológicos, territoriales, agrarios y paisajísticos”. Y es también el campo, advierten los ecologistas, el espacio que está “en el punto de mira de las nuevas inversiones inmobiliarias y turísticas”.
“Los principales efectos de la legalización anunciada son las ganancias especuladoras para los infractores y operadores del mercado inmobiliario y la incredulidad para quienes respetan la ley”, ya que dicha regularización, afirma el GOB, “aumenta considerablemente el valor de mercado de la vivienda”. “Los chalets ilegales, una vez legalizados, se podrán escriturar, vender e hipotecar, es decir, aumentarán su valor como activos financieros para salvar a los bancos y a los especuladores”, denuncian los ecologistas.
Los chalets ilegales, una vez legalizados, se podrán escriturar, vender e hipotecar, es decir, aumentarán su valor como activos financieros para salvar a los bancos y a los especuladores
Así, el GOB recuerda que, la Agencia de Defensa del Territorio (un organismo que dependiente del Consell Insular de Mallorca), solo durante el año 2022 -último del cual se han facilitado públicamente los datos-, ordenó la ejecución de 112 restablecimientos de obras y usos ilegales en suelo rústico. Entre el periodo 2017 y 2022, dichas infracciones urbanísticas sumaron 653. En este sentido, los ecologistas recuerdan que durante el periodo 2015-2021, según datos de la organización Terraferida, se transformaron 4,1 kilómetros cuadrados de suelo rústico para la construcción de grandes chalets: 2.054 viviendas unifamiliares, de las cuales 1.002 son obras de nueva construcción y 1.052 se refieren a ampliaciones de casas que ya existían.
“Es un ejercicio de aplicación de políticas neoliberales, en respuesta a los constructores y promotores inmobiliarios, sin precedentes”, señalan los ecologistas y añaden que el decreto ley abre un proceso de “liberalización, desregulación y pérdida de derechos colectivos”, con una “ausencia total de debate y participación pública”. Por último, el GOB cree que estas políticas profundizarán en el “desequilibrio ecológico” y las “desigualdades sociales”, en un contexto de presión turística y especulación urbanística-inmobiliaria de lujo.