PP y Vox aprueban definitivamente el cambio de fecha de la Diada de Mallorca al 12 de septiembre

El pleno del Consell de Mallorca ha aprobado definitivamente este jueves establecer la Diada de Mallorca el 12 de septiembre con los votos a favor de PP y Vox y en contra de PSIB, MÉS per Mallorca y El PI.

La justificación del cambio de fecha que sostienen PP y Vox hace referencia a la sucesión de Jaume II, que se produjo el 12 de septiembre de 1276, cuando este confirmó la 'Carta de Franquesa' constituyendo el inicio del Reino de Mallorca. También responde a un compromiso electoral y al cumplimiento de uno de los puntos del acuerdo de gobernabilidad entre PP y Vox.

En cuanto a las alegaciones presentadas por la Obra Cultural Balear (OCB) y el PSIB, Fuster ha explicado que han sido desestimadas por los servicios jurídicos de la institución, puesto que la autoridad para cambiar la fecha de la Diada es el pleno del Consell y no se establece que sea necesario la participación de organismos académicos específicos como la Universitat de les Illes Balears (UIB), una cuestión que reclamaban la OCB y la oposición.

Fuster ha recordado que el Consell consultó el cambio de fecha a los 53 municipios de la Isla y que 28 “de distintos colores políticos” se mostraron a favor, uno pidió más información y otro se mostró en contra. Igualmente, ha hecho referencia a tres informes de historiadores que avalan el cambio de fecha.

La propuesta del cambio de fecha ha sido respaldada por el conseller de Vox David Gil, quien ha defendido que “la historia no es estática”. “El 12 de septiembre es un momento crucial en nuestra histórica, es un símbolo sólido de gobernanza justa”, ha apuntado.

La oposición lo considera una decisión política

Los partidos de la oposición han criticado el cambio de fecha, como ya manifestaron en el pleno del pasado diciembre en el que se aprobó inicialmente, y han insistido en que se trata de una “decisión política” y que el 12 de septiembre “no tiene relevancia histórica”.

El portavoz de El PI, Antoni Salas, ha reprochado al equipo de gobierno “estar confrontando a los mallorquines” con motivo de la Diada de Mallorca. Así, ha mostrado su “respeto” por la OCB y la UIB, dos instituciones que Salas considera, junto con PSIB y MÉS, que deberían haber sido consultadas.

Los portavoces de MÉS per Mallorca y PSIB, Jaume Alzamora y Catalina Cladera, han coincidido en que se “impone la celebración de la Diada el 12 de septiembre desde un posicionamiento ideológico impulsado por Vox”. “El único objetivo de Vox es terminar con todo aquello que nos define como pueblo desde la llegada de Jaume I”, ha apostillado Alzamora, reclamando que se retirara el punto del orden del día.

Los ecosoberanistas han acusado al equipo de gobierno insular de pagar cerca de 6.000 euros por los tres informes que avalan el cambio de fecha. Según han explicado, esta es la respuesta facilitada por el Consell a una pregunta del pasado enero que este jueves ha respondido el pacto PP-Vox en una comunicación interna.

Además, Alzamora ha señalado que los informes son “ad hoc y que el pago por los mismos resta credibilidad y confirman que están realizados con una finalidad y para cumplir un cargo”.

En esta línea, la portavoz socialista ha indicado que “la mayoría social no es la mayoría que tienen en la cámara”. También ha criticado que el proceso del cambio de fecha “no se ha hecho como toca”.

Antes de la votación en el pleno han intervenido miembros de la Obra Cultural Balear y de la Asamblea Soberanista de Mallorca, dos entidades que han defendido la fecha del 31 de diciembre como el día que nació Mallorca y, por otro lado, han considerado que el 12 de septiembre es una fecha “arbitraria”.

El presidente de la Obra Cultural Balear, Antoni Llabrés (OCB), ha considerado que el Consell “renuncia a esta fecha por razones partidistas”. “Quieren borrar la memoria de Jaume I con una operación de limpieza identitaria”, ha reprochado Josep Antoni Palou, de la Asamblea Soberanista de Mallorca.

En el pleno de este jueves ha tomado posesión como consellera Maria Garrido, tras la dimisión de la consellera insular de Hacienda y Función Pública, Pilar Bonet, por su presunta implicación en un desfalco. Cabe recordar que Rafael Bosch asumió el pasado febrero el cargo de conseller insular de Hacienda y Función Pública.