PP y Vox cierran su acuerdo de presupuestos en Balears cinco meses después de que la extrema derecha los tumbara

Tras varios meses de negociaciones, el Govern del PP en Balears y Vox han cerrado su acuerdo de presupuestos autonómicos de 2025, cuyo proyecto será registrado esta mañana en el Parlament para su tramitación y posterior aprobación, que previsiblemente tendrá lugar en las últimas semanas de julio. La presidenta del Ejecutivo, Marga Prohens, ha señalado, sin entrar en más detalles, que el Ejecutivo autonómico atenderá, “desde el respeto innegociable al Estatut d'Autonomia” y “sin transgredir ninguna de las líneas rojas” de los conservadores, varias reclamaciones de Vox en materia lingüística, inmigración irregular y sobre el Pacto Verde Europeo.

La líder balear ha sido la encargada de presentar el acuerdo más de cinco meses después de que los de Santiago Abascal tumbasen en diciembre los presupuestos de este año tras no ver atendidas las condiciones que imponía -entre ellas, la eliminación del catalán como lengua vehicular en la educación pública de las islas-, lo que abocó a la líder balear a retirar finalmente el borrador en medio de la mayor crisis abierta hasta entonces con sus socios de investidura. El restablecimiento en marzo de las relaciones entre PP y Vox ha llevado finalmente a ambos a lograr un acuerdo que, si no hay cambios, posibilitará en julio la aprobación parlamentaria de las cuentas.

Tal como ha señalado Prohens, serán los portavoces parlamentarios de PP y Vox quienes den a conocer los detalles del acuerdo más allá de las cifras explicadas en la misma rueda de prensa por el vicepresidente y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa. En concreto, el proyecto de ley de los presupuestos asciende a 7.469,1 millones de euros, lo que representa un incremento de 148,4 millones (+2%) respecto a las cuentas de 2024. Prohens ha reconocido que la negociación “con la tercera fuerza política” de las islas ha sido “compleja y global”.

En materia lingüística, la presidenta balear ha descartado durante la rueda de prensa que el Govern vaya a derogar ninguna norma al respecto, como reclamaba Vox, aunque sí ha hablado de “adaptaciones” cuyo detalle explicarán los portavoces. En concreto, los de Santiago Abascal La formación de extrema derecha llegaron a señalar que únicamente apoyarían las cuentas si el Govern suprime el decreto de mínimos, uno de los pilares de la política lingüística en el archipiélago que, desde su aprobación en 1997, garantiza en al menos un 50% el uso del catalán en la enseñanza. De no acceder a ello, la formación reclamaba la eliminación de la autonomía de cada centro para decidir la lengua vehicular de sus clases.

Prohens se ha mostrado “satisfecha” por el acuerdo con Vox, celebrando la “apuesta por la estabilidad” por parte del partido de extrema derecha. Preguntada por el desarrollo de las negociaciones, Prohens ha subrayado que el pacto “se ha negociado en Palma”, con los representantes de Vox en el archipiélago, pero con el “visto bueno” de la dirección nacional.

En su opinión, el acuerdo llega “en un buen momento” y ha reivindicado el “ejercicio de responsabilidad” que han hecho ambos socios de investidura dentro de lo que ha considerado “una preocupante deriva nacional de persecución de jueces y medios de comunicación”. La líder del Ejecutivo autonómico ha puesto en valor que PP y Vox han sellado un acuerdo que certifica que se puede gobernar “pensando en los ciudadanos y no pensando en los casos de corrupción de Pedro Sánchez”.

Cuentas prácticamente idénticas a las de finales de 2024

Por su parte, Costa ha remarcado que las cuentas son prácticamente idénticas a las que se presentaron en noviembre del año pasado y que penden del techo de gasto que sí que fue aprobado en la Cámara autonómica. En concreto, el presupuesto no financiero, al que el Parlament dio luz verde el 22 de octubre del año pasado, asciende a los 6.562,88 millones de euros (197,4 millones más, un 3,01%), mientras que el presupuesto financiero, que servirá para financiar deuda, se sitúa en los 906,3 millones (un descenso de 48,9 millones en comparación con los presupuestos de 2024, una caída del 5,1%).

El gasto social, destinado a educación, salud, servicios sociales y vivienda, será el más alto de la historia (4.438,7 millones de euros) al superar en 216,3 millones el de 2024 (+5,1%). El presupuesto de educación será de 1.416,5 millones de euros, 63,8 millones más que en 2024 (4,7%). En cuanto al área de salud, tendrá un presupuesto de 2.445,9 millones de euros, 77,6 millones más (3,3%). El de servicios sociales será de 389,6 millones de euros, 37,1 millones más que en el anterior ejercicio (10,5%), y el destinado a vivienda, de 186,7 millones, lo que supone un aumento de 37,8 millones (25,4%).

Buena parte de estos incrementos, ha explicado Prohens, se explica por las medidas que ha implantado el Govern para asegurar la captación y fidelización de los trabajadores públicos de estas áreas, y garantizar así la prestación de unos servicios públicos de calidad para los ciudadanos. Entre estas medidas, destacan la reactivación de la carrera profesional en el ámbito sanitario, la contratación de 770 docentes y 74 psicólogos en los centros educativos o la puesta en marcha de pluses de difícil y muy difícil cobertura para cubrir el máximo de plazas en todas las islas.

Demandas históricas

Prohens y Costa ha reivindicado que el acuerdo da respuesta a demandas históricas como la homogeneización de la indemnización por residencia para compensar el sobrecoste de la insularidad, a partir del 2026, y permite la recuperación de los derechos económicos y de las cantidades que el anterior gobierno congeló a los empleados públicos desde el año 2020.

Otro incremento sustancial se produce en las inversiones en materia del ciclo del agua, puesto que llega a unos históricos 200 millones de euros. Por otra parte, el factor de insularidad del régimen especial de Baleares comporta 127,8 millones de euros, que se dividen entre 59,18 millones para la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad; 28,9 millones para la Conselleria de Salud; 14,76 millones para la Conselleria de Educación y Universidades; 8,05 millones para la Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación; 7,45 millones para la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural; 5 millones para la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua; 2,8 millones para la Conselleria de Familias y Asuntos Sociales, y 1,69 millones para la Conselleria de Presidencia y Administraciones Públicas.

Mientras tanto, la financiación para los Consells Insulars, determinada por la Ley 3/2014, se sitúa en 546,7 millones de euros. Por islas, Mallorca recibirá 387,2 millones; Menorca, 70,8 millones, Eivissa, 77,4 millones, y Formentera, 11,3 millones. Los Consells recibirán más financiación gracias a medidas como, por ejemplo, el inicio de los anticipos de los convenios de carreteras para mejorar la seguridad viaria.

Déficit y deuda pública

Mientras tanto, el presupuesto no financiero prevé, por segundo ejercicio consecutivo, un escenario para 2025 de déficit cero, es decir, de equilibrio presupuestario. Además, se estima reducir la deuda pública en 21,5 millones de euros (8.404,5 millones totales) si se compara con el cierre de 2024 (8.426 millones). Si se mira el volumen de deuda sobre el producto interior bruto de las Islas (PIB), en 2025 se situará en el 17,7%, un 1,1% menos que el cierre de 2024. Esta sería la cifra más baja desde 2012, cuando se situó en el 23,5%.

Costa ha recordado que el aumento del gasto no financiero, la previsión de equilibrio presupuestario y la reducción de la deuda --en términos absolutos y relativos-- se producen con la reforma fiscal plenamente implantada, tanto en cuanto a las bonificaciones al impuesto sobre sucesiones y donaciones, al impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, a las reducciones del tramo autonómico del IRPF o a las deducciones mejoradas o creadas para incrementar el ahorro y la renta disponible de los ciudadanos.