El archipiélago balear no ha sido nunca ajeno a los desmanes y los tratos de favor, máxime cuando se destaparon las múltiples irregularidades cometidas en forma de sobrecostes, sobornos y enriquecimientos ilícitos durante la segunda legislatura del popular Jaume Matas (2003-2007). Ahora, el cierre de la Oficina Anticorrupción de las Islas acordado por PP y Vox evoca, para muchos, reminiscencias de un pasado en el que las prácticas ilícitas coparon miles de páginas de actualidad y provoca que las dudas vuelvan a sobrevolar la gestión de las Administraciones.
La eliminación de la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción, impulsada por ley en 2016 durante el primer mandato del pacto de izquierdas liderado por la socialista Francina Armengol, ha sido uno de los grandes propósitos que alcanzaron los populares y la extrema derecha en las semanas previas al acuerdo que rubricaron, a finales del pasado mes de junio, para que los conservadores pudieran gobernar las Islas en solitario. El pacto contemplaba, a cambio, la participación de Vox en los Consells Insulars de Mallorca y Menorca, el cumplimiento de 110 medidas programáticas y la asunción, por parte de los conservadores, de gran parte del ideario político de la extrema derecha.
El pasado mes de noviembre, el Parlament balear aprobó, con los votos de ambos socios, la Proposición de Ley de Transparencia que elimina el ente público en tres meses. Sin embargo, el PP presentó este lunes una enmienda con la que propone ampliar a seis meses el plazo para suprimirla. Ahora, la problemática radica en el mantenimiento de la Oficina hasta el cese definitivo de sus actividades, dado que los Presupuestos autonómicos para 2024, aprobados en diciembre, únicamente contemplan 50.000 euros para los gastos de personal de este organismo.
“La sorpresa vino cuando en el capítulo I, el de los gastos de personal, aparece un presupuesto sólo con 50.000 euros, una partida única para la retribución de altos cargos y otros cargos. El único alto cargo que hay en la Oficina soy yo”, subraya, en declaraciones a elDiario.es, el director del ente, Tòfol Milán. “El resto de los trabajadores no son altos cargos, aunque al final es lo de menos porque los gastos de personal tienen una vinculación jurídica con el resto de empleados”, incide. El problema, subraya, se encuentra en lo relativo a los gastos corrientes: “Para ese tema no hay ni un euro y con la partida de gastos de personal no puedes pagar gastos corrientes. Está prohibido por ley. Así que no se puede pagar ni el alquiler de la oficina, ni la seguridad, ni la limpieza, ni la energía eléctrica, ni las comunicaciones telefónicas. Nada, absolutamente nada”.
El director de la Oficina Anticorrupción lamenta que con el dinero que les han dado PP y Vox 'no se puede pagar el alquiler de la oficina, ni la seguridad, ni la limpieza, ni la energía eléctrica, ni las comunicaciones telefónicas. Nada, absolutamente nada
Ni para pagar las nóminas
De hecho, los gastos previstos para enero y febrero, consultados por este medio, ascienden a los 71.575 euros entre las partidas destinadas al personal (61.500 euros), a bienes y servicios (10.000) y los gastos financieros (75 euros). “Es evidente que el presupuesto aprobado es insuficiente, tanto cuantitativamente como cualitativamente. Ni siquiera es suficiente para el pago de las nóminas correspondientes al mes de enero”, señala Milán en un escrito presentado con carácter de urgencia en el Parlament, institución de la que depende la Oficina Anticorrupción.
Los gastos previstos para enero y febrero ascienden a los 71.575 euros entre las partidas destinadas al personal (61.500 euros), a bienes y servicios (10.000) y los gastos financieros (75 euros). PP y Vox solo han destinado 50.000 euros para 2024
Sobre la solución a adoptar para hacer frente a esta situación, Milán explica que La Ley de Presupuestos, en su artículo 7, establecía hasta 2023 que el director de la Oficina, entre sus competencias, puede realizar modificaciones de crédito o incorporación de remanentes, “es decir, créditos que te han sobrado de años anteriores los puedes utilizar en el año corriente”. “Pensé: bueno, lo han hecho como lo han hecho. Usaré los remanentes de crédito para pagar los gastos del mes de enero y de febrero hasta que se cierre la oficina”, abunda.
Sin embargo, Milán se encontró con otro escollo: “Vi, de repente, que el artículo 7 también lo han modificado y al director le han quitado la competencia para hacer esas modificaciones de crédito. Estoy atado de pies a manos y la oficina, mientras tanto, está en pleno funcionamiento”. Fue por este motivo por el que la semana pasada decidió pedir auxilio a la Cámara autonómica para comunicar “el inminente incumplimiento de obligaciones legales de pago por falta de presupuesto” y reclamar que adopte, “con la mayor urgencia, las medidas que procedan para poder hacer frente a la situación generada”.
Vi, de repente, que [PP y Vox] han modificado la ley y al director le han quitado la competencia para hacer modificaciones de crédito. Estoy atado de pies a manos y la oficina, mientras tanto, está en pleno funcionamiento
Llamada de auxilio al Parlament
“Es manifiesto que se ha incumplido el artículo anterior puesto que el presupuesto aprobado para el año 2024 no contempla las asignaciones presupuestarias necesarias y adecuadas, ni tan siquiera sólo para afrontar los gastos de personal y los contratos ya formalizados como mínimo para los meses de enero y febrero, y que no se ha incorporado el anteproyecto de presupuesto realizado por este director, ni siquiera periodificado por el tiempo estimado en el que la Oficina tenga que estar en funcionamiento durante el año 2024”, abunda Milán en el escrito registrado en el Parlament.
Al respecto, el máximo responsable de la Oficina aboga por que la Cámara realice una transferencia de crédito adicional al organismo o se ponga en contacto con el Govern “para que haga algo”. “La Oficina sigue en marcha y hasta que no la eliminen seguirá operativa. Los cargos públicos siguen llamando cada día, siguen presentando declaraciones, se siguen haciendo expedientes y tramitando las investigaciones que hay en marcha. No ha habido ninguna medida cautelar que diga: 'Párense ustedes hasta que les cerremos'. Nadie ha dicho nada de eso. Somos nueve trabajadores y no puedo decir que deje de haber servicio de limpieza, electricidad, calefacción, ordenadores y servidores en unas dependencias públicas”.
La Oficina sigue en marcha y hasta que no la eliminen seguirá operativa. Los cargos públicos siguen llamando cada día, siguen presentando declaraciones, se siguen haciendo expedientes y tramitando las investigaciones que hay en marcha
Una de las principales críticas lanzadas desde la oposición a la supresión de la Oficina ha sido la del riesgo a “volver a la impunidad de los años duros de la corrupción en Balears” [los relativos a la gestión del PP de Jaume Matas y la extinta Unió Mallorquina de Maria Antònia Munar], durante los cuales la formación conservadora se convirtió en la única de las islas en ser condenada por financiarse de forma ilegal, así como por desviar fondos públicos con fines electorales. “El PP está creando con esta medida las condiciones que le favorecen para delinquir”, manifestó en este sentido el portavoz adjunto del Grupo Socialista Marc Pons durante el pleno en el que fue aprobada la Proposición de Ley que eliminará el organismo público.
Somos nueve trabajadores y no puedo decir que deje de haber servicio de limpieza, electricidad, calefacción, ordenadores y servidores en unas dependencias públicas
El PP balear, condenado por financiación ilegal
Cabe recordar que los populares fueron condenados en su día por financiarse de forma ilegal en 2003 a través de la empresa Over Marketing, que había sufragado en negro parte la campaña electoral del PP de ese año y había hecho lo propio en Madrid y la Comunitat Valenciana. Tras ello, los conservadores orquestaron una mecánica delictiva dirigida a gratificar con fondos públicos a Over mediante contrataciones fraudulentas. Asimismo, la formación también sería condenada por desviar 10.585 euros al transporte de seis toneladas de folletos publicitarios para la campaña electoral del PP en Eivissa y Formentera de 2007 camuflados como si de productos típicos de las islas se trataran.
Asimismo, en octubre de 2015, Fernando Areal, hermano de la mujer de Matas, Maite Areal, aceptó una pena de año y medio de cárcel y una multa de 15.000 euros tras declararse culpable de un delito electoral al haber pagado hasta 71.958 euros en negro a la agencia de publicidad Nimbus, una de las empresas fetiche del Govern de Matas, por organizar parte de la campaña electoral del partido en 2007.
Sobre la Oficina Anticorrupción, el texto de la Proposición de Ley señala que el ente, a tenor de la experiencia y los resultados que constan en las memorias anuales del mismo, “más allá de resultar operativo, incurre en una duplicidad respecto de algunas de sus funciones”. Asimismo, la iniciativa prevé que, tras la clausura de este organismo, las declaraciones de bienes de los cargos públicos tengan “carácter reservado”, lo que implica que esta información deja de ser pública y que se depositará en el nuevo Registro de Transparencia y Control del Patrimonio de Cargos Públicos de las Illes Balears, dependiente del Parlament.
A juicio de PP y Vox, se trata de un ente “completamente politizado creado y usado como máquina de barro al servicio de los intereses del PSOE”. Los conservadores recriminan que “no se puede consentir que el dinero público sirva como arma para perseguir a partidos políticos” y recuerdan que la Oficina Anticorrupción se creó con un presupuesto anual inicial de 500.000 euros. “Ahora alcanza los 1,5 millones”, denuncian. El PP aceleró el mecanismo para eliminar la Oficina Anticorrupción tras hacerse público que el ente estaba investigando ahora a un alto cargo del partido.