Continúa la ofensiva de Vox para reducir la visibilidad del catalán en el ámbito de las administraciones públicas allá donde gobiernan o donde tienen capacidad para influir en las políticas del PP. Los conservadores alcanzaron un acuerdo con la extrema derecha que se escenificó en el pleno del 27 de julio del Ajuntament de Palma, en el que se aprobó, con los votos en contra del PSOE, Més per Palma y Unidas Podemos, una modificación de la normativa lingüística municipal.
El cambio en la norma implica que la administración local deberá dirigirse en castellano al ciudadano cuando éste se haya dirigido al Consistorio en dicha lengua, cuando antes se tenía que pedir expresamente. Del mismo modo, el dominio '.cat' de la web del Ajuntament se cambiará por el de '.es'. El PP ha aprobado la propuesta de Vox después de haber incorporado una modificación transaccional en la misma, ya que la extrema derecha pretendía introducir el uso del castellano “en toda la práctica administrativa”, algo que no es posible porque la Ley de Normalización Lingüística de 1986 es de ámbito autonómico.
“El PP sí está de acuerdo en la normalidad lingüística, que es que cualquier persona que se dirija a la administración en castellano o en catalán sea contestada en ambos idiomas, sin necesidad de pedir expresamente que se le conteste en castellano. Queremos que a cualquier persona se le atienda en la lengua en la que se dirija a la administración”, defendió Javier Bonet, primer teniente de alcaldía de Turismo, Cultura e Innovación. Este cambio, según Fulgencio Coll, portavoz de Vox, implica que se “recuperan derechos” para que “los ciudadanos puedan recibir información en las dos lenguas oficiales, catalán y castellano”.
Recurso ante los tribunales
La modificación ha sido criticada por los partidos de la izquierda, así como por entidades como Obra Cultural Balear (OCB) o la delegación balear de la Plataforma per la Llengua. “La derogación o modificación sustancial del reglamento de normalización (...) equivale a hacerlo de manera unilateral y romper el consenso en una materia tan sensible como esta”, criticó Antoni Llabrés, miembro de OCB, durante su intervención en el pleno. “Cualquier cambio en la regulación de los usos lingüísticos institucionales y administrativos a nivel municipal (...) requiere de un consenso político y social amplio. No puede quedar a merced de cambios coyunturales en la correlación de fuerzas políticas presentes en este Consistorio”, lamentó Llabrés. La OCB ha anunciado que recurrirá a los tribunales si el Ajuntament de Palma incumple la normativa lingüística.
El reglamento de normalización lingüística municipal, de 1987, establece en su artículo uno que el catalán es la lengua propia de Palma y que tanto el catalán como el castellano son las lenguas oficiales del Consistorio. En su artículo dos, el reglamento indica que el catalán es la “lengua usual” de la administración municipal y fija que los ciudadanos tienen derecho a dirigirse al Consistorio en cualquiera de las dos lenguas oficiales, oralmente y/o por escrito, así como el derecho a obtener una respuesta según la lengua que hayan utilizado, si así lo solicitan. Es esta última cuestión la que han eliminado PP y Vox.
“Mientras que en castellano se puede hacer cualquier trámite porque todo el mundo te entiende, los ciudadanos que quieren hacer vida normal en catalán no pueden hacerlo”, argumentó Ivan Solivellas, delegado de Plataforma per la Llengua en las Illes Balears, en referencia a que los catalanoparlantes “no pueden ir al cine a ver películas en catalán, no pueden sacarse el carnet de conducir en catalán o incluso no pueden hacer las clases en los gimnasios en catalán”.
Por este motivo, defiende Solivellas, el reglamento está pensado para “promover que el catalán esté al alcance de todo el mundo para compensar la desigualdad que hay en el ámbito privado”. El hecho de que el Consistorio se dirija a la ciudadanía en catalán se debe, sostiene Solivellas, al hecho de que el catalán está en retroceso. “Relegar el catalán, como pretende la extrema derecha, a un apéndice del castellano hace que el catalán se vuelva una lengua poco útil, dado que todo el mundo está obligado a saber castellano como impone la Constitución”, opinó en el pleno municipal.
La izquierda critica la modificación
Los grupos de la oposición –PSOE, Més per Palma y Unidas Podemos– votaron en contra de la propuesta de Vox, modificada por el PP. “Lo que acabamos de ver es la materialización del pacto del PP con Vox, que es muy grave, no solo porque marca la entrada de la ultraderecha en las instituciones, sino porque se evidencia que, ahora que no tenemos elecciones, ya no hace falta decir mentiras a los ciudadanos”, criticó la concejala socialista Rosario Sánchez. “Pensamos que no es una manera coherente de funcionar ni de empezar una legislatura en esta institución”, defendió Sánchez.
Més per Palma consideró que equiparar el catalán con el castellano es “condenar la [lengua] más débil”. “PP y Vox tienen alergia al catalán, la quieren exterminar”, lamentó Neus Truyol, concejala de Més per Palma. “Ante una situación de desigualdad, donde el uso social del catalán está en retroceso, se tienen que impulsar políticas de fomento”, argumentó Truyol, que ha calificado el Gobierno conservador –el PP gobierna en solitario en Palma– como de “retroceso”.
En la misma línea ha justificado su voto en contra Lucía Muñoz, concejala de Unidas Podemos. “Cuando un grupo de personas está en inferioridad, hay que blindar sus derechos”, aseguró Muñoz, que hizo hincapié en que el catalán está en una posición de debilidad respecto al castellano. “Nadie está en disposición de decir que el castellano está en peligro”, afirmó la concejala progresista.
La izquierda en la oposición ha coincidido en señalar que los acuerdos entre el PP y Vox constatan la intención de los conservadores de gobernar con la extrema derecha en la capital de la isla, un extremo que ha sido negado por los conservadores. “No estamos negociando sillas”, dijo Bonet, primer teniente de alcalde del PP, en relación a las conversaciones con Vox, después de que Coll, el portavoz ultraderechista, dijera que no descartaba entrar en el Gobierno municipal.
“El equipo de gobierno [PP] está negociando con todos los grupos políticos para desbloquear los diferentes temas que tenemos sobre la mesa. Hemos demostrado que nos podemos reunir tanto con la izquierda como con Vox y llegar a ciertos acuerdos para que esta ciudad pueda seguir adelante”, concluyó Bonet.