En medio de las negociaciones de cara a un futuro pacto de gobernabilidad en Balears, PP y Vox tienen claro un propósito: eliminar la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción, impulsada por ley en 2016, durante el primer mandato del pacto de izquierdas liderado por la socialista Francina Armengol, con el objetivo de prevenir e investigar posibles casos de uso o destino fraudulento de fondos públicos, así como cualquier aprovechamiento ilícito. Durante varios años, el archipiélago se convirtió en una de las Comunidades Autónomas más golpeadas por la corrupción.
Por ahora, las conversaciones sobre la posible alianza política entre ambas formaciones continúan sin arrojar resultados, aunque, según ha apuntado este lunes el diputado electo del PP Antoni Costa, se están llevando a cabo de manera “discreta” y “van por buen camino”. Mientras el PP insiste en que la única opción que contempla es gobernar en solitario y formar un Govern desde la estabilidad, desde Vox continúan apelando al modelo de Castilla y León, donde el partido ultraderechista gestiona varias áreas de peso, entre ellas la Vicepresidencia.
Con todo, la supresión de la Oficina Anticorrupción es uno de los principales puntos que comparten ambas formaciones y que prevén hacer valer durante sus negociaciones. Hasta el momento, tanto PP como Vox, al igual que otros partidos como Ciudadanos y El PI, se han mostrado severamente críticos con la existencia de la Oficina Anticorrupción al considerar que su actividad comporta una duplicidad de gastos y funciones. Y es que, tal como aseveran a elDiario.es fuentes 'populares', en la lucha anticorrupción ya se encuentran volcadas la Fiscalía, la Sindicatura de Cuentas, la Agencia Tributaria y la Justicia ordinaria.
“Es algo que se ha dicho muchas veces y en cada presupuesto anual se han presentado enmiendas en este sentido”, inciden las mismas fuentes. En concreto, el presupuesto de la Oficina para el ejercicio presupuestario de 2022 ascendió a 1.302.918 euros y para 2023, a 1.497.590.
En el debate de los últimos Presupuestos de la Comunidad Autónoma, tanto el PP como El PI reclamaron la eliminación de este organismo al considerar que, a lo largo de estos años, no ha ofrecido “ningún resultado destacable”. En este sentido, el portavoz 'popular' en el Parlament, Antoni Costa, aseveró que se trata de un ente “prescindible” que ha generado “cero resultados”, mientras que el de la formación regionalista, Josep Melià, manifestó que “no ha sido útil”.
Entre otras medidas, la Oficina elaboró en 2020 un informe de investigación sobre la gestión de las compras efectuadas por el Servei Balear de Salut (Ib-Salut) para dar respuesta a la crisis sanitaria de la COVID-19. Mediante el documento, el organismo concluyó que las compras se habían efectuado correctamente y que no se habían detectado usos irregulares de los fondos en la gestión de las mismas que supusieran fraude o supuestos de corrupción.
Del mismo modo, la Oficina abrió un expediente para determinar si se produjeron irregularidades en la vacunación contra el coronavirus por parte de altos cargos del Govern, Consells Insulars y ayuntamientos al saltarse el orden establecido por el Ministerio de Sanidad. Inicialmente, la lista de personas objeto de investigación ascendía a unas 1.600, entre ellas la presidenta del Govern, consellers, directores generales, personal eventual, diputados del Parlament, cargos electos y altos cargos de ayuntamientos de distintos consistorios municipales.
“No hay ningún alto cargo político que se haya vacunado en Balears por ser cargo político, eso es así y lo diré muchas veces, todas las necesarias”, llegó a manifestar al respecto Armengol.
Por otro lado, elevó al Parlament una propuesta de modificación del reglamento de la Cámara con el objetivo de regular los obsequios a diputados y posibles conflictos de intereses, incluyendo las conocidas como 'puertas giratorias', además de dotarlo de un código de conducta de carácter vinculante. Tras analizar el reglamento vigente, Anticorrupción concluyó que su articulado contiene “escasas normas sobre los deberes de los diputados en materia de ética pública, transparencia e integridad”, poniendo de manifiesto que el cumplimiento de las pautas y principios éticos “fortalece la confianza de la ciudadanía en las instituciones”.
La propuesta de la Oficina planteaba así regular donaciones y regalos, ofertas de hospitalidad y distinciones a los diputados, inclinándose por la prohibición. Sin embargo, dada la variedad de situaciones que pueden producirse, consideraba adecuado regular las excepciones, como las entregas por parte de otras instituciones públicas o los viajes financiados por terceros para asistir a actividades como conferencias.