El presidente del Consell de Formentera, Llorenç Córdoba, ha destituido este martes al vicepresidente tercero del gobierno insular, José Manuel Alcaraz (PP), que hasta ahora ostentaba las carteras de Promoción Económica y Administración Insular. Ahora, dichas carteras pasarán a estar controladas por Córdoba. Una decisión que agudiza la crisis política e institucional que vive el Consell Insular desde hace meses, con un enfrentamiento abierto y público entre Córdoba y Sa Unió (una coalición entre el PP y Compromís, la derecha local).
Cabe recordar que después de las elecciones locales y autonómicas, Córdoba ganó los comicios locales bajo el paraguas de Sa Unió, así como el escaño que le corresponde a Formentera en el Parlament balear. La crisis se originó después de que el pasado 27 de noviembre el presidente Córdoba mandara un enigmático mensaje a los medios de comunicación, sin consensuarlo con sus consellers de Sa Unió, en el que anunciaba que se planteaba “dejar de apoyar incondicionalmente” a la presidenta del Govern balear, Marga Prohens (PP).
Córdoba ha justificado la destitución de Alcaraz, también líder del PP en la isla y su principal adversario durante esta crisis, por la “pérdida de confianza” que anteriormente había depositado en él. Asimismo, ha acusado a Alcaraz de haber mantenido, durante los últimos nueve meses, una “especie de bloqueo malintencionado”. Con la destitución del ya exvicepresidente tercero, Córdoba se hace con el control de las carteras de Promoción Económica y Administración Insular.
La decisión, que ya fue anunciada por el presidente insular, ha generado el rechazo de los consellers de Sa Unió, que mantienen una disputa con el presidente todavía no resulta. Hay que destacar también que a principios de año Sa Unió expulsó de su coalición a Córdoba, lo que le convirtió en un presidente no adscrito, dando lugar a una situación inédita. La coalición de derechas justificó la decisión en que Córdoba, supuestamente, habría pedido un sobresueldo entre 3.000 y 4.000 euros a la presidenta balear, Marga Prohens, porque estaría “arruinado”. Córdoba definió este movimiento como “un golpe de Estado” del PP con el objetivo de “hacerse con el control del poder”.
Córdoba se desdice
Después de que los ocho consellers de Sa Unió pidieran la dimisión de Córdoba, tras las declaraciones en las que anunciaba que se planteaba “dejar de apoyar incondicionalmente a Prohens” con su voto en el Parlament, el presidente de Formentera exigió las dimisiones de Verónica Castelló, vicepresidenta primera y consellera de Movilidad y Gestión Ambiental y José Manuel Alcaraz, entonces vicepresidente tercero y conseller de Promoción Económica y Administración Insular. Más tarde reculó y pidió zanjar las crisis.
“Tanto Alcaraz como Castelló han hecho un muy buen trabajo. Lo mejor para Formentera y el Consell es que continúen haciendo su trabajo”, aseguró Córdoba después de la aprobación de los presupuestos insulares, en declaraciones a los medios recogidas por Ràdio Illa. “En su momento lo pedí [la dimisión], pero ahora rectifico y en la situación actual no pido su dimisión, sino que trabajemos juntos para sacar adelante este programa electoral y este proyecto que es Sa Unió de Formentera”, añadió.
“Lo que tenemos que hacer ahora es centrarnos en el trabajo (...). Mi intención es que se pueda continuar trabajando (...). Espero que después de la aprobación de los presupuestos del Govern balear y del Consell todos tengamos más tranquilidad y más tiempo para poder hablar y no descarto que esta situación se pueda arreglar”, explicó Córdoba. En cuanto a las relaciones que mantiene con el Ejecutivo de Prohens, aclaró que “en ningún momento” dijo que retiraría su apoyo al Govern y añadió que se arrepiente del mensaje que mandó el 27 de noviembre, sin consensuarlo con sus compañeros del Consell Insular. Un comunicado en el que anunció que se planteaba “dejar de apoyar incondicionalmente al Govern balear del Partido Popular”.
Así, Córdoba justificó su posición en que, en ese momento, “el Govern negociaba con Vox, pero se había olvidado del trabajo” que hace él como diputado por Formentera y “había que dar un toque [de atención]”. “Espero que todo esto se pueda arreglar”, insistió. Además, asevera que no se “esperaba” que el mensaje desencadenara la dimensión que ha adquirido la crisis institucional y que ha supuesto una ruptura de las relaciones entre el presidente insular y sus ocho consellers. Una ruptura que este martes ha ido un paso más allá, después de que Córdoba haya cesado de sus funciones a Alcaraz, líder del PP de Formentera y exvicepresidente económico de la institución insular.
Una disputa por el dinero y el poder
Esta es una lucha de poder en la que se alude pérdida de confianza y en la que ha habido acusaciones entrecruzadas entre los dos bandos enfrentados. Entre otras cuestiones, ha habido acusaciones de que Córdoba habría pedido un sobresueldo de entre 3.000 y 4.000 euros bajo un supuesto chantaje. El presidente del Consell Insular, en cambio, ha acusado de un supuesto asalto al poder a dos consellers de Sa Unió que además son pareja: la vicepresidenta primera, Verónica Castelló, y el vicepresidente tercero (ahora destituido), José Alcaraz, ambos del PP. Sa Unió, además, ha amenazado con presentar una moción de censura contra su propio presidente, o con la dimisión de sus ocho consellers en bloque. Incluso se ha especulado con la posibilidad de que Pedro Sánchez convoque elecciones, una atribución que compete al Consejo de Ministros, previa aprobación del Senado, en caso de que se llegue a una situación de bloqueo institucional.
En esta historia hay dos versiones. Mientras que Sa Unió acusa a Llorenç Córdoba –un independiente que ha sido expulsado de la coalición– de exigir “sobresueldos” en Formentera y Palma –en concreto, a la presidenta autonómica Marga Prohens–, Córdoba defiende que es el PP de Formentera el que tiene problemas económicos. Según Córdoba, los populares necesitan dinero para pagar los gastos asociados a su local en la isla. Las acusaciones, que se han hecho públicas a través de los medios de comunicación, han dejado perplejos a los partidos de la oposición, que definen el escenario actual como “insólita”, e “ingobernable”. En palabras de Gent per Formentera y el PSOE se trataría de “la peor crisis institucional de la historia reciente”.
La tregua que hubo los días 21 y 22 de diciembre, con la aprobación de los presupuestos del Govern y el Consell de Formentera, solo fue un espejismo. El presidente del Consell Insular, que entonces era diputado de Sa Unió en el grupo mixto, votó a favor de los presupuestos autonómicos dando apoyo al Ejecutivo conservador de Prohens, como también dio luz verde a los presupuestos insulares junto a los ocho consellers con los que mantiene relaciones muy tensas.
Acusaciones de “sobresueldo” contra Córdoba
Pese a que al principio los movimientos de Córdoba parecían indicar discrepancias políticas con el Govern de Prohens, el 5 de diciembre saltó la sorpresa cuando el propio Córdoba reveló que esas cuestiones no eran la única causa de la crisis de gobierno. En una entrevista en Ràdio Illa afirmó: “Es un problema muy grave incluso para los políticos porque como diputado pierdo dinero cada vez que voy a Mallorca”. Córdoba cobraba 54.000 euros brutos -ahora 55.350 debido a la subida a políticos y funcionarios del Consell del 2,5% en base al IPC- como presidente del Consell Insular, y entre 18.000 y 33.000 euros brutos en función de las dietas y su actividad en el Parlament. Además, recibe una asignación extra por asistir al consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Balears (APB) y al Consejo de Navegación de La Savina.
El presidente del Consell Insular, sin embargo, explicó más tarde que le corresponden unos 2.700 euros por gastos de representación que tienen los diputados para ejercer su labor parlamentaria, y que este dinero estaría controlado por los partidos de la coalición (PP y Compromís). Según su testimonio, hay gastos que estaban corriendo de su bolsillo, pero que tienen que ver con su actividad parlamentaria, ya que cada semana se tiene que desplazar de Formentera a Mallorca para acudir, por ejemplo, a las sesiones parlamentarias.
La versión de Sa Unió, en cambio, es que Córdoba exigió tanto en Palma como en Formentera un “sobresueldo” fijado entre 3.000 y 4.000 euros. Por este motivo, Sa Unió exige la dimisión de Córdoba, mientras que Córdoba reclamaba, entonces, la dimisión de Verónica Castelló (PP), vicepresidenta primera, y José Alcaraz (PP), vicepresidente tercero. Según el presidente del Consell Insular, la crisis se desencadenó con uno de los dos partidos de la coalición: el PP de Formentera.