El interrogatorio contra el juez que durante cerca de tres años investigó un supuesto entramado mafioso vinculado al magnate Bartolomé Cursach ha vivido este viernes uno de sus momentos más tensos, cuando el abogado del exconcejal y exdiputado del PP Álvaro Gijón (investigado en su día en una de las piezas separadas del caso Cursach) ha tomado la palabra para interpelarle. “¿Sabe que desde que se abrió la causa hasta que Gijón consiguió hablar con usted estuvo casi un año viendo cómo en la prensa se decía que consumía drogas, iba con niños y con putas, sin poder defenderse porque usted no lo citaba a declarar?”, le ha inquirido el letrado Oriol Rusca.
Ante tal pregunta, el exjuez Manuel Penalva, quien se sienta en el banquillo de los acusados por las presuntas irregularidades que habría cometido durante la instrucción del caso Cursach para apuntalar sus tesis incriminatorias, se ha limitado a responder: “Si se publicaba que iba de putas, no haber ido, qué quiere que le diga”. “O a lo mejor es que no fue”, le ha espetado el abogado de Gijón. Cuando Penalva ha insistido en que “sí que fue”, Rusca ha terminado por manifestar: “Vale, ya sé que el que sabe más de todos es usted y que todos los demás estamos equivocados”.
“Si hay una persona a la considera responsable, la Ley establece que se le cite para que pueda tener conocimiento de la investigación, aunque esté bajo secreto, ¿y ustedes no le citan?”, ha proseguido el letrado, a lo que Penalva ha justificado que tal decisión “se acuerda cuando se estima oportuno y de la manera que los investigadores consideren procedente”. Cuando Rusca le ha remitido al artículo 118.5 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim), que establece que cualquier actuación de la que se derive la imputación de un delito deberá ser puesta de inmediato en conocimiento del presunto responsable, Penalva se ha remitido a sus respuestas anteriores.
Los antiguos investigadores llegaron a implicar a Gijón y al exconseller de Interior José María Rodríguez (PP) en fiestas con drogas y prostitutas a raíz de las manifestaciones efectuadas por una testigo –en la actualidad investigada por un presunto delito de falso testimonio–, quien aseguraba ser la madame de un burdel al que acudían altos cargos políticos del PP para participar en bacanales supuestamente costeadas por Cursach. Las pesquisas, que coparon en su día buena parte de la actualidad tanto balear como nacional, fueron finalmente archivadas ante la inexistencia de indicios de que los hechos se hubieran producido.
La Fiscalía y varios informes policiales señalan, incluso, que la supuesta “empresaria de la prostitución”, como llegó a definirse aquella testigo, denunció agresiones que tampoco se habrían producido. Por ejemplo, la que aseguró haber sufrido a las puertas de su domicilio a manos de dos sicarios enviados por el entorno de Cursach. Los funcionarios policiales apuntan, en esta línea, a los “numerosos delitos de acusación y denuncias falsas” en los que la testigo —que llegó a asegurar a una compañera de piso que su madre pertenecía a ETA y que su tío era el expresidente del Gobierno Carlos Arias Navarro— habría incurrido.
La de las fiestas fue tan sólo una de las líneas de investigación que se abrieron contra Gijón. El exconcejal fue incriminado en una de las piezas en las que se desgajó el caso Cursach, la que se centra, principalmente, el juicio que se celebra contra Penalva, el exfiscal Miguel Ángel Subirán y cuatro policías nacionales del Grupo de Blanqueo. Las acusaciones apuntan a las actuaciones que habrían llevado a cabo los antiguos investigadores para supuestamente “intimidar” a los detenidos ese fleco, relativo a la supuesta alteración del concurso para adjudicar el servicio de regulación del aparcamiento (ORA) en Palma.
En el marco de esta pieza, en octubre de 2016 fueron arrestados varios empresarios, los nueve funcionarios que integraban la mesa de contratación que tramitó el expediente y los padres y el hermano de Gijón, a quien los ahora acusados atribuían haber obtenido un millón de euros y un piso a cambio de amañar el concurso. Las pesquisas fueron finalmente archivadas ante la ausencia de indicios delictivos contra todos ellos.
Durante su declaración, que arrancó a primera hora de ayer y ha finalizado pasadas las 12.00 horas de este viernes, Penalva ha defendido su papel al frente de la causa así como las decisiones que adoptó. El exjuez se ha declarado “absolutamente imparcial” cuando acordó las detenciones del caso ORA y, sobre si ya había decidido de antemano enviar a la cárcel a uno de los arrestados, ha justificado: “Cuando creía que un asunto podía acabar en prisión preventiva, tenía autos preparados que luego podía utilizar o no. No hay muchos autos tan razonados como los míos en los juzgados de Palma”.
En concreto, la defensa de Gijón solicita una indemnización de un millón de euros para el expolítico, 150.000 para su hermano y 300.000 para sus padres por los perjuicios sufridos durante la instrucción del caso ORA. La defensa del exparlamentario del PP considera que éste “ha sido y es la víctima principal de todo este entramado judicial y policial, sufriendo un gravísimo descalabro profesional, económico y personal”, al recordar que estuvo “en todas las ternas como posible candidato a la alcaldía de Palma”. “No solo era seguro que saliera electo (...) sino que su proyección de futuro era inmejorable. Y todo eso se truncó”, ha añadido el abogado de Gijón.