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127.211 euros públicos. Es la cantidad total que se embolsa cada año la popular Núria Riera, quien ejerce de consellera portavoz del actual equipo de gobierno del Consell de Mallorca, en manos de PP y Vox, así como de jefa de servicio del Govern balear. La cifra es notablemente superior al salario que perciben los presidentes autonómicos: tan sólo el de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, con 136.177 euros anuales, supera las ganancias de Riera. También sobrepasa con creces los 90.000 euros que cobra el presidente del Gobierno. La veterana política, quien ya fue consellera y portavoz autonómica durante la legislatura del popular José Ramón Bauzá (2011-2015), compagina ambos cargos a pesar de las limitaciones que establece la normativa en materia de compatibilidades. Sobre el papel, Riera, que no ha solicitado formalmente la compatibilidad, dedica un 100% de la jornada laboral a su labor en el Govern y un 75% en el Consell, lo que se traduciría en unas 14 horas diarias.
En los últimos meses, la situación ha sido mencionada por la oposición en varios plenos de la institución insular sin recibir explicaciones a cambio, además de ser denunciada públicamente en octubre de 2023 por el grupo parlamentario socialista, que se interesó por las circunstancias de Riera tras aprobarse, recién iniciada la actual legislatura, las retribuciones de los nuevos altos cargos. Si históricamente en el Consell las dedicaciones parciales habían sido de un 50%, la portavoz del PP la elevó al 75%. En concreto, la funcionaria lleva a cabo las funciones de portavoz del Grupo Popular en el Consell con una retribución anual de 50.322 euros, mientras que en el Govern, como jefa del Servicio de Gestión de Personal Laboral y Acción Social -donde recaen las sospechas de supuesta “inactividad” por parte de la oposición- percibe 76.889.
Se da la circunstancia de que Riera, en agosto de 2017, protagonizó una sonora polémica al aprovechar una excedencia como funcionaria para reclamar, como diputada del Parlament balear, la retribución por dedicación exclusiva, percibiendo cerca de 3.000 euros, pese a que ese mes es inhábil en la Cámara autonómica. Riera se acogió al derecho que entonces tenían los parlamentarios de cobrar la dedicación exclusiva si compatibilizaban su trabajo en la Cámara con otra actividad. En declaraciones a Diario de Mallorca, justificó que se trataba de una decisión “por una cuestión personal”. Podemos reclamó su dimisión y el PSIB le instó a “devolver el dinero cobrado de más”. Nada de eso sucedió.
Desde el PP alegan la ausencia de cualquier tipo de irregularidad en la combinación de los dos puestos que Riera ocupa en la actualidad. En declaraciones a elDiario.es, fuentes del Grupo Popular en el Consell señalan que tanto esta institución como el Ejecutivo balear emitieron en su día informes favorables en torno a la actividad de Riera en cada una de las instituciones. Frente a ello, la oposición defiende que el problema no radica en los cargos de la política popular por separado, sino “en conjunto”. Pese a que centran sus críticas principalmente en cuestiones éticas, se muestran “convencidos de que también está cometiendo una ilegalidad”.
También el portavoz de Més per Mallorca en el Consell, Jaume Alzamora, ha puesto el foco sobre la situación de la consellera popular. Como los socialistas, el ecosoberanista recrimina que, pese a la aparente legalidad de la situación laboral de la portavoz del PP, “al menos es éticamente reprobable” y remarca con ello la “poca ejemplaridad” demostrada. Alzamora ha advertido de ello públicamente en varias ocasiones. La última, durante debate de política general celebrado a finales de junio.
La oposición defiende que el problema no radica en los cargos de la política popular por separado, sino "en conjunto". Pese a que centran sus críticas principalmente en cuestiones éticas, se muestran "convencidos de que también está cometiendo una ilegalidad"
Las limitaciones de la Ley de Incompatibilidades
Para mantenerse en ambos cargos, Riera se acoge al artículo 5 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas, que permite a los miembros de las Corporaciones locales compatibilizar este tipo de actividades, salvo que alguna de ellas se encuentre retribuida en régimen de dedicación exclusiva. Sin embargo, el problema radica en la limitación que establece el mismo precepto, que indica que en tales supuestos de compatibilidad únicamente podrá percibirse la retribución correspondiente a una de las dos actividades, sin perjuicio de las dietas, indemnizaciones o asistencias que correspondan por el otro cargo. No es el caso de Riera.
Para rizar más el rizo, el mismo artículo añade -y aquí volvería a ampararse la consellera- una excepción a lo anterior. Bajo el paraguas del artículo 75 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL), la normativa faculta a tales miembros en situación de dedicación parcial a percibir retribuciones por ambos cargos siempre que una de las dos actividades la desempeñen fuera de la jornada de trabajo de la otra y sin superar en ningún caso los límites que con carácter general pudieran establecerse en su caso.
En el caso de Riera, la Conselleria de Presidencia y Administraciones Públicas, de la que depende el puesto que ocupa en el Govern, señaló en una respuesta escrita a petición del Grupo Parlamentario Socialista que, al efecto del régimen de incompatibilidades, se considera “horario de trabajo en la Administración autonómica la franja situada entre las 8.00 y las 15.30 horas”, con una jornada fija de 9.00 a 14.00 horas cada día y cierta flexibilidad horaria entre las 7:30 y las 9.00 así como entre las 14.00 y las 16.30, siempre y cuando lleve a cabo la totalidad de sus horas semanales.
“Está todo el día en el Consell”
En este punto, desde el PSIB-PSOE alegan, en declaraciones a elDiario.es, que Riera “está todo el día en el Consell”, mañanas incluidas -que es cuando presumiblemente debería ejercer sus funciones en el Govern-, como así lo demuestran las numerosas ruedas de prensa matutinas que lleva a cabo en la Administración insular, así como sus intervenciones en medios de comunicación como portavoz insular del PP. “Ella, como empleada pública, estaría obligada a, al menos estar, de 9.00 a 14.00 horas -acotando al máximo los horarios en el Ejecutivo autonómico- en su puesto de trabajo. Es algo flagrante”, aseveran los socialistas.
Respecto a las cantidades económicas que se pueden percibir en este tipo de circunstancias, la Ley de Incompatibilidades, en su artículo 7, establece que “será requisito necesario para autorizar la compatibilidad de actividades públicas el que la cantidad total percibida por ambos puestos o actividades no supere la remuneración prevista en los Presupuestos Generales del Estado para el cargo de Director General”, ni supere la correspondiente a la estimada en régimen de dedicación ordinaria incrementada en determinados porcentajes para los funcionarios de las distintas categorías. El precepto señala que, de sobrepasarse estos límites, se requeriría en cada caso el acuerdo expreso del Gobierno, del órgano competente de las Comunidades Autónomas o del pleno de las Corporaciones Locales, cosa que no ha sucedido en el caso de Riera.
Como exponen desde la oposición, no se cuestiona la compatibilidad de la portavoz popular, sino que ponen énfasis en el hecho de que, en el momento en que decidió reclamar la dedicación parcial en el Consell, debió someterse a los límites horarios y retributivos fijados por la Ley. “Esos límites claramente no se están cumpliendo en la actualidad”, lamentan los socialistas, quienes, por otro lado, apuntan a que también ha incumplido los límites previstos por la Ley de Bases de la Regulación Local al haber aumentado del 50% al 75% su dedicación parcial “de manera unilateral (no siendo un acuerdo de pleno general para todas las dedicaciones parciales) e incumpliendo el precepto de dedicación mínima”.
Como exponen desde la oposición, no se cuestiona la compatibilidad de la portavoz popular, sino el hecho de que, en el momento en que decidió reclamar la dedicación parcial en el Consell, debió someterse a los límites horarios y retributivos fijados por la Ley. "Esos límites claramente no se están cumpliendo en la actualidad", lamentan
Tres consellers del PP dimitidos
Por su parte, desde Més per Mallorca, Jaume Alzamora interpeló, durante el pleno de política general, al presidente de la institución supramunicipal, Llorenç Galmés (PP), a quien reprochó la ausencia de tres consellers que “tomaron posesión el día de su investidura y que han acabado dimitiendo rodeados por el escándalo”. El ecosoberanista hacía alusión a los casos de Pilar Bonet -quien dimitió de su cargo en el Consell a raíz de su presunta vinculación con un desfalco millonario cuando trabajaba en la filial de handling de una compañía aérea-, Jaume Porsell -cesado después de que una inspección detectase que incumplió los requisitos para iniciar la actividad de su alojamiento turístico- y Raquel Sánchez -que dimitió tras ser designada asesora técnica de la Conselleria de Presidencia del Govern-. En este punto, el ecosoberanista fue más allá al advertir: “Tres casos y, alerta, no sean cuatro con la señora Riera beneficiaria de dos sueldos públicos”.
No ha solicitado formalmente la compatibilidad
Hasta el momento, ninguna respuesta ha recibido la oposición más allá de la emitida por el Ejecutivo autonómico en relación a los horarios de los funcionarios que compatibilizan varias actividades. Tampoco Riera ha solicitado formalmente la compatibilidad, reclamada en septiembre de 2023 por la portavoz insular del PSIB-PSOE, Catalina Cladera, lo que suscita las dudas de socialistas y ecosoberanistas.
Hasta el momento, ninguna respuesta ha recibido la oposición más allá de la emitida por el Ejecutivo autonómico en relación a los horarios de los funcionarios que compatibilizan varias actividades. Tampoco Riera ha solicitado formalmente la compatibilidad, reclamada en septiembre de 2023 por la portavoz insular del PSIB-PSOE, Catalina Cladera, lo que suscita las dudas de socialistas y ecosoberanistas
No en vano, diversos informes de distintas corporaciones españolas y guías prácticas en materia de incompatibilidades establecen como requisito indispensable para compaginar tales actividades haber solicitado y obtenido la previa y expresa autorización de compatibilidad y determinan que la autorización no deberá suponer la modificación de la jornada de trabajo y el horario de ambos puestos de trabajo, condicionando en ambos a su estricto cumplimiento. Asimismo, señalan, como fija la normativa, que la cantidad total percibida no podrá superar la remuneración prevista en los Presupuestos Generales del Estado para el cargo de director general.
El propio Govern balear cuenta con un Manual de Compatibilidades, que exonera de la necesidad de solicitar la compatibilidad cuando se trate de alguna de las actividades que enumera el artículo 19 de la Ley de Incompatibilidades, relativas principalmente a la participación en seminarios, tribunales calificadores o participación ocasional en coloquios. En ningún caso alude a quienes ostentan dos cargos públicos, a quienes sí les sería aplicable.