A Marga Prohens (PP) nunca le gustó la idea de gobernar con Vox en Balears y ahora que a su partido le toca negociar cada iniciativa parlamentaria con la extrema derecha le cuesta sudor y lágrimas contener (y contentar) a los de Santiago Abascal. “Siempre dije que gobernaría en solitario y este acuerdo así lo permite”, comentó orgullosa la lideresa popular en las Islas, que consiguió arrasar en las últimas elecciones autonómicas del mes de mayo, pero no lo suficiente como para poder actuar libremente y sin necesitar el apoyo de Vox. Prohens gobierna rodeada de los suyos -todos los consellers del Ejecutivo autonómico son del PP-, pero sin Vox no va a ningún lado. Y este martes la extrema derecha se lo ha hecho saber.
El Parlament ha sido testigo de uno de los plenos más broncos de los que se recuerdan en los últimos años. El motivo, la negativa de Vox a dar apoyo al techo de gasto que tenía previsto el PP cara a 2024, paso previo -y necesario- a la aprobación de los presupuestos autonómicos, los primeros de la legislatura de Prohens. La ultraderecha, liderada en el Parlament por Idoia Ribas, ha decidido votar en contra del techo de gasto para castigar al PP, que apenas unas horas antes se había abstenido en una Proposición No de Ley (PNL) de Vox que pretendía desmantelar la escuela en catalán en Balears. Los conservadores están de acuerdo en permitir la “libre elección de lengua” (castellano o catalán) en la educación, pero no con el calendario que les impone Vox.
Este martes han quedado patentes las diferencias sobre las que el PP parecía querer pasar de puntillas durante este primer tramo de legislatura. El tenso enfrentamiento protagonizado en la Cámara autonómica entre conservadores y extrema derecha ha llevado incluso a los populares a prácticamente implorar los votos de su socio de investidura para poder aprobar el techo de gasto de los próximos presupuestos.
Antoni Costa (PP): “Pensaba que teníamos un pacto”
Un papel en el que al vicepresidente del Govern, Antoni Costa, no se le ha visto especialmente cómodo. “Pensaba que teníamos un pacto”, ha llegado a deslizar cuando la diputada de Vox Patricia de las Heras le ha afeado sus números y le ha advertido de que su formación votaría “en consecuencia” por incumplir las reglas de estabilidad de los Presupuestos. La ultraderechista, consciente del desasosiego del alto cargo popular, ha llegado incluso a recriminarle el “ánimo desesperado” del PP por arañar los ocho votos de Vox y dar luz verde a la medida.
Y, con un fondo de encono, De las Heras no ha dudado en echar en cara al PP que si gobierna es gracias a su partido. Lo ha puesto de manifiesto varias veces, por si las dudas. “Dice que los ciudadanos les han colocado donde están, pero lo han permitido sus votantes y los nuestros. No lo olviden, gobiernan gracias a Vox”, ha remarcado.
Acto seguido, la diputada ha afeado a los populares su falta de compromiso con el acuerdo firmado por ambas formaciones al inicio de legislatura. En él, ha recalcado, “no se habla de techo de gasto”. Y no, no se habla de este aspecto, pero sí de cómo Vox se compromete a dar estabilidad al Govern y de no presentar enmienda a la totalidad a la Ley de Presupuestos Generales durante toda la legislatura. Eso sí, excepto que se produzca un incumplimiento del acuerdo.
Un quebrantamiento que para los de Santiago Abascal se ha producido este mismo martes, en el preciso momento en que el PP ha decidido no apoyar la Proposición No de Ley de los ultraderechistas para arrinconar el catalán en el sistema educativo. Como ha abundado De las Heras, en el acuerdo “se hablaba de libertad, como la libertad para elegir la lengua de escolarización”. “Dice que no han incumplido nada y hoy han tenido la oportunidad de votar la PNL sobre la libre elección de lengua en la educación. Nosotros sí que vamos a cumplir la palabra dada a nuestros votantes”, ha apostillado.
Vox: “Ha sido un aviso”
Aunque De las Heras había anunciado que su partido “actuaría en consecuencia”, la incertidumbre alcanzaba cotas asfixiantes minutos antes de la votación del techo de gasto. Ese “en consecuencia” podía ser un aviso de cara al futuro y, de hecho, había quienes contaban con que Vox, en esta ocasión, no cumpliera su palabra de tumbar la medida. Pero no ha sido así y la extrema derecha ha optado por retirar su apoyo al PP y dejarlo en minoría en la primera gran crisis entre ambos.
Sin alharacas, la portavoz parlamentaria de Vox, Idoia Ribas, admitía minutos después que votar en contra del techo de gasto ha sido un “aviso” para que los populares “recuerden” que los votos de sus ocho diputados son fundamentales para impulsar los acuerdos de investidura. Mientras tanto, la portavoz adjunta del PP, Marga Durán, pedía a Vox que “recapacite” y ha confiado en que la situación se pueda reconducir, no sin antes señalar que, aunque su formación continúa teniendo la mano tendida, tiene “algunas líneas rojas”.
Radicales, pero no mucho
Durante estos primeros 100 días de gobierno, Prohens ha jugado a tener contento a Vox sin parecer demasiado radical. Los conservadores todavía recuerdan cómo perdieron el Ejecutivo balear en 2015 tras una polémica reforma educativa del expresidente José Ramón Bauzá, que quiso implantar un sistema trilingüe en la escuela balear y consiguió ponerse en contra a la comunidad educativa y a los ciudadanos. “Yo creo que algo hemos aprendido. Desde luego mi partido algo aprendió”, comentó este lunes Prohens en un desayuno informativo donde estuvo arropada por el presidente de la formación a nivel nacional, Alberto Nuñez Feijóo, que la tiene como uno de los grandes activos del PP.
Este tira y afloja entre PP y Vox provoca que los conservadores quieran tener un perfil propio ante la ultraderecha, pero sin desautorizarla demasiado. Si Vox quiere dar pasos para que el catalán no sea la lengua vehicular en la escuela, el PP simplemente se limita a decir que se trata de una propuesta de la ultraderecha y que “el tiempo de cómo aplicar las medidas lo marcará el Govern” (es decir, el PP). Si Vox desea crear una oficina que impondrá multas estratosféricas a quienes no cumplan sus órdenes lingüísticas, el PP afirma que “trabajarán para modificar” el texto de creación del ente y que lucharán para “reconocer los derechos lingüísticos de todos los baleares”.
Una de las medidas que pactaron PP y Vox en su programa de gobierno, encaminada a reducir la visibilidad del catalán en las administraciones públicas, es precisamente la propuesta para crear esta Oficina de Libertad Lingüística, que sustituirá a la Oficina de Defensa de los Derechos Lingüísticos. Sin embargo, la necesidad de bailar al ritmo que le marca la ultraderecha -al carecer de socios estables en el arco parlamentario a excepción de Vox- le está provocando algunos quebraderos de cabeza a los populares.
En este sentido, Vox presentó una Proposición No de Ley (PNL) para la creación de esta Oficina que generó tensión en los conservadores. El texto firmado entre PP y Vox para apoyar la investidura de Prohens preveía la creación de “una Oficina de Garantía de la Libertad Lingüística para defender la libertad de uso y opción lingüística y fomentar la protección tanto del castellano como del catalán y las modalidades lingüísticas de las distintas islas”.
La propuesta de Vox generó un enorme enfado en las filas conservadoras, ya que, según afirmó el portavoz popular Sebastià Sagreras, “no estaba pactado de ninguna manera” y añadió que la propuesta “no les gusta ni poco ni nada”. “Hace daño centrarse en aspectos concretos de la norma, dado que invade competencias, no nos gusta el preámbulo, tiene un régimen sancionador que está fuera de lugar o permite registrar instituciones”, afirmó Sagreras, en referencia a las multas de hasta 100.000 euros que propone Vox en los casos de incumplimiento.
La Oficina de Garantía de Libertad Lingüística, según la propuesta de Vox, actuaría en el ámbito tanto público como privado, desde Govern, Corts y otros instituciones públicas como la Universitat de les Illes Balears hasta las “personas físicas y jurídicas de naturaleza privada”. Una propuesta a la que, según afirmó Sagreras, responderían presentando “multitud” de enmiendas.
El PP de Prohens, entre los mares de la ambigüedad
Durante estos tres primeros meses de Govern del PP, el buque de Prohens navega entre los mares de la ambigüedad. Este lunes, a razón de la PNL propuesta por Vox, Marga Durán (PP) aseguró que “no se aprobará ninguna norma en contra del Estatut d'Autonomia o de la Ley de Normalización Lingüística”, mientras pactaron con Vox eliminar el requisito del catalán en la sanidad pública para los profesionales sanitarios que quieran optar a una plaza fija.
Una medida que se lleva a cabo argumentando que se pretende evitar así una “fuga” de médicos, pese a que el Colegio Oficial de Médicos de las Illes Balears no tiene datos al respecto, algo que reconoce el propio Ejecutivo conservador. Además, el miércoles pasado, los diputados del PP en la Comisión de Asuntos Institucionales y Generales del Parlament votaron en contra de pedir al Govern balear que mantenga el requisito de catalán en toda la función pública.
Resulta llamativo que, mientras todo esto ocurre, el PP vote a favor de mantener las normas de normalización lingüística y garantizar la atención en catalán. Esta propuesta ha sido aprobada parcialmente por el Parlament después de una PNL presentada por el PSOE en la que solicita al Govern del PP mantener “el marco normativo de normalización lingüística, que garantice la atención de la Administración en catalán y que diseñe un plan de formación lingüística en el ámbito sanitario”. Todos los grupos parlamentarios, menos los ultraderechistas de Vox, votaron a favor.
Cabe recordar que, en otras ocasiones, Vox ha terminado rebajando sus pretensiones, como la propuesta de cerrar IB3, la radiotelevisión pública balear. Uno de los conflictos a futuro se podría dar si los ultraderechistas proponen introducir el castellano en la programación de la cadena pública, algo que, en principio, ha rechazado el futuro director del ente público, propuesto por el PP, después de la salida de su antecesor en el cargo, Andreu Manresa.
Las tensiones en el Ajuntament de Palma
Estos tira y afloja entre PP y Vox se llevan produciendo desde que arrancó la legislatura. En el Ajuntament de Palma, por ejemplo, los ultraderechistas terminaron dando la alcaldía al popular Jaime Martínez sin entrar en el gobierno porque el PP no quería. Después de unos primeros plenos en los cuales Vox llevó a la institución local a una situación de bloqueo, los conservadores negociaron con los ultraderechistas un acuerdo de mínimos donde pactaron, por ejemplo, modificar la normativa lingüística municipal con la intención de hacer retroceder al catalán.
En el Consistorio palmesano las aguas parecen ya calmadas, pero en el Consolat de Mar, sede del Govern balear, nadie fue capaz de ver la magnitud de la crisis que estallaría este martes. PP y Vox valoraban hasta ahora positivamente el grado de cumplimiento de su acuerdo de gobierno y el noviazgo entre ambos parecía estar en buen momento tras el acelerón de los conservadores para cerrar la Oficina Anticorrupción, otro de los campos de batalla de la derecha en las Islas. Sin embargo, la vendetta de Vox al no aprobar el techo de gasto marcará sin duda un antes y un después en la confianza entre ambos socios de Gobierno.