La Oficina de Libertad Lingüística, la institución que sustituirá a la anterior Oficina de Defensa de los Derechos Lingüísticos y una de las condiciones que impuso Vox en su pacto de gobierno con el PP para luchar contra “la imposición del catalán”, comenzará a gestarse el próximo mes de septiembre. Además, como han adelantado medios locales y ha podido confirmar este diario, este organismo comenzará a ser efectivo en 2024 cuando se pacten los nuevos presupuestos y se puedan asignar personal a la oficina.
Cabe recordar que la creación de esta oficina se trata de uno de los puntos irrenunciables para los ultraderechistas a fin de que Marga Prohens (PP) consiguiera ser investida como presidenta del Govern. Según indica el texto firmado por ambos partidos, estaba prevista la creación de “una Oficina de Garantía de la Libertad Lingüística para defender la libertad de uso y opción lingüística y fomentar la protección tanto del castellano como del catalán y las modalidades lingüísticas de las distintas islas”.
Se trata de una entidad que pretende contraponerse a su predecesora, la Oficina de Defensa de Derechos Lingüísticos, la cual, según Vox, sólo existía “para la protección exclusiva del catalán, excluyendo al castellano”, cuando en realidad estaba pensada para proteger los derechos lingüísticos de los catalanoparlantes. Según el Estatut, el idioma propio de las Islas es el catalán, a pesar de que se encuentra en un grave retroceso en contraposición al castellano.
Hace un mes, la portavoz de Vox en el Parlament, Idoia Ribas, ya adelantó que este organismo se trata de “una actuación fundamental para restablecer la normalidad en el uso del castellano de forma libre en esta comunidad autónoma”, y que además Vox asumiría la dirección de esta oficina con el objetivo de “proteger a los ciudadanos, atenderles si se sienten oprimidos y controlar al Govern y a las instituciones”.
Además, el líder de Vox a nivel nacional, Santiago Abascal, calificó de “hito histórico y muy razonable” la creación de una oficina que “equipara el uso del castellano y el catalán” y que terminara “con la imposición del catalán en las aulas y que los padres puedan escolarizar a sus hijos en español en todas las etapas educativas”.
Así, entre algunas de las funciones principales de este organismo será el de gestionar denuncias por parte de ciudadanos que “hayan visto su libertad lingüística amenazada” o que hayan observado algún “caso de discriminación a la hora de emplear el castellano o el catalán”. Cabe destacar que esta Oficina estará gestionada por el Parlament balear, el cual preside el ultraderechista Gabrielle Le Senne.
El PP y Vox en Palma y su cruzada contra el catalán
La creación de esta oficina no se trata de la única medida que los ultraderechistas han tomado en favor de eliminar “la imposición del catalán”. El pasado 31 de julio se derogó una ley municipal vigente por 35 años con el fin de que el Consistorio se dirija al ciudadano en castellano si este conversa en este idioma desde un primer momento, y además se cambie el dominio de Cort en la web de “.cat” a “.es”.
“El PP sí está de acuerdo en la normalidad lingüística, que es que cualquier persona que se dirija a la administración en castellano o en catalán sea contestada en ambos idiomas, sin necesidad de pedir expresamente que se le conteste en castellano. Queremos que a cualquier persona se le atienda en la lengua en la que se dirija a la administración”, defendió Javier Bonet, primer teniente de alcaldía de Turismo, Cultura e Innovación.