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Vox ha registrado este miércoles en el Parlament balear su Proposición dirigida a derogar la Ley de memoria y reconocimiento democráticos de Balears, más conocida como Ley de memoria democrática, aprobada en 2018 durante el primer mandato de la socialista Francina Armengol. La supresión de esta normativa figura en el acuerdo de legislatura alcanzado entre PP y extrema derecha, por el que los de Santiago Abascal se comprometían a abstenerse en la investidura de la popular Marga Prohens como presidenta del Govern, como así acabó ocurriendo.
Revocar las legislaciones que pretenden garantizar los derechos de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo se convirtió en uno de los compromisos clave que sellaron las derechas en las Comunidades Autónomas en las que gobiernan. Su objetivo pasa por sustituirlas por leyes que han llamado “de concordia”. El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, encabezado por Ángel Víctor Torres, ya ha anunciado que llevará al Tribunal Constitucional la ofensiva de Vox contra la memoria histórica.
En Balears, entre los alegatos que el partido expone en el documento presentado en la Cámara, recrimina que la Ley “atenta contra la igualdad de todos los españoles”, dado que, a su juicio, “vulnera el artículo 14 [de la Constitución] que sirve de llave para los derechos fundamentales”. “Esta ley procede a discriminar y apartar a una parte del pueblo español por su opinión, sus circunstancias personales, sociales o históricas, como por ejemplo el bando en el que lucharon”.
En opinión de Vox, esta circunstancia “promueve el rencor y evita el reconocimiento a todos aquellos que, en algún momento de la historia y por diversas causas, derramaron su sangre por España sin importar el bando en el que estuvieran”. En su texto, el partido vuelve a malinterpretar la memoria histórica como un intento de “dividir a los españoles”, en lugar de valorarla como una herramienta dirigida a reparar las heridas provocadas por el golpe fascista de 1936, la Guerra Civil y la dictadura franquista.
Los de Abascal sostienen que la normativa supone una “clara vulneración” del derecho a la libertad ideológica y de pensamiento reconocida en el artículo 16 de la Carta Magna, ya que “no permite más que un relato oficial, persiguiendo el derecho a disentir”. “Las convicciones de los individuos no pueden fijarse normativamente ni impedirse su manifestación pública”, añaden al hilo de lo anterior, incidiendo en que “las leyes que se hacen para reescribir la historia al gusto de una parte nunca han sido un estímulo para la paz, la democracia ni los derechos fundamentales”.
“Corolario de lo anterior, se menoscaba el derecho de toda persona al libre desarrollo de su personalidad, que es fundamento del orden político y social”, abundan.
En la exposición de motivos de la Proposición de Ley, la formación de extrema derecha sostiene, además, que esta normativa “no persigue los valores de libertad, respeto y tolerancia que impulsaron la Transición, al decretar la intromisión del estado en la esfera de la conciencia de los españoles, moldear su memoria individual, impedir la libertad de opinión, limitar la libertad de cátedra y penalizar el trabajo de los historiadores si este no se ajusta a la interpretación sectaria e interesada de los acontecimientos históricos que hacen ciertos partidos políticos”.
El texto, por otra parte, sitúa el inicio de las “convulsiones” que desembocaron en el estallido de la Guerra Civil en la proclamación de la Segunda República en 1931. Estas “convulsiones”, apuntan, “ya hacían presagiar el clima de inestabilidad social, crisis institucional y exclusión del adversario que caracterizaría a sus distintos gobiernos”. Vox enmarca “lo sucedido en España entre 1931 y 1945” en un contexto generalizado a nivel europeo y “movido por pasiones ideológicas, la brutalización de la política y la deshumanización del otro”.
Además, añaden que entre 1931 y 1936 “la conversación pública saltó por los aires”. “La capacidad coercitiva del Estado se desmoronó, las reglas de juego fueron quebrantadas y en las calles se vivió una incesante espiral de violencia que terminó por envenenar la convivencia y por volar los puentes que aún unían a muchos españoles”, opinan.
Cabe destacar que la Ley de memoria democrática balear ha permitido a las instituciones públicas investigar y esclarecer los hechos relacionados con las violaciones de los derechos durante la Guerra Civil y la Dictadura, así como delimitar la consideración de víctimas -organizaciones sociales, profesionales o culturales, partidos políticos, sindicatos, logias masónicas, movimientos feministas o LGTBI, víctimas de bombardeos, bebés robados, etc.- con el objetivo de identificarlas a través de un Censo de Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura franquista. Bajo el amparo de esta normativa también se ha declarado la nulidad de pleno derecho de todas las sentencias y resoluciones de las causas penales, civiles y administrativas dictadas por razones políticas en las islas.
Asimismo, en una iniciativa pionera a nivel estatal, se han podido recuperar más de 800 objetos (elementos conservados de la vestimenta: botones, hebillas, cremalleras, restos de calzado, también objetos de aseo) pertenecientes a las víctimas, principalmente procedentes de las fosas de cementerio de Son Coletes, en Manacor, y del cementerio de Porreres, y restaurarlos para devolverlos a sus familias. Algunos de los familiares optaron por ceder los objetos a las Secciones Museísticas de la Memoria Democrática creadas al amparo de esta normativa.
En esta línea, la Ley ha dado cobijo a la puesta en marcha una Oficina de Atención Directa para las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo y sus familiares. También es una iniciativa pionera en España. Del mismo modo, se ha creado una nueva figura de protección en Balears: los Espacios e itinerarios de la Memoria y Reconocimiento Democráticos. También ha permitido declarar el 29 de octubre como fecha simbólica de recuerdo y reivindicación de los valores democráticos y la lucha por la libertad, así como confeccionar un censo de símbolos, leyendas y menciones franquistas que han tenido que ser retirados por las instituciones públicas.
Reacciones a la propuesta de derogación
Tras el registro de la Proposición de Ley, la presidenta del Govern, Marga Prohens, ha prometido cumplir “con la palabra dada, con todos los puntos del acuerdo de investidura y con el programa de gobierno”, a la vez que ha aseverado que la Ley de memoria democrática “no salió con consenso”, a pesar de que el PP apoyó en su día gran parte del articulado. Con todo, Prohens ha evitado hacer una valoración de la iniciativa porque, según ha dicho, no ha leído el texto de la proposición y “es un tema que está en el Parlament”.
“Como digo, cumplo con la palabra dada. Es un tema que está en nuestro programa de gobierno y mi compromiso es cumplir todos los puntos del acuerdo de investidura y del programa de gobierno”, ha insistido. En esta línea, ha recordado que la Ley de Recuperación de Víctimas de la Guerra Civil y el Franquismo -más conocida como Ley de Fosas-, aprobada en 2016, sí que obtuvo consenso y unanimidad. En el caso de la normativa que Vox quiere derogar, ha incidido en que el PP ya manifestó su desacuerdo con la misma: “Por eso no dimos apoyo unánime, como sí se hizo en la primera ley”, ha concluido.
Desde la oposición, la diputada de Unidas Podemos en el Parlament Cristina Gómez ha criticado que la pretendida derogación de la Ley de memoria y reconocimiento democráticos es una “tentación” que va en contra de la normativa de derecho internacional y, de hecho, ha apuntado que la supresión “terminará en los tribunales de derechos humanos”. En esta línea, la diputada ha informado de que en el próximo pleno preguntará a la consellera de Presidencia y Administraciones Públicas, Antònia Maria Estarellas, si es “consciente” de que con la derogación el Govern “infringirá toda la normativa de derechos humanos de carácter internacional y de resoluciones de la ONU”, que dicen que “no hay justicia sin reparación”.
Por su parte, el portavoz adjunto del PSIB-PSOE en la cámara balear, Marc Pons, ha calificado la derogación de “claro ejemplo de retroceso” por parte del Ejecutivo autonómico y ha acusado al PP de “no saber explicar” porqué apoyará el texto presentado por Vox. El socialista ha insistido en que la Ley de memoria democrática tuvo un “amplísimo consenso” y que el PP estuvo “implicado”. en su opinión, los populares “avalan leyes que suponen retrocesos importantes y evidentes” de Vox para “blanquear presuntos casos de corrupción”.
En esta línea, ha considerado que el PP “necesita sentirse acompañado y protegido por la ultraderecha para blanquear determinadas actuaciones”, refiriéndose al cierre de la Oficina Anticorrupción, a cómo se “protege” a Prohens para que no comparezca en la comisión de investigación del caso Koldo y a cómo “se le da cobertura para que los expedientes vinculados a Campos no sean elementos de referencia”.
Finalmente, desde Més per Mallorca han considerado que es “muy lamentable” que el PP “avale” la derogación de la Ley, como ha manifestado su portavoz, Lluís Apesteguia. “Es muy lamentable tener una presidencia a cambio de ir en contra de la democracia de la institución que presides”, ha criticado Apesteguia, remarcando que desde su formación “lamentan profundamente” no que Vox presente la Proposición, sino que el PP la avale.
Para el ecosoberanista, también es “lamentable” que “se pueda argumentar en un Parlament democrático que un levantamiento fascista y una dictadura nacionalcatólica pueden ser cuestiones interpretables”. Con todo, Més per Mallorca se opone, “evidentemente”, a dicha Proposición de Ley cuando se tramite.