Vox y PP protegen a Marga Prohens y crean una comisión de investigación a medida sobre el caso Koldo en Balears

El Parlament ha constituido este martes la comisión de investigación de la rama balear del ‘caso Koldo’ sobre la presunta trama de corrupción entorno a los contratos del Govern de Francina Armengol con la compañía Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas. Vox, que impulsó la comisión, se queda con la presidencia, que ostentará María José Verdú, mientras que la vicepresidencia correrá a cargo de la socialista Pilar Costa. Por otro lado, la secretaría queda bajo el control del PP a través de la diputada Marga Durán.

El PP tendrá siete votos en la comisión representados por José Luis Mateo, Cristina Gil, Isabel Borràs, Mauricio Rovira, María Salomé Cabrera, Margalida Durán y Jacobo Varela; el PSOE tendrá otros cinco, cuya representación ostentarán Carles Bona, Iago Negueruela, Marc Pons, Mercedes Garrido y Pilar Costa; otros dos serán para Vox, a través de María José Verdú y Patricia de las Heras; mientras que uno será para Lluís Apesteguia, de Més per Mallorca, y otro para Cristina Gómez, de Unidas Podemos, pero en representación del Grupo Mixto.

En declaraciones a los medios de comunicación, Verdú, presidenta de la comisión, ha negado que vayan a llamar a comparecer a la presidenta del Govern, Marga Prohens (PP), pese a que la totalidad del expediente se ha desarrollado durante dos etapas: la primera, cuando había un Ejecutivo de coalición de izquierdas presidido por Armengol, el cual contrató a la trama, y la segunda (actual), con un Govern del PP presidido por Prohens, el cual dejó caducar el expediente de reclamación según el juez Ismael Moreno. “De momento no tenemos ningún indicio de que [Prohens] tenga que comparecer”, ha respondido Verdú cuando ha sido preguntada por la prensa.

Verú sí ha avanzado que llamarán a comparecer en el Parlament a Francina Armengol, presidenta del Govern cuando se adjudicó a la empresa por 3,7 millones de euros el suministro de 1,5 millones de mascarillas que llegaron con peor calidad a las que habían sido solicitadas, así como a Patricia Gómez (PSOE), consellera de Salud en mayo de 2020, en los peores meses de la pandemia de coronavirus. Se espera que también comparezcan José Luis Ábalos, entonces ministro de Transportes, así como su entonces asesor de confianza, Koldo García, pese a que este extremo no ha sido confirmado por Verdú. De momento, no hay una fecha fijada para la declaración de Armengol u otros miembros del anterior Govern de la etapa progresista.

Después de la constitución de la comisión no permanente de investigación se fijará un plazo para presentar el plan de trabajo de todos los grupos. “Después marcaremos plazos para fijar las comparecencias e investigaciones que vayan surgiendo a raíz del estudio del expediente”, ha asegurado Verdú. A preguntas de los periodistas, Verdú ha avanzado que trabajarán conjuntamente con el PP en el desarrollo de la comisión, ya que tienen “un acuerdo de gobernabilidad” -el PP gobierna en las Islas gracias a un pacto de gobernabilidad con Vox-.

“Las conclusiones ya están hechas”, ha criticado Iago Negueruela, portavoz del PSOE, que ha lamentado que Vox, a través de la presidenta de la comisión, haya avanzado algunos de los responsables políticos que van a comparecer, mientras ya ha descartado a otros. “Vox presenta estos días la ley de derogación de memoria democrática y el PP, a cambio, exige las conclusiones que quiere. Es lo peor de la política: intercambio de pactos”, ha criticado. También ha añadido, en relación a lo que se ha publicado en el último mes sobre la totalidad del expediente que investiga el caso, que deberían comparecer Marga Prohens, presidenta del Govern; Javier Ureña, director general del Servicio Balear de Salud -IB Salut-; Miguel Tellado, portavoz del PP en el Congreso de los Diputados y Jacobo Pombo, por su presunta implicación como intermediario.

El Govern del PP dejó caducar el expediente

La totalidad del expediente, al cual tuvo acceso elDiario.es, constata que la documentación que maneja el Govern de Prohens (PP) avala la tesis del juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, quien afirmó que el procedimiento para reclamar el sobrecoste de las mascarillas de la 'trama Koldo' en las Islas caducó durante el actual mandato de Prohens. Es decir, que los isleños habrían perdido 2,6 millones de euros debido a la inacción del PP a la hora de gestionar la reclamación y por la compra infructuosa del anterior Gobierno socialista.

La empresa presentó alegaciones el 6 de noviembre de 2023 y no fue hasta el 28 de febrero de 2024 -la fecha límite de caducidad era el 18 de enero de 2024, según Moreno- cuando el Ejecutivo volvió a contactar con la compañía. Según una resolución de Javier Ureña, director general del IB-Salut del PP, pasaron más de tres meses desde que la empresa presentó las alegaciones y el IB-Salut volviera a contactar con ella.

Cabe recordar que la reclamación en cuestión fue iniciada por el anterior Ejecutivo balear, presidido por Francina Armengol, que fue el que contrató a la compañía Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL. En concreto, los socialistas reclamaban a la polémica empresa 2,6 millones de euros por el sobrecoste de las mascarillas de peor calidad que recibió el Ejecutivo autonómico en los peores meses de la pandemia.

El Govern del PP actual justifica que el expediente caducó por un “error”. En un documento en el que desestiman la continuidad del procedimiento de reclamación, el Ejecutivo popular asegura que tienen que “rectificar” el error de la resolución del 24 de agosto de 2023 en la que ellos mismos señalaban un plazo máximo de 3 meses desde el momento de acuerdo a lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP). El IB-Salut considera ahora que el plazo máximo para la resolución parcial del contrato es en realidad de 8 meses, de acuerdo a lo establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Así fue cómo los populares justificaron el inicio de otro procedimiento de reclamación. Sin embargo, ello ocurrió después de que el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Serrano, afirmara en un auto que el plazo de reclamación ya había finalizado. Según el juez, el expediente caducó el 18 de enero, tres meses después de que se notificara a la empresa que podía presentar alegaciones contra la resolución parcial del contrato, como informó primero elDiario.es. Tras la publicación de esta información, el PP de Balears empezó una campaña contra las noticias de este diario, definiéndolas como “fake news”. En cualquier caso, el PP ha dejado sin efecto la posible caducidad del primer expediente, ya que ha decidido iniciar un nuevo procedimiento administrativo y ha desistido de éste.

Presiones al PP por la ‘trama Koldo’

Las investigaciones del 'caso Koldo', en manos de la Audiencia Nacional, señalan que el intermediario Koldo García habría utilizado a Jacobo Pombo, empresario que llegó a trabajar hace años en la sede nacional del PP, y presumió de haber concertado una cita con Miguel Tellado, el portavoz parlamentario del partido, quien, a su vez, se habría preocupado de buscar un contacto en Illes Balears “de la línea de Pablo Casado” para frenar la reclamación. El juez cree que sus maniobras habrían “surtido efecto” porque el Govern del PP dejó finalmente caducar la reclamación el pasado mes de enero.

Los pinchazos telefónicos muestran la “sorpresa” entre los investigados cuando conocieron la existencia de la reclamación del Govern balear en octubre del año pasado. Una reacción que, en las semanas siguientes, derivó en una gran inquietud. A partir de ahí, Koldo García se empleó a fondo ejerciendo su “influencia” para que esa reclamación económica no prosperara, como finalmente ocurrió. Así lo refleja la intensa actividad de los implicados en la trama con un frenético cruce de llamadas, citas en restaurantes o estaciones de tren para abordar este asunto, según recogen los informes aportados a la causa.

El 18 de octubre, un día después de conocer la existencia de la reclamación, el principal empresario de la trama, Juan Carlos Cueto, habló con su socio –y tercer vértice de la investigación–, el también empresario Víctor de Aldama, y le comentó que le diría a Koldo “que pregunte a ver al otro subnormal que estaba ahí antes, que qué es lo que ha pasado”. Esto es, reclamó su intermediación para que la persona que estaba en la Administración balear anteriormente –cuando Armengol era presidenta– le explicase qué estaba sucediendo.

Pero el Gobierno autonómico había cambiado tras las elecciones de mayo. Y, por tanto, eran ahora otros los responsables de dar curso a esa reclamación. Así, el 7 de noviembre de 2023, apenas tres semanas después, emergen los primeros movimientos de Koldo en una nueva dirección: el exasesor de Ábalos habla por primera vez de recurrir al Partido Popular y su entorno, que ahora estaba al frente del Govern.

Los informes de la Guardia Civil recogen una llamada en la que otro imputado, Iñigo Rotaeche, asegura en un pinchazo que Koldo le había dicho que iba a intentar “tocar también a los otros”. Los investigadores consideran que esos “otros” son miembros del “actual Ejecutivo de Baleares [Partido Popular], con los que Koldo tendría relación”. Ese mismo día, Koldo informó al empresario Cueto de que una tercera persona “de las Islas” se pondría en contacto con él para darle cita. Además, por primera vez, deja caer que los actuales dirigentes de Balears no tendrían inconveniente en sustituir las mascarillas objeto de la reclamación o en “llegar a un acuerdo”.

Una semana después, el 14 de noviembre de 2023, Koldo es todavía más claro y dice a otros de los investigados que en el actual equipo al frente del Govern, dirigido por Marga Prohens, están dispuestos a hacer “borrón y cuenta nueva” con este asunto y “colaborar”. Pero es en diciembre cuando Koldo habría decidido recurrir a un escalón más alto dentro del PP: comunica al empresario Cueto que había quedado con Miguel Tellado y un tal “Alberto”. Koldo dice que la cita responde a que le acaban de llamar. Tellado ha negado “rotundamente” haberse reunido con “ningún miembro de la trama”, al igual que lo ha hecho el PP de Balears. 

Según otro de los pinchazos, el exasesor de Ábalos presumía de haber acordado una cita en la sede nacional del PP, el pasado 10 de enero. “He quedado a las 10.15 en Génova, ¿vale?”, le dice Koldo a Cueto en otra de las escuchas. Es un hecho que, no obstante, la Guardia Civil dice que no ha podido “contrastar”. De hecho, los agentes que fueron su sombra en los últimos meses constataron que no fue a la sede de Génova en ningún momento. 

Ya el 7 de diciembre, a las 20.31 horas, Koldo llama de nuevo a Cueto para informarle de que “todo va por buen camino”, pero que le transmitían que “no hace falta que se vea a nadie y cuanto más desapercibido pase, mejor”. Seguidamente, Koldo añade: “Utilizaré mis medios para poderte poner en contacto”. Una semana después, el 14 de diciembre, Koldo asegura que el asunto del expediente de Balears estaba “más que hecho”. La UCO sospecha que las gestiones que Koldo García estaba realizando con los actuales responsables del Govern serían “un favor que tanto Koldo como su exjefe” –en alusión a Ábalos– “habrían solicitado a cambio de otro 'favor'”.