Vox propone multas de hasta 100.000 euros a quienes no cumplan sus órdenes para “proteger el castellano” en Balears

Vox ha presentado una proposición de ley para la creación de la Oficina de Garantía de Libertad Lingüística, un ente propuesto por los ultraderechistas y que, según declaran, pretende luchar “contra la imposición del catalán” y equiparar el castellano con la lengua propia de las Islas. En dicho documento han recogido las funciones, las infracciones y las multas que podrá imponer la Oficina, que podrán alcanzar, si se aprueba la propuesta, hasta los 100.000 euros en los casos más graves.

La portavoz de Vox en el Parlament, Idoia Ribas, ha explicado que el organismo tiene el objetivo de “fomentar la protección del castellano y las modalidades lingüísticas”, las cuales, en su opinión, han estado “perjudicadas” por una normativa “pancatalanista” que “dificultaba el uso del castellano”. “Esta Oficina será una realidad a partir de enero y para ello es necesario aprobar esta normativa para regular su funcionamiento”, ha señalado.

La Oficina de Garantía de Libertad Lingüística, según la propuesta de Vox, actuará en el ámbito tanto público como privado, desde Govern, Corts y otros instituciones públicas como la Universitat de les Illes Balears hasta las “personas físicas y jurídicas de naturaleza privada”.

Entre las funciones que entrarían en el ámbito de esta entidad, la proposición de ley marca, por ejemplo, recoger y tramitar las reclamaciones sobre vulneración del derecho a la libertad lingüística, asesorar y formular propuestas y recomendaciones de medidas normativas que se consideren necesarias para garantizar el derecho a la libertad lingüística en el Parlament balear e investigar o inspeccionar posibles casos de “vulneración del derecho a la libertad lingüística” y el cumplimiento de la normativa que lo ampara.

El documento también habla de las infracciones -clasificadas en leves, graves, y muy graves- con las que podrá sancionar la Oficina en caso de incumplimiento de las normas que contempla. Así, en las muy graves entrarían infracciones como “la vulneración del derecho a la libertad lingüística y de la normativa que lo ampara cuando se aprecie mala fe o intencionalidad” o “la remisión de información incompleta o inexacta en los requerimientos de información de la Oficina de Garantía de la Libertad Lingüística, cuando derive en un perjuicio grave”.

Asimismo, en las graves se incluyen “el hecho de no responder a las solicitudes o requerimientos efectuados por la Oficina en el ejercicio de sus funciones” o “la vulneración del derecho a la libertad lingüística y de la normativa que lo ampare cuando no tenga la consideración de muy grave”, y en las leves “la remisión de información incompleta o inexacta en los requerimientos de información de la Oficina de Garantía de la Libertad Lingüística, cuando no derive en un perjuicio para la investigación o el expediente para los cuales se solicita”, entre otros.

Según la propuesta de Vox, las infracciones leves pueden ser multadas hasta con 1.000 euros; las graves, hasta los 10.000 euros, y las muy graves hasta los 100.000 euros.

El texto recalca que el nuevo ente servirá para “defender la libertad lingüística y fomentar el uso de las lenguas oficiales”, con la condición irrenunciable de eliminar la anterior Oficina de Derechos Lingüísticos, “que ha servido como instrumento de exclusión del castellano y la imposición lingüística”.

Tensión con el Partido Popular

La proposición de ley presentada por Vox ha creado el primer cisma con los populares, quienes han criticado duramente la Oficina de Defensa de Derechos Lingüísticos tal como está propuesta alegando que “no les gusta ni poco ni nada”.

El portavoz del PP en Balears, Sebastià Sagreras, ha advertido que, de no retirarse la proposición de los ultraderechistas, presentarán “multitud” de enmiendas al texto que “no estaba pactado” y del que “no habían sido avisados”.

“Hace daño centrarse en aspectos concretos de la norma, dado que invade competencias, no nos gusta el preámbulo, tiene un régimen sancionador que está fuera de lugar o permite registrar instituciones”, ha declarado el portavoz.

Cabe recalcar que Sagreras ha hecho especial hincapié en que “no estaba pactado de ninguna manera” y que, de haberlo estado, “el texto no habría salido así”: “Se seguirá trabajando, porque los acuerdos se tienen que cumplir, pero con acuerdo de los dos partidos, puesto que se había acordado un punto para la creación de esta oficina con un texto pactado y este no lo está, al PP no le gusta de manera general y sin sus votos la Oficina no saldrá adelante”.