“¿Y ahora qué? ¿Van a hacer otra cartita diciendo que yo he violado derechos y tal?”. Es la reacción de la presidenta de la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, Dolors Montserrat (PP), cazada por un micrófono mientras hablaba con un compañero después de una nueva protesta por su forma ejercer su cargo. El motivo esta vez ha sido el informe sobre las menores tuteladas en Baleares, que, según denuncian socialistas, Verdes y La Izquierda se ha realizado sin tener en cuenta ninguna de sus aportaciones, aplicando la alianza de las derechas y con el objetivo de utilizarlo políticamente contra el Gobierno balear.
La eurodiputada del BNG, Ana Miranda (Verdes-ALE) fue la primera en tomar la palabra para expresar las críticas por cómo se había realizado el viaje a Baleares y cómo se había redactado el informe, cuyo ponente es el austriaco Peter Jahr (PPE): “El ponente de este expediente y jefe de la delegación de la misión, el eurodiputado Peter Jahr, rechazó todas nuestras sugerencias de modificación de las enmiendas relativas a las recomendaciones finales, negándose incluso a discutir sobre ellas. En general, podemos decir que esta misión se realizó a partir de una petición presentada por el grupo de Jóvenes del PP en Baleares, con un jefe de delegación del PPE, en una comisión del Parlamento Europeo presidida por una eurodiputada del PPE”.
“Durante la visita”, decía Miranda, “la presidenta de la PETI, Dolors Montserrat, tomó la palabra en varias ocasiones a pesar de que no era miembro titular ni suplente de la misión, en violación de nuestras normas internas. El jefe de delegación, Jahr, durante la misión no acordó con los miembros de la misión las comunicaciones a entregar a la prensa, en violación del artículo 13 de las directrices PETI. Tampoco completó la redacción del informe de misión dentro de los tres meses posteriores a la conclusión de la visita, nuevamente en violación del último párrafo del artículo 13 de las directrices de PETI: lo hizo en 7 meses. Tampoco tuvo en cuenta ninguno de nuestros comentarios sobre la parte descriptiva del informe, ni convocó ninguna reunión para llegar a un consenso sobre esa parte del texto, que no estaba sujeta a enmiendas, violando la práctica vigente en PETI”.
“La redacción final resulta en una voluntad continua, a veces sutil y a veces explícita, de desprestigiar a las autoridades regionales sin ninguna base sustancial, desconociendo por completo el trabajo y las mejoras realizadas en los últimos años por las autoridades regionales para abordar los temas relacionados con esta misión”, ha afirmado Miranda: “Es otro momento muy triste para la credibilidad de esta Comisión durante esta legislatura en temas españoles”.
La danesa Margrete Auken (Verdes) fue aún más dura: “Nunca me había topado con cosas como esta. Hemos insistido en no politizar esta comisión intentando colaborar unos con otros para resolver los problemas, pero ahora está en las manos del Partido Popular por completo. No sé cómo resolverlo, pero esta comisión es muy importante para nuestros ciudadanos y para la credibilidad del Parlamento. Y ahora lo que ven es que esta comisión ha pasado de ser un espacio en el que había debates razonables y razonados en los que siempre intentábamos llegar a un terreno de entendimiento, ahora resulta que el PPE tiene mayoría y siempre que se trata de España hacen lo mismo: votan en contra de lo que le dicen los demás, van a la prensa, etcétera, etcétera. El Parlamento Europeo está funcionando como portavoz del Partido Popular, y eso no me parece aceptable”.
“Esta misión no se ha resuelto y ni se ha desarrollado en condiciones normales con respecto a las demás”, ha insistido la socialista Cristina Maestre: “Es un ejemplo de libro de cómo la comisión de Peticiones no está funcionando bien. Nosotros tuvimos que cambiar al miembro de esta misión porque dejó de ser eurodiputado, y eso supuso que se nos excluyera de las listas de distribución, de los mensajes, de los textos, de las reuniones, y tuvimos que reclamar ser incluidos porque no se nos incluía”.
Maestre ha añadido: “Sugiero que se haga un informe jurídico por parte de la comisión de Peticiones para que explique el procedimiento en esta misión. Es una misión con un informe totalmente manipulado por la estrategia política de la derecha española. Tanto es así, que el resultado de esta votación nada tiene que ver con el tratamiento de los servicios de atención al menor, sino simple y llanamente se basa en ataques al Gobierno de España: cuestiona la acción de los profesionales, promueve la segregación de los jóvenes en función de su procedencia o de su situación personal, poniendo en riesgo la estabilidad de estos menores y de la intimidad de estos menores... Es una aberración que daña seriamente el prestigio de la comisión de Peticiones. Nosotros tampoco vamos a votar a favor de este informe, que es una auténtica pantomima. Nosotros no vamos a formar parte de este teatro que ha promovido el PP español, la derecha española de Vox y la derecha española de Renew”.
A continuación, ha intervenido el portavoz de la extrema derecha, Jorge Buxadé: “Que se olviden de toda su verborrea. Sometamos a votación el informe y sigamos adelante con los trabajos”.
En ese momento, han empezado a salir de la sala eurodiputados de los grupos progresistas, que finalmente no participaron en la votación, que arrojó un resultado de 20 votos a favor y uno en contra. “Quiero dejar constancia, ya que hay algunos diputados que se levantan”, ha dicho Montserrat, “que continuamos la votación porque hay quórum. El quórum es más de nueve diputados y en la sala hay más de nueve diputados. Por tanto, quiero dejar constancia para que quede grabado que, como hay quórum, continuamos la votación como estaba previsto en el orden del día”.
El informe: “La región con más niños en peligro de toda España”
El texto final opta por mantener abierta la petición que en su día transmitió a la comisión de Peticiones de la Eurocámara José Luis Sánchez Saliquet, un empresario balear y candidato de Vox al Senado, que denunciaba como “insostenible” la “inacción y el silencio del gobierno balear” ante el caso de 16 menores tuteladas por el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) víctimas de abusos sexuales, informa Efe.
Así, el documento aprobado sostiene que, “en vista de la gravedad de la situación, y del hecho de que Baleares es la región con más niños en peligro de toda España, la aplicación de las medidas propuestas debe ser objeto de un estrecho seguimiento”. Los eurodiputados recomiendan “aumentar sustancialmente los recursos del sistema de protección agilizando todas las investigaciones de los casos de abuso o explotación infantil, especialmente teniendo en cuenta el riesgo potencial de encubrimiento político”.
El informe también considera necesarios protocolos y planes de acción y prevención para “posibles víctimas de abuso y para la identificación temprana de casos de abusos sexuales y explotación, así como para evitar las presiones políticas”; y pide promover la creación de figuras de mediadores que aporten un “acompañamiento complementario a los menores” más allá de los tutores y equipos profesionales y que faciliten “la creación de un vínculo de confianza que complete la calidad de los sistemas de cuidados y contribuyese a minimizar los riesgos psicosociales para los menores”.