El hombre que confesó haber matado a su mujer, de 28 años, y a su hijo, de siete, en Sa Pobla (Mallorca) en 2021 ha presentado un escrito de defensa en el que alega que estaba ebrio y drogado cuando cometió el crimen, y que desconocía que su pareja estuviera embarazada.
Su defensa plantea dos atenuantes muy cualificadas de drogadicción y confesión y solicita una pena de 13 años de cárcel, a sustituir en parte por la expulsión del territorio nacional durante diez años, puesto que el acusado es natural de Marruecos y se encuentra en situación irregular en España.
El abogado de la defensa alega que desde 2007 el acusado es consumidor de alcohol y drogas, principalmente cocaína y heroína, y que había tenido numerosos ingresos hospitalarios en Psiquiatría por intentos de suicidio. Asegura asimismo que el día de los hechos había ingerido grandes cantidades de droga y alcohol y que por ello tenía sus facultades intelectivas altamente mermadas.
Así, la defensa reconoce su culpabilidad sin dar más detalles acerca del doble crimen más allá de que “mató” a su mujer e hijo. Califica los hechos de dos delitos de homicidio, y no de asesinato.
El abogado también recuerda que el acusado confesó los hechos desde el primer momento, y que fue él quien avisó a las autoridades, con las que colaboró durante la investigación.
La mujer estaba embarazada de 20 semanas
Cabe recordar que las tres acusaciones, Fiscalía, Govern balear y la abogada de la familia, piden prisión permanente revisable para él. Esta condena máxima la plantean por el asesinato del menor; por la muerte de la mujer, la Fiscalía pide 25 años; y añade, en concurso de delitos, el de aborto.
En cambio, la familia plantea el aborto inconsentido como un delito independiente, y pide tres años de prisión por él. A ellos suma otros tres años más por maltrato con agravantes de parentesco.
En el momento de los hechos la mujer estaba embarazada de alrededor de cinco meses (semana 20-21 de gestación). El Ministerio Público destaca en su escrito que el acusado era consciente de que con sus acciones provocaría no sólo la muerte de su mujer sino también la del hijo en común próximo a nacer.
Además de la pena de cárcel, el fiscal solicita una indemnización para los padres de la mujer --a su vez abuelos de la otra víctima-- en la cantidad de 174.677 euros, y a los hermanos de la fallecida con casi 80.000 euros, cada uno.
El fiscal: “Fue una muerte agónica”
El doble crimen tuvo lugar el 16 de mayo de 2021, sobre las 19.00 horas. El acusado se encontraba en el domicilio familiar con su mujer, con la que mantuvo una discusión.
Según la Fiscalía, el hombre golpeó a su mujer en la cabeza con un cincel, y al percatarse de que seguía con vida, forcejeó con ella y la estranguló. El fiscal resalta que le provocó “una muerte agónica” y que lo hizo en presencia del hijo que tenían en común.
El fiscal relata que, “de forma sorpresiva y sin posibilidad de defensa”, el hombre cogió al pequeño por el cuello y también lo estranguló.
Tras esto, el hombre abandonó la vivienda. Al día siguiente, sobre las 16.15 horas, envió un mensaje a su cuñado informando de que su hermana estaba muerta y dónde se encontraban los cuerpos; más tarde, hacia las 20.00 horas, llamó a la Guardia Civil para confesar que había matado a su mujer e hijo.
Episodios de maltrato
La acusación particular añade a este doble crimen episodios de maltrato previos. La defensa no se pronuncia expresamente sobre ellos, más allá de negar de pleno las versiones de las acusaciones.
Según la abogada, durante la convivencia de la pareja en el domicilio familiar, el acusado habría agredido en diferentes ocasiones, física y verbalmente, tanto a la mujer como al hijo común de ambos.
Existían antecedentes por violencia de género, ya que la mujer había denunciado al menos dos veces a su pareja. La entonces delegada del Gobierno en las Islas, Aina Calvo, negó que se produjeran fallos en el seguimiento de la víctima, que había vuelto a convivir con el asesino a pesar de dos denuncias por malos tratos en 2012 y 2018. Según explicaron desde Delegación, la denunciante salió del programa voluntariamente argumentando que no existían síntomas o riesgo de amenazas.
El caso lo juzgará en la Audiencia Provincial de Balears un Tribunal del Jurado.