Alberto Pedraza, el colaborador de Villarejo que quiere explotar los codiciados amarres de Ibiza

Los amarres de barcos son un pastel goloso en Balears. En Mallorca, hasta 283 se encuentran en estos momentos a la espera de ser adjudicados a embarcaciones destinadas a la práctica deportiva o a la pesca sin ánimo de lucro, mientras que, en Eivissa, 90 están pendientes de licitación para lanchas de náutica recreativa. Sin embargo, la sombra de la corrupción planea desde hace décadas sobre la gestión de este ámbito. Las concesiones de atraques de forma irregular y los contratos de dudosa legalidad han sido objeto de investigación en varias causas judiciales e incluso un juez llegó a calificar de “corrupción sistémica” la situación de abusos y amaños desplegada durante años en algunos de los puertos de las islas.

Balears, con más de 22.000 amarres distribuidos en hasta un total de 55 puertos, es la segunda Comunidad Autónoma con un mayor número de atraques de náutica recreativa, tan sólo por detrás de Catalunya, según los datos que maneja la Autoritat Portuària de las islas (APB). Aproximadamente un 29% de todos ellos se encuentran en manos de los clubes náuticos, entidades sin ánimo de lucro cuya labor se centra, principalmente, en fomentar el deporte de vela y piragüismo desde la base. Desde hace varios años, los clubes denuncian una situación de “indefensión legal” que podría abocarles a la desaparición en favor de las grandes marinas mercantes.

El foco está ahora puesto –como en los últimos años– sobre el Club Náutico de Eivissa, donde se dirime la adjudicación de la nueva concesión temporal de las instalaciones, en manos del club del mismo nombre. Al procedimiento concurren tanto el Club Náutico de Ibiza (CNI), fundado en 1925 y encargado de la gestión de estos equipamientos desde 1970, como Puertos y Litorales Sostenibles SL, que el año pasado ya fue elegida como la oferta más ventajosa en el concurso para la explotación de la dársena de embarcaciones menores en el puerto de la Savina (Formentera).

En concreto, en junio de 2022 se publicaron las bases del concurso para la gestión de una instalación náutica para pequeñas y medianas esloras en el puerto de Eivissa, consistente en una superficie total de 29.309 metros cuadrados (22.596 metros cuadrados de espejo de agua y 6.713 metros cuadrados de superficie en tierra), con especial atención al fomento y enseñanza del deporte que sea un referente en responsabilidad social en el sector náutico.

Condenado por estafa procesal y falsedad

El próximo mes de mayo prevé finalizar la última de las concesiones otorgadas al CNI –los clubes náuticos pueden optar a prórrogas, ampliaciones de plazo o nuevas concesiones de acuerdo con los criterios fijados en la Ley– y está en liza conocer si esta entidad continuará al frente de la gestión. Una de las disputas que hay sobre la mesa no es baladí. El CNI acusa a Puertos y Litorales Sostenibles de concurrir a la licitación de forma irregular, dado que su administrador “de hecho”, el empresario Alberto Pedraza, fue condenado por la Audiencia Nacional, el pasado mes de diciembre, a once meses de prisión por estafa procesal agravada y falsedad en grado de tentativa por intentar apropiarse de unos cinco millones de euros de una empresa que había proyectado la construcción de una urbanización en Gdansk (Polonia).

Pedraza figura, además, en las grabaciones del excomisario José Manuel Villarejo incorporadas al ‘caso Tándem’, causa en la que, con todo, no figura como investigado. El empresario madrileño recurrió presuntamente al expolicía a principios de 2017 con el objetivo de organizar un plan en favor de los hermanos Cierco, dueños de Banca Privada de Andorra (BPA), extorsionar a la banca rival, Andbank, y poner contra las cuerdas al Gobierno andorrano, que dos años antes había ordenado intervenir el BPA.

A ojos del Club Náutico de Ibiza, su competidor, a tenor de la condena que recae sobre él, no puede concurrir a la licitación, amparándose para ello en la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP), que prohíbe la contratación a los condenados por delitos de fraudes, así como en las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo Europeo aprobadas el 26 de febrero de 2014 y transpuestas al ordenamiento jurídico español ese mismo año. Por ello, reclama la expulsión de Puertos y Litorales Sostenibles del concurso para la explotación de las instalaciones.

Uno de los documentos en los que el CNI sustenta su solicitud es un informe elaborado por el abogado Manuel Ollé, quien asevera que el delito de estafa procesal se encuadra bajo el paraguas del término genérico “fraude” al que alude la LCSP. El letrado y también profesor de Derecho Penal de la Universidad Complutense de Madrid remarca que la normativa, en su artículo 71, prohíbe contratar a personas condenadas en firme por delitos de fraude, incidiendo en que éste “puede incluir el delito de estafa y, en concreto, la estafa procesal, al configurarse ésta como un ilícito de defraudación”.

Asimismo, apunta a que la decisión acerca de si existe causa prohibitiva de la contratación derivada de una sentencia penal firme es del órgano de contratación, en este caso del Consejo de Administración de la Autoritat Portuària de Balears y de sus miembros. A juicio del CNI, todos ellos “podrían incurrir en responsabilidad si deciden tomarse el asunto a la ligera” y “no tienen en cuenta” las consideraciones jurídicas que rodean el asunto.

Pedraza niega que la condena le impida presentarse al concurso

elDiario.es ha intentado ponerse en contacto con Pedraza, pero no ha obtenido respuesta. No obstante, hace un mes y medio remitió un comunicado al diario La Gaceta Náutica en el que negaba que la pena que le fue impuesta por la AN le inhabilite para concursar por las instalaciones del CNI, dado que, según alega, en su caso no es aplicable la LCSP por cuanto no ha sido sentenciado por delitos de “corrupción en los negocios”.

Desde el CNI rebaten, sin embargo, los argumentos de Pedraza, aseverando –en base al informe jurídico de Manuel Ollé– que el hecho de que la Ley considere la naturaleza jurídica de las estafas como un delito de defraudación “hace que éstas sean un delito de fraude”. El documento señala, además, que la condena que le fue impuesta “no es por el tipo básico de estafa, sino por el tipo agravado de estafa procesal”, lo que la convierte en un ilícito “genuino de fraude” por el que “se engaña a un juez […] a través de perversas o falsarias manipulaciones probatorias que provocan en el juzgador error en su valoración, con la finalidad de que se dicte una resolución no ajustada a la realidad y, por tanto, no ajustada a Derecho”.

Por su parte, la Autoritat Portuària de Balears, órgano que deberá decidir sobre la concesión, su presidente, Javier Sanz, explicó que, tras analizar la sentencia de la AN, los servicios jurídicos de la APB han constatado que los delitos por los que Pedraza ha sido condenado “no están contemplados entre aquellos que dan lugar a la prohibición de contratar contemplados en el artículo 71 de la Ley de Contratos”, apuntando, además, que el empresario madrileño no ha sido inhabilitado para el ejercicio de su profesión como consecuencia de la condena.

El Club Náutico de Ibiza considera, sin embargo, que “en los tiempos actuales se hace más necesario que nunca que los contratos de la administración se rijan por los principios de la prudencia y la transparencia”, especialmente en un caso en el cual “lo que se pone en juego es un espacio público dedicado al fomento del deporte y la actividad social”.

La “gentrificación” de los puertos“

En concreto, los clubes náuticos pueden optar a prórrogas, ampliaciones de plazo o nuevas concesión a cambio de determinadas exigencias a sus proyectos: que se fomente la iniciación al deporte y su desarrollo, que sea una iniciativa social y cultural abierta a todos los ciudadanos, que sean proyectos de integración en la que los clubes náuticos sean espacios de vertebración entre el puerto y la ciudad, que se eliminen las barreras físicas, en la medida de lo posible, que impidan que las instalaciones sean abiertas a la población, y que oferten el mayor número de amarres embarcaciones de base y tarifas reducidas.

Como ponía de manifiesto en su día, en declaraciones a elDiario.es, el presidente de la Asociación de Clubes Náuticos de Balears (ACNB), Antoni Estades, el Club Náutico de Ibiza es “el único espacio (dentro del puerto de Eivissa) que actualmente hace náutica social y deportiva. El resto son concesiones empresariales que pagan auténticas millonadas para hacer negocio”. No en vano, el caso de la mayor de las Pitiüses sirve para ejemplificar lo que está ocurriendo también con otros clubes náuticos del archipiélago balear, como el Club Náutico de Palma, el Club Marítimo de Maó (Menorca) o el Club de Vela Port d’Andratx (Mallorca). Un proceso que han denominado como “gentrificación” de los puertos.

Intereses especulativos

Uno de los socios del CNI lanzó, incluso, una petición en la plataforma Change.org: “Veo con preocupación cómo nuestra entidad sin ánimo de lucro está amenazada por leyes que favorecen el interés especulativo en una zona portuaria. Este club no es solo un lugar para los amantes del mar y la vela, sino también un espacio que realiza una gran labor social. Nos dedicamos a acercar el mar a las personas discapacitadas y a inculcar respeto y amor por el océano en los niños que se inician en deportes náuticos”.

La directiva de la ACNB lamenta, en este contexto, la situación de “indefensión legal” que asegura que viven. No entienden que, siendo entidades sin ánimo de lucro que cumplen una función social importante que las administraciones públicas no cubren –como es facilitar y promover la práctica deportiva de la vela y el piragüismo en Balears, los deportes que más medallas olímpicas han aportado a España–, se encuentren en peligro de desaparecer. O, al menos, en claro retroceso. Según advirtieron recientemente, la delicada situación jurídica en la que se encuentran podría derivar, a corto plazo, en “la pérdida de numerosas licencias deportivas, así como en la desaparición de regatas que hoy están plenamente consolidadas”, lo cual también cerraría “el acceso al mar a los residentes”.

“Es una situación gravísima que exige la adopción de medidas urgentes”, alertan desde la ACNB. De lo contrario, advierten, los puertos públicos del archipiélago balear se convertirán “en el negocio privado de unos pocos”.