La Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para el Bienestar de las Generaciones Presentes y Futuras, impulsada por el grupo ecologista GOB, ya es una realidad desde este martes gracias a los votos favorables de los partidos que conforman el Ejecutivo autonómico (PSIB, Unides Podem y Més per Mallorca) y de Més per Menorca. Se trata de una ley pionera en el conjunto del Estado, dado que es la primera vez que una iniciativa de este tipo termina convirtiéndose en ley.
“Las decisiones políticas que se toman hoy deben evaluar de qué manera pueden condicionar a las futuras generaciones”, explica a elDiario.es Margalida Ramis, portavoz del GOB. “La ley tiene una mirada amplia: a partir de los objetivos de bienestar que se establecen, cada administración deberá incorporar un informe de impacto hacia las generaciones futuras, es decir, cómo prevé que la medida puede condicionar el futuro”, detalla Ramis.
La ley establece entre sus objetivos alcanzar la prosperidad social colectiva; la resiliencia; la salud -entendida como una concepción integral, multisectorial y amplia-; la igualdad; la cohesión social; la cultura -en relación con la promoción y la protección del propio patrimonio natural y cultural- y la responsabilidad. La norma ha sido redactada teniendo en cuenta los principios de la Declaración de Río sobre el medio ambiente y el desarrollo, adoptados en junio de 1992, en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas.
Órgano de planificación y evaluación
Esta ley prevé la creación de una comisión que funcionará como un órgano consultivo, independiente y de intervención en los procedimientos de elaboración normativa y de evaluación de la planificación y actuación de las administraciones públicas de las Illes Balears, de acuerdo con lo establecido por la norma. La finalidad de la comisión es “velar por el bienestar de las generaciones presentes y futuras” del archipiélago balear. Concretamente, “contribuir al hecho de que los legisladores y las administraciones públicas respeten y avancen ante los objetivos de bienestar intergeneracional”.
“Es una herramienta de control sobre las políticas públicas”, afirma Ramis, y añade que está pensada no solo para resolver cuestiones inmediatas propias de la “política cortoplacista”, sino que está diseñada para prever escenarios futuros. “Si se aprobara un nuevo plan de carreteras, ahora tendríamos muchos más argumentos para cuestionarlo de cara al futuro”, ejemplifica.
La ley que parte de esta iniciativa popular se ha aprobado solo unas semanas después de que finalizara la primera Assamblea Ciutadana pel Clima de Mallorca, una herramienta de democracia deliberativa que aprobó 56 propuestas para adaptarse a la emergencia climática y que serán tomadas en consideración por el Consell de Mallorca y el Govern. “Es significativo y positivo que estas dos cuestiones coincidan en el tiempo porque son dos instrumentos totalmente novedosos”, destaca Ramis, incidiendo en la idea de que si se hubieran planteado hace cuatro años habría parecido “una locura”. “Ambas tienen esta singularidad de abrir la democracia y hacer partícipe a la sociedad”, recalca.
Son dos instrumentos que, para el GOB, sirven para resituar la toma de decisiones políticas. Es decir, que las inquietudes que surgen desde la base social puedan ser elevadas a los órganos legislativos para que sean tenidas en cuenta por los partidos políticos con representación, en este caso, en el Parlament. Entidades estatales como Ecologistas en Acción, Greenpeace y Stop Ecocidio han firmado el manifiesto de adhesión a la ILP.
“En el caso de la ILP, viene avalada por más de 12.000 firmas individuales recogidas en cuatro meses”, sostiene Ramis. Esta añade que, en el caso de las asambleas ciudadanas, integradas por gente diversa y plural, no están mediadas “por presiones o dinámicas propias de los entornos en los que se toman las decisiones políticas, que muchas veces se toman de espaldas a la ciudadanía”. “Parece que somos los movimientos sociales quienes molestamos, cuando quienes molestan son los que hacen presión para imponer sus intereses”, justifica.
Los partidos progresistas votan a favor
La diputada del PSIB, Pilar Carbonero, se mostró satisfecha por la aprobación de la ILP que, según defendió, ha sido fruto del diálogo y el acuerdo, “la única vía para los retos que se tienen por delante, entre ellos, el más importante, el del cambio climático y su necesaria adaptación”. El diputado de Unides Podem, Pablo Jiménez, defendió que la norma pretende “dar respuesta a la incertidumbre de un futuro cercano”, marcado, según argumentó, “por los cambios irreversibles que supone el calentamiento global, que va aparejado a una emergencia ecosocial”.
En la misma línea argumentaron su voto a favor los diputados de Més per Mallorca y Menorca per Menorca. “Aporta valor añadido a la democracia, complementándola y haciéndola más rica”, consideró Josep Ferrà, portavoz parlamentario de Més per Mallorca. “Estamos legislando, pese a lo que dice la derecha, porque hay un mañana y hace falta otra manera de pensar la labor legislativa y gubernativa”, argumentó Josep Castells, portavoz de Més per Menorca.
En cuanto a los partidos que no apoyaron la norma, el PP justificó su voto en contra de la ley porque aumenta la burocracia en la administración. “Si se quiere solucionar un problema, se nombra un responsable, y si se quiere que este perdure, una comisión”, criticó Toni Costa, portavoz parlamentario del grupo popular. Lo que provoca la norma, defendió Costa, es “aumentar la burocracia, cuando el PP defiende lo contrario, agilizar y desburocratizar la administración”.
En una línea similar se posicionó Maria Antònia Sureda, diputada de Proposta per les Illes Balears (El Pi), en el sentido de que la creación de una comisión que analice el impacto de las leyes que apruebe el Parlament “podría suponer un aumento de la saturación de la Administración”. A diferencia del PP, los regionalistas valoraron la ILP como “muy positiva”, con la que podrían estar de acuerdo en el fondo, es decir, “en la preocupación por el bienestar de las generaciones presentes y futuras”.
En cuanto a Ciudadanos, rechazaron la ley porque, según defendió el diputado Jesús Méndez, “hay una fina línea que separa una idea virtuosa del fanatismo”. Pese a que aseguraron que les “encantan las iniciativas legislativas populares”, criticaron que los promotores de la ILP “parecen no servirles las soluciones europeas al calentamiento global y defienden un nuevo modelo de sociedad, que en vez de avanzar hacia el progreso, encaminan a la ciudadanía a un empobrecimiento”. Según la formación naranja, la ley implica “recorte de libertades, decrecimiento y guerras por una distribución de recursos mezquina”.
Vox, en su línea habitual, anunció que iba a derogar la ley si después de las elecciones de mayo llegaran a ocupar consellerias en el Consolat de Mar, sede del Govern balear. “Si gobernamos, lo primero que haremos en Consell de Govern será anular esta ley que va en contra de derechos y libertades y favorece el pensamiento único”, afirmó el diputado ultraderechista Sergio Rodríguez.