El pleno del Ayuntamiento de Palma, con los votos a favor del PP y la abstención del PSIB-PSOE, ha aprobado este miércoles el proyecto de ordenanza municipal reguladora de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), que entrará en vigor en enero de 2025.
A la medida se han opuesto los regidores de los grupos municipales de MÉS per Palma y Unidas Podemos, quienes han asegurado que el proyecto no tendrá un efecto en la reducción de las emisiones provocadas por los vehículos, y de Vox, que han mostrado su desconfianza en la empresa a la que se le adjudicó la elaboración del informe en el que se basa la propuesta.
De cualquier modo, gracias a la abstención del grupo socialista, la ZBE entrará en vigor a partir del próximo mes de enero para limitar el acceso de vehículos sin distintivo o con distintivo A de la Dirección General de Tráfico (DGT) en el interior de las Avenidas. En 2027 está previsto que las restricciones se apliquen a los distintivos B y, a partir de 2030, solo podrán circular por su interior los vehículos ECO o cero emisiones.
El regidor de Movilidad, Toni Deudero, ha considerado que el proyecto permitirá poner a Palma en la línea de las ciudades cumplidoras con los compromisos comunitarios y las normativas estatales. En ningún caso, ha puntualizado, afectará al servicio que prestan los centros sanitarios y hospitalarios del interior de la zona delimitada, como el Hospital General o la Clínica Rotger, entre otros.
Por su parte, el portavoz adjunto del PSIB en Cort, Xisco Dalmau, ha considerado que la ordenanza, como ya han hecho otras ciudades, es un paso “imprescindible” y de “obligado cumplimiento” para reducir las emisiones causadas por el tránsito de vehículos, aunque ha lamentado que el proyecto no vaya de la mano de más transporte público y una ampliación de las calles peatonales y de la red ciclista.
La portavoz de Vox, Gari Durán, ha argumentado que su rechazo, como ya habían manifestado anteriormente, se debe a la desconfianza que le genera la empresa a la que se le adjudicó la elaboración del informe en el que se basa el proyecto, la cual, a su juicio, carecía de la experiencia necesaria.
También ha lamentado que las mediciones de emisiones solo se realizaran en unos puntos concretos del centro de Palma y no en todo el término municipal. Eso, ha continuado, hubiera sido lo lógico si lo que realmente se pretendía era conocer las zonas más contaminadas de la ciudad.
Por su parte, los portavoces de MÉS per Palma y Unidas Podemos, Miquel Àngel Contreras y Lucía Muñoz, respectivamente, han coincidido en definir el proyecto, de forma irónica, como la “zona de iguales emisiones”, al considerar que no ayudara a reducirlas. Contreras, además, ha reprochado al equipo de gobierno que no haya aprovechado para incluir medidas como la prohibición de entrada a la ZBE de los vehículos de alquiler turístico o restricciones a los camiones de reparto de mercancías.