“Entré en la consulta e intenté explicarle al médico en catalán lo que me pasaba. Digo que lo intenté, porque antes de poder hacerlo me paró y me dijo: 'Me tienes que hablar en español, no te entiendo'. Por su acento, me di cuenta de que era extranjero, pensé que a lo mejor era una persona que llevaba 'cuatro días', como quien dice, en España, así que procedí como hacemos normalmente: claudicar y hablar en castellano”. En estos términos se expresa Francesc (nombre ficticio), un usuario residente en Eivissa que tuvo esta experiencia en el servicio de Urgencias del centro de salud de Santa Eulària des Riu hace tres años.
Según su relato, el año pasado volvió al servicio de Urgencias del mismo centro de salud, donde le atendió, casualmente, el mismo médico. “Empecé a hablar en catalán y me paró, exactamente igual que la última vez: 'No, no, no. Me tienes que hablar en castellano'. No tenía ninguna otra alternativa, porque no había ningún otro médico, así que cambié al castellano”, lamenta Francesc. “Lo que me dolió especialmente es que este profesional, que ya llevaba, como mínimo, tres años viviendo en Eivissa, no había hecho ni el más mínimo esfuerzo para entender, ya no digo hablar, a sus pacientes en su lengua propia”, expresa el afectado, nacido en Eivissa, y que prefiere mantenerse en el anonimato.
Francesc explica que, pese a que el catalán es el idioma propio de las Illes Balears, ya no pide ni que le atiendan en su lengua, “que es un derecho que, por lógica, sería aplicable”. “Lo único que pido es que me puedan entender en catalán”, manifiesta en declaraciones a elDiario.es.
Lo que me dolió especialmente es que este profesional, que ya llevaba, como mínimo, tres años viviendo en Eivissa, no había hecho ni el más mínimo esfuerzo para entender, ya no digo hablar, a sus pacientes en su lengua propia
La experiencia de Francesc pone sobre la mesa uno de los debates que se repite en el archipiélago balear legislatura tras legislatura: si el conocimiento de la lengua catalana debe ser o no un requisito para conseguir una plaza como servidor público, teniendo en cuenta que el Estatut d'Autonomia reconoce, en su reforma de 2007, el derecho de la ciudadanía a conocer y utilizar la lengua propia, sin que nadie pueda ser discriminado por ello. Este derecho también está recogido en el artículo dos de la Ley 3/1986, de 29 de abril, de normalización lingüística, que establece que el derecho a dirigirse en catalán, oralmente o por escrito, implica a la Administración Pública. La normativa que debe regular su uso en la sanidad pública ha ido cambiando con el paso de las legislaturas y los gobiernos, debido a las diferencias entre los distintos partidos políticos.
Durante la primera legislatura del Govern de Francina Armengol (coalición entre el PSOE, Més per Mallorca y Més per Menorca -ecosoberanistas de centro izquierda-), el Ejecutivo progresista aprobó la Ley 4/2016, de 6 de abril, de medidas de capacitación lingüística para la recuperación del uso del catalán en el ámbito de la función pública. Esta ley, que incluye algunas excepciones, volvía a establecer el catalán como requisito para los profesionales de la sanidad pública. En la legislatura anterior (2011-2015), con la modificación de la Ley 3/2007 de la Función Pública del Govern de José Ramón Bauzá (PP), el catalán suponía un mérito, pero no un requisito, para los trabajadores sanitarios.
Crisis en el Govern progresista
La polémica de las últimas semanas se inició después de que el Govern balear (gobernado por una coalición entre el PSOE, Unides Podem y Més per Mallorca) eliminara el requisito de acreditar los niveles de catalán, para el personal de medicina y enfermería, para el proceso de estabilización convocado el 20 de diciembre de 2022 de 4.114 plazas. En la actualidad, se pide un nivel B2 de catalán a médicos y enfermeros y un nivel B1 a auxiliares y el resto de profesionales.
La consellera de Salud (cartera controlada por el PSOE), Patricia Gómez, se defendió justificando que el proceso se había hecho “conforme a la ley de normalización lingüística, que permite excepcionar las categorías deficitarias”. Gómez se refiere a la disposición transitoria segunda de la Ley 4/2016 de medidas de capacitación lingüística, que puede eximir los requisitos de conocimientos de la lengua catalana “excepcionalmente y cuando la prestación asistencial pueda resultar afectada por la carencia o insuficiencia de profesionales”, en referencia a los profesionales del IB-Salut (el servicio público de salud de Balears).
Obra Cultural Balear (OCB), entidad que promueve la lengua y cultura propia de las Balears, presentó el 3 de enero un recurso de reposición contra las bases generales que regulan las convocatorias del proceso extraordinario para la estabilización de interinos del IB-Salut. La entidad entiende que este proceso debe de estar regulado por el Decreto-Ley 6/2022, de 13 de junio, de nuevas medidas urgentes para reducir la temporalidad en el empleo público, que en su disposición adicional tercera indica que las personas que “logren la condición de personal funcionario de carrera o personal laboral fijo”, quedarán obligadas, en el plazo de dos años, “a acreditar el nivel de conocimiento de la lengua catalana exigido para el acceso al cuerpo”. “En el caso del personal sanitario no se aplica la moratoria de dos años, sino que se les concede una exención vitalicia, políticamente inexplicable y jurídicamente impugnable”, afirma la OCB en su escrito.
“El IB-Salut aplica el decreto autonómico 6/2022 a todas las categorías, excepto a tres: médicos y médicas, enfermeras y facultativos sanitarios del grupo A1, a quienes se les aplica la ley 4/2016, que permite eximir del conocimiento de la lengua catalana, ahora y siempre, sin que tengan que acreditarlo en ningún momento”, explica a elDiario.es Miquel Gelabert, secretario general del sindicato STEI, que apoya el recurso presentado por la OCB. “Si no se resuelve a nuestro favor, estamos dispuestos a ir por la vía de lo contencioso-administrativo”, afirma Gelabert.
Armengol rectifica
El conflicto, sin embargo, ha dado un nuevo vuelco en las últimas veinticuatro horas. La presidenta del Govern, Francina Armengol, llegó a un acuerdo el martes por la noche con uno de sus socios de gobierno, Més per Mallorca -que se oponía a la forma en que se había anunciado el proceso-, mediante el cual se aplicará el Decreto 6/2022 que da dos años a los funcionarios para acreditar el nivel lingüístico, según avanzó Diario de Mallorca. De este modo, se podría dar por zanjada la crisis de gobierno que se había iniciado entre el PSIB y uno de sus socios, Més per Mallorca, que había amenazado con presentar dimisiones.
En total, con el nuevo acuerdo, será necesario tener el nivel de catalán en 34 categorías sanitarias, mientras que 15 quedan definidas como deficitarias, y en estas se da un plazo de dos años para conseguir la titulación, según informó la Conselleria de Salud. Con el plazo para presentar solicitudes ya finalizado, el IB-Salut ha recibido documentación de 5.956 solicitantes para unos 2.300 puestos de medicina y enfermería. Por ello, el Govern considera que la mayoría de categorías se pueden cubrir con profesionales con el nivel exigido de catalán. Hay que recordar que inicialmente se declararon deficitarias medio centenar de categorías de profesionales de medicina.
En total, con el nuevo acuerdo, será necesario tener el nivel de catalán en 34 categorías sanitarias, mientras que 15 quedan definidas como deficitarias, y en estas se da un plazo de dos años para conseguir la titulación
Siete de cada diez médicos no son isleños
La mayoría de los profesionales sanitarios que trabajan en la sanidad pública balear llegan desde fuera del archipiélago. Esto significa, en el caso de los médicos y médicas, que siete de cada diez vienen de fuera: un 40% desde la Península y un 30% de fuera de España, principalmente de Argentina, Cuba y Venezuela, según datos del Colegio Oficial de Médicos de Balears facilitados por la Conselleria de Salud del Govern. Los mismos datos apuntan a que en 2025 habrá un déficit de más de 430 sanitarios. Este es uno de los argumentos que suelen utilizar los partidarios de eliminar el requisito del catalán, ya que lo consideran un obstáculo para la llegada de profesionales de fuera de las islas.
“El catalán no es el problema”, aseguró Carles Recasens, presidente del Colegio Oficial de Médicos de las Balears, en declaraciones a IB3. “El médico hace todos los esfuerzos para entender y acercarse al paciente. A día de hoy, en Balears, los médicos atienden en catalán, en castellano, en inglés, en alemán y en el idioma que sea necesario”, resaltó. En la misma entrevista, Recasens apuntó que las cifras que maneja el IB-Salut, en cuanto a la falta de profesionales de medicina, son correctas e indicó que el problema está “en la falta de planificación, no solo en Balears, sino a nivel estatal”. Cabe destacar que la primera promoción de estudiantes que cursan Medicina en la Universitat de les Illes Balears (UIB) terminarán su formación completa en once años. No obstante, Recasens cree que es el “elevado coste de la vida” en las islas el que dificulta atraer a médicos de la Península o incluso retener a los que viven en Mallorca, Menorca y las Pitiüses.
El catalán no es el problema. El médico hace todos los esfuerzos para entender y acercarse al paciente. El problema está en la falta de planificación, no solo en Balears, sino a nivel estatal
El problema principal: la vivienda
La mayoría de los representantes de sindicatos sanitarios consultados por elDiario.es coinciden en señalar que las dos razones fundamentales por las que cuesta encontrar o mantener profesionales son las condiciones laborales y los precios de la vivienda (tanto de alquiler como de compra). “Creo que el problema es la fidelización. Unas catorce personas que tenían plaza fija desde 2019 se marchan ahora a Andalucía. Tenemos muchas renuncias. Un enfermero en Eivissa cobra unos 90 euros más que uno de la Península. Y la vida en Eivissa es insostenible”, lamenta Verónica León, delegada sindical del SATSE en las Pitiüses. León asegura que muchos profesionales llegan a la isla cuando son jóvenes, momento en que no les importa tanto compartir vivienda con compañeros, pero la situación cambia a medida que pasan los años y los sanitarios quieren planificar su vida de manera más independiente.
El problema es la fidelización. Unas catorce personas que tenían plaza fija desde 2019 se marchan ahora a Andalucía. Tenemos muchas renuncias. Un enfermero en Eivissa cobra unos 90 euros más que uno de la Península. Y la vida en Eivissa es insostenible
“Un técnico de cuidados de enfermería, con un horario normal de lunes a viernes, no llega a los 1.500 euros”, explica Rosa Planells, secretaria autonómica del Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) de Balears. “Es imposible pagar una vivienda cuando piden 1.300 euros”, razona Planells. Cuando se le pregunta sobre si el requisito del catalán dificulta la llegada de profesionales de medicina y enfermería de la Península, aclara que, debido a las excepciones que contempla la norma, apenas se les exige. “Se han ido muchos residentes, pero más que nada por la vivienda”, matiza Planells.
Se han ido muchos residentes, pero más que nada por la vivienda
León cree que los problemas aumentarán si se exige la acreditación del catalán a categorías consideradas deficitarias, como medicina y enfermería. “Los hospitales van a quedar descubiertos. La mayor parte de las enfermeras son de la Península. Nos nutrimos de muy pocas enfermeras de la UIB”, asevera.
En la misma línea que el SATSE y el SAE, Joan Latorre, delegado de sanidad del CSIF en las Pitiüses, apunta al elevado coste de la vivienda como el problema principal para atraer o retener profesionales de la salud. “El IB-Salut tampoco hace atractiva la idea de venir, mediante algún complemento (económico) diferencial respecto al resto de España para captar profesionales”, argumenta Latorre. “Si tienen que poner en una balanza cobrar prácticamente lo mismo cerca de su lugar de origen o en un sitio donde económicamente el nivel de vida es inferior, eligen su lugar de origen”, sostiene.
Como explicaba León, cada vez más trabajadores del área de salud de Eivissa y Formentera, con plaza fija, participan en concursos de traslados a otras comunidades que les resultan más atractivas para vivir. “No es gente con contratos cortos o eventuales, sino que lleva años aquí. Hay casos de enfermeros y enfermeras que llevan más de diez años viviendo en Eivissa”, coincide Latorre. “El problema es que el nivel de vida va aumentando, pero las condiciones económicas no”, resume el delegado del CSIF.
El problema es que el nivel de vida va aumentando, pero las condiciones económicas no
Entre las reivindicaciones principales, piden mayor contribución para la fidelización de profesionales; un aumento de las ratios de profesionales por paciente; recuperar la carrera profesional (que supone un complemento económico) que, según el SATSE, no se convoca desde 2017 y un extra económico que permita paliar los inconvenientes derivados de la insularidad y los precios del mercado de la vivienda.
Miguel Lázaro, presidente del Sindicato Médico de Baleares (SIMEBAL), explica a elDiario.es que una de las medidas que podría mejorar la situación sanitaria en las Pitiüses es declarar la zona como “área sanitaria crítica”, un programa específico para lugares con difícil cobertura, que ya se estaría aplicando en otras comunidades autónomas.
Lázaro cita las áreas de Atención Primaria, Oncología, Cardiología, Anestesia y Urgencias como las que más problemas tienen en Eivissa y Formentera. “Se puede considerar que los ciudadanos de las Pitiüses tienen un nivel de asistencia sanitaria de segunda o tercera categoría por la falta de recursos”, manifiesta el presidente de SIMEBAL.
Es decir, según Lázaro, por un lado, hay un problema relacionado con la elevada carga laboral del personal de medicina (cita que tienen unas 1.800 tarjetas sanitarias, cuando la media está en 1.350), con las condiciones organizativas pero también en cuanto a la fidelización de los profesionales. “Todo el mundo sabe lo que cuesta vivir, lo que cuesta alquilar un piso”, asegura. El presidente del sindicato médico balear pone como ejemplo el Hospital de Manacor, que también tiene dificultades para fidelizar personal médico. “Hay una especie de fuga de médicos de la pública a la privada, unos 90 en todas las islas, porque tienen condiciones retributivas mejores y pueden conciliar mejor la vida laboral y familiar”, sostiene Lázaro.
Mejoras en las condiciones laborales y organizativas
El pasado 22 de diciembre, la Conselleria de Salud anunció la mejora de las condiciones laborales y organizativas de los sanitarios, después del acuerdo alcanzado en la Mesa Sectorial de Sanidad con los representantes sindicales de UGT, SIMEBAL, SATSE, CSIF, CCOO y USAE. Entre las mejoras, se aprobó la jornada laboral de 35 horas, la creación de bolsas únicas de trabajo para cada categoría y especialidad, el aumento del precio de la hora de guardia de los médicos hasta los 31,05 euros la hora (día laborable) y el incremento de la retribución a partir de la quinta guardia mensual.
Además, se crearán veintisiete plazas estructurales de medicina de familia, así como la figura del responsable de gestión de los procesos clínico-administrativos -con el objetivo de aumentar la resolución de los expedientes en atención primaria- y una unidad jurídica de desburocratización. Asimismo, el acuerdo estableció un complemento de fidelización para los residentes en Menorca y Eivissa y Formentera de 4.800 euros “para todos aquellos que se incorporen como facultativos especialistas de área durante un periodo mínimo de tres años”.
El presidente de SIMEBAL es el que se ha mostrado más crítico con la decisión del Govern de mantener el requisito del catalán en el proceso de estabilización de interinos que ha convocado el IB-Salut. “Hace unos días, Armengol hizo unas declaraciones que daban la razón a SIMEBAL, que siempre dice que el catalán debe ser un mérito, y habló de que la salud prevalecía sobre la lengua. No es salud o lengua, es salud y acreditación lingüística como requisito. Aquí no hablamos de lengua, cuidado, hablamos de la acreditación lingüística como requisito, que no es lo mismo”, puntualiza Lázaro. “Nadie puede estar en contra de una lengua tan bella como el catalán, que además nos sirve para comunicarnos”, aclara el presidente de SIMEBAL.
Lázaro considera que el cambio de criterio del Govern obedece a un conflicto político “en el cual gana Més per Mallorca y creo que pierde Armengol, porque es obligada a rectificar de un día para otro. ¿Qué pasa? Que las razones que argumentaba hace unos días ya no existen, existen otras”, critica. Para finalizar, el presidente de SIMEBAL arroja un dato: Balears necesitaría 800 médicos y médicas más, entre atención hospitalaria y primaria. “Parece que, en este contexto, el requisito del catalán, evidentemente, complica la gestión sanitaria. Hace más difícil y complicada la tarea de captar y fidelizar los médicos que necesitamos”, concluye.
El requisito del catalán, evidentemente, complica la gestión sanitaria. Hace más difícil y complicada la tarea de captar y fidelizar los médicos que necesitamos
El catalán, en clave electoral
“El catalán es una de las insignias de Més. Llevan las competencias de política lingüística del Govern, además de ser una de sus principales identidades como partido”, explica a elDiario.es Guillermo Bezzina, politólogo de Passes Perdudes, en referencia a la crisis política que se ha generado en las últimas semanas. “En cualquier gobierno de coalición hay un partido grande y otros más pequeños. Estos últimos siempre tienen la necesidad de diferenciarse del 'hermano mayor' para hacer valer su peso en la coalición y evitar ser engullidos por el 'pez grande'. La elección de los temas en los cuales diferenciarse es importante”, analiza Bezzina. Una dinámica que, asegura el politólogo mallorquín, se intensifica a medida que se acercan las convocatorias electorales.
“La salud, lo primero de todo”, afirmó hace unos días la presidenta del Govern, Francina Armengol, para justificar su cambio de posición, rectificado finalmente durante la noche de este martes. Podem, partido de gobierno, pidió una reunión con sus socios del Pacte, antes de que el PSIB y Més per Mallorca llegaran a un acuerdo. “Ser atendido en esta lengua es un derecho”, respondió Aurora Ribot, miembro de la Ejecutiva de Podem Balears, en declaraciones a los medios de comunicación, en los pasillos del Parlament.
El PP, principal partido de la oposición, mantiene la postura que defendió el gobierno de Bauzá. La presidenta del PP balear, Marga Prohens, ofreció hace unos días los votos de su partido al PSIB para impulsar una norma que elimine el requisito del catalán en la sanidad pública. Prohens ha prometido en diversas ocasiones que el catalán volverá a ser un “mérito” y no un “requisito” si el PP volviera a gobernar. Esta posición también la ha defendido hace unos días Dolors Montserrat, portavoz del PP en el Parlamento Europeo.
El mismo argumento defienden Ciudadanos y Vox, estos últimos con una posición más agresiva contra el catalán. “Llevamos años denunciando que el catalán no puede ser requisito”, tuiteó Patricia Guasp, coordinadora de Ciudadanos en Balears. “Lo que habría que blindar en Baleares es la no discriminación del español”, tuiteaba Jorge Campos, portavoz de Vox en Balears.
Los otros dos partidos de la oposición, Més per Menorca (ecosoberanistas de centro izquierda) y Proposta per les Illes Balears (regionalistas de centro derecha) defienden que el catalán sea un requisito para los trabajadores sanitarios públicos. “Todos los servidores públicos tienen que conocer las lenguas oficiales de Balears porque es un derecho de los ciudadanos”, aseveró Josep Melià, diputado del PI en el Parlament, en declaraciones a 'Al Dia' de IB3 Ràdio.
“No puede ser que la postura del Govern con el catalán en la sanidad sea contraria al Estatut d'Autonomia. Esto va de los derechos de los ciudadanos. Apoyo total a las acciones de la OCB y del STEI con impugnar este proceso de estabilización”, declaró, por su parte, Josep Castells, portavoz de Més per Menorca en el Parlament.
El requisito del catalán en la sanidad balear se ha convertido, por lo tanto, en uno de los temas que se colará en la campaña de las elecciones autonómicas y municipales del próximo mes de mayo. El déficit de médicos y enfermeros en las Islas no es, sin embargo, un asunto único del archipiélago: las movilizaciones del personal sanitario en otras comunidades autónomas, con Madrid a la cabeza, muestran las carencias del sistema. Otras regiones, como Andalucía, sufren un déficit estructural de sanitarios, que prefieren ir a trabajar a otros lugares de España atraídos por contratos de trabajo más estables y con mejores salarios.