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Un sacerdote mallorquín denunciado por un presunto caso de abusos sexuales ha reconocido este jueves ante una juez que mantuvo relaciones sexuales con la víctima, pero ha defendido que fueron siempre consentidas y siendo ella adulta.
El hombre estaba citado a declarar como investigado ante el Juzgado de Instrucción número 5 de Palma por una denuncia que la víctima, una mujer con discapacidad, presentó ante la Guardia Civil en 2023. Asegura que el hombre la violó de forma continuada a lo largo de décadas desde su juventud. Junto al sacerdote diocesano ha denunciado a dos jesuitas.
Los hechos que se atribuyen al primero habrían ocurrido entre 1994 y 2020, desde que la víctima tenía 24 años y el hombre, 50. Según han informado fuentes cercanas al caso, el investigado se ha mantenido en todo momento en su versión: que mantuvieron relaciones siendo la denunciante plenamente adulta y, de hecho, por iniciativa de ella, ha sostenido.
El investigado, de avanzada edad y con evidentes problemas de movilidad, ha llegado al Juzgado acompañado de su abogado y ha declinado hacer declaraciones a la prensa.
Por su parte, el letrado de la víctima ha destacado antes de entrar que un procedimiento eclesiástico que precede a la vía judicial fue favorable a su representada, y que el Obispado en su momento admitió “la extrema gravedad de los hechos” y “el dolor físico y psíquico” causado a la denunciante.
“Ahora nos presentamos ante el tribunal del Estado para acusar por un delito de abusos sexuales continuados con abuso de superioridad por su condición de religioso y por haberse aprovechado de su discapacidad”, ha declarado el letrado.
La denunciante quiere llamar a declarar al Obispo
La mujer presentó esta denuncia ante la jurisdicción estatal después de un proceso eclesiástico contra este religioso, por el que fue apartado por parte del Obispado.
En este sentido, el abogado de la denunciante ha pedido que se llame a declarar al obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull, y al vicario episcopal Nadal Bernat, para que informen sobre el proceso dentro de la Iglesia. La acusación pretende que también aporten una sentencia de aquel proceso que fue luego revocada, por la que inicialmente se habría acordado la expulsión del sacerdocio.
El tribunal eclesiástico declaró probadas relaciones sexuales con la víctima pero no que ocurrieran cuando ésta era menor de edad o prevaliéndose el acusado de su discapacidad. El procedimiento sí reconoció que las “conductas impropias” del sacerdote habían “causado daño físico y psíquico a la víctima”, según expresaba el Obispado en un comunicado.
La sanción final le impuso “una vida apartada de retiro, oración y penitencia” con prohibición de celebrar misa en público. El Obispado de Mallorca expresó su “rotunda condena” y su voluntad de cooperar con las autoridades judiciales al comunicar el castigo.
La denuncia de la mujer también se dirige contra dos jesuitas, que están citados a declarar la próxima semana. Les atribuye violaciones continuadas que habrían tenido lugar en distintos puntos de Palma, incluido el Colegio Montesión.
La acusación también ha solicitado que declare la denunciante y ampliar las diligencias seis meses más.