Después de dos años de travesía por el desierto, las vecinas y vecinos de los edificios Don Pepe (Sant Josep, Eivissa), empiezan a vislumbrar, con algunas dudas, el final de una batalla muy dura, que llevó a la mitad de ellos a ser desalojados de sus viviendas. Esta historia es una muy difícil de entender y, sobre todo, muy difícil de explicar, porque está envuelta en una maraña burocrática y urbanística. Todo se remonta al 30 de mayo de 2020, cuando el país continuaba confinado, en medio de las restricciones de la primera ola de la COVID-19, aunque el problema data del año 1964, cuando los edificios fueron construidos (están compuestos de dos bloques: el A, sin licencia y el bloque B, con licencia parcial, según el Ajuntament de Sant Josep).
El 30 de mayo de 2020, cayó un trozo de forjado de uno de los pisos del bloque A. La familia afectada llamó a los bomberos, que después de actuar —sin que ninguna persona resultara herida— dieron parte al Ajuntament. Después de estudiar el estado de la edificación, los técnicos del Consistorio, en un informe, determinan que presenta un daño estructural y que el edificio está “en estado de ruina”. El Ajuntament, basándose en dicho informe, considera que hay que desalojar la escalera 1 del bloque A (hay unas diez familias por escalera) y apuntalar las viviendas.
Silvia Hernández, la presidenta de la comunidad de vecinos, fue junto a su marido la primera persona en ser desalojada. “Me desalojaron el 4 de junio. Estuve dos meses en los (apartamentos) Bon Sol (ayuda habitacional que ofreció el Ajuntament). Luego pagamos 15 días más hasta tener disponibilidad en casa de mi madre”, explica a elDiario.es. Silvia estuvo viviendo allí hasta febrero de 2021. Los precios de la vivienda en Eivissa, tanto para alquilar como para comprar, son tan elevados que Silvia decidió mudarse a un piso en Montuïri (Mallorca), después de haber conseguido en el trabajo —tanto ella como su marido— un traslado. Un piso de unos 65 metros cuadrados con tres habitaciones por el que pagan 700 euros. Unos gastos de vivienda a los que hay que añadir la hipoteca (que los propietarios desalojados siguen pagando) del piso del edificio Don Pepe.
Después vino el desalojo de la escalera 2 del mismo bloque, que no fue apuntalada porque el abogado de la comunidad empezó a interponer recursos contra cada decisión del Consistorio. Poco a poco fueron llegando nuevos desalojos en las escaleras dos, tres, cuatro y cinco (completando el bloque A), después de que el juez desestimara las medidas cautelares que pidieron los vecinos y vecinas para evitarlo.
“El Ajuntament no ha hecho nada mal. Sentencia tras sentencia nos han dado la razón. El edificio A no tiene licencia y el B tiene una licencia parcial (tiene cinco plantas, cuando solo había licencia para construir cuatro), por tanto, están en una situación de fuera de ordenación. Además, se encuentran en un Parque Natural y el uso residencial está prohibido”, explica a elDiario.es Ángel Luis Guerrero, alcalde de Sant Josep y responsable del área de Urbanismo.
Esto quiere decir que, aunque el edificio se pudiera rehabilitar (esta era la lucha política de los vecinos), las leyes no permiten hacerlo, explica el Consistorio. Se da la circunstancia de que estos edificios se encuentran dentro del Parc Natural de ses Salines, espacio natural protegido por el Parlament balear en 2001, situación que no existía en 1964, cuando fueron construidos por una cooperativa de pilotos (la construcción se sitúa muy cerca del aeropuerto de Eivissa).
Además, Guerrero cita dos directrices europeas, así como la ley de Costas para justificar que el Ajuntament tampoco tiene las competencias para modificar dichas leyes. “Los técnicos municipales dijeron que [el edificio] estaba en un estado ruinoso, que había que desalojar y nadie ha podido decir que no. Los informes que aporta la propiedad [la comunidad] dicen que se puede arreglar. No lo discutimos. Lo que decimos es que había que desalojar porque hay un riesgo evidente y somos los garantes de la vida de las personas. Entiendo, eso sí, a los vecinos, dentro de su desesperación”, concluye Guerrero. Esta decisión fue criticada por el PP, que pidió en el Parlament balear cambios en la legislación, citando el modelo catalán.
Los vecinos y vecinas se movilizaron durante meses con protestas, recogida de firmas, reuniones con los políticos del Gobierno municipal, insular y autonómico, asistieron a los plenos e incluso viajaron a Inca (Mallorca) para irrumpir en un congreso que estaba celebrando el PSIB-PSOE, de modo que sus reivindicaciones llegaron al Consolat de Mar. “La ruina técnica era fácilmente rebatible con aquel informe que presentamos, pero la ruina urbanística es insoslayable. Si no hay leyes que permitan darte los permisos, no las hay y punto”, lamenta Silvia.
Esta historia tiene muchos puntos dramáticos, con consecuencias graves en la salud de las personas, especialmente de las desalojadas. Uno de los puntos más terribles, probablemente, es que los vecinos y vecinas que compraron su piso y lo tienen en propiedad (muchos de ellos siguen a día de hoy pagando sus hipotecas) no sabían que estaban comprando una vivienda sin licencia.
“AENA nos dio una subvención en 2013 para cambiar las ventanas porque estábamos dentro de la huella acústica (los edificios están a un paso del aeropuerto de la isla). La anterior administradora que teníamos solicitó una licencia en 2015, pero tenía muchos defectos de forma. Me presenté como presidenta, buscamos la manera y es cuando nos enteramos de la situación”, aclara Silvia.
Aún así, según su versión, contrataron una empresa de asesores urbanísticos que les dijo que con una comunicación previa y la aprobación de todas las administraciones, tal vez podrían hacer la reforma del edificio que querían hacer y que iba a correr a cargo de la comunidad. Cuando estaban en medio del proceso (dos vecinas consultadas corroboran la versión de Silvia), cayó el forjado de aquel piso del bloque A y la situación cambió completamente.
Anisa Mohamed, de 47 años, y Eduardo Gomariz, de 49, vivían en la escalera cuatro del bloque A, en la segunda puerta del primer piso. Tienen una hija de 15 años, un hijo de 25 y un perro. Compraron su vivienda en julio de 2004: primero firmaron una hipoteca con Bancaja y al cambiar al Banco Santander en 2007 tuvieron que cambiar todo el papeleo, motivo por el que tienen dos escrituras, asegura Anisa.
Fueron desalojados el 17 de diciembre de 2021, a las puertas de la Navidad, aunque, en un principio, pensaban que este se produciría el 17 de junio de 2021. “Lo viví con muchos nervios, con mucha ansiedad, mucha angustia y muchas noches sin dormir. La policía, que venía cada dos por tres, incluso el fin de semana, no tiene culpa. Los mandaba el señor alcalde [Ángel Luis Guerrero]”, explica Anisa, con mucho nerviosismo.
Josep Marí Ribas fue el alcalde de Sant Josep hasta febrero de 2021, momento en que dejó de liderar el gobierno municipal para pasar a ser el conseller de Movilidad y Vivienda del Govern balear. Guerrero, primer teniente de alcaldía y concejal de Urbanismo, se hizo con el bastón de mando de Sant Josep después de la renuncia de Marí Ribas, alcalde del municipio durante unos diez años (en dos etapas). “El tema de los apartamentos Don Pepe debe de haber sido, en mi larga y dilatada carrera política, probablemente, una de las cosas que más me ha hecho sufrir, porque ha sido un drama para mucha gente. La gente lo ha vivido de una manera muy directa y me ha afectado de una manera muy importante también”, asegura Marí Ribas en conversaciones con este periódico.
Don Pepe debe de haber sido, en mi larga y dilatada carrera política, probablemente, una de las cosas que más me ha hecho sufrir, porque ha sido un drama para mucha gente
Desde el momento en que supo que iba a ser desalojada, Anisa empezó a tomar ansiolíticos primero y antidepresivos después. “La primera noche dormí dos horas”, afirma. “Mi hija ha tenido tres ataques de ansiedad. Mi marido y mi hijo lo han pasado muy mal. Intentaban ayudarme, pero lo llevaban muy mal”, asegura. Anisa se siente muy agradecida por los Servicios Sociales del Ajuntament, la psicóloga que la atendió y por su médico de cabecera. “Fui a pedir ayuda llorando al médico porque no podía más, mi cabeza iba a reventar. La mandíbula me temblaba muchísimo. Pensaba que me iba a dar algo. No hay palabras para explicar la situación y me han estado ayudando (el médico, la psicóloga y Servicios Sociales)”, relata. Durante este tiempo, Anisa ha estado dos meses de baja laboral en dos periodos distintos, por motivos de salud.
Pese a que el Gobierno municipal financiaba los dos primeros meses de alojamiento en los apartamentos Bon Sol (en algunos casos los alquileres fueron ampliados), la familia de Anisa no quería ir y buscó piso unos días antes de ser desalojada. Lo encontraron al poco tiempo, hablando con un vecino que les explicó que un conocido suyo alquilaba una vivienda, contactaron con el propietario y la alquilaron. Pagan 1.200 euros de alquiler más gastos (que hasta ahora han pagado con las ayudas del Ajuntament y del Consell de Eivissa), a lo que hay que sumar el dinero que pagan de la hipoteca de su piso del Don Pepe, más recibo de luz y comunidad.
Además de las ayudas al alquiler pagadas por el Consistorio, el Consell de Eivissa abrió una línea de ayudas de 2.500 euros para las personas desalojadas que vivía en régimen de alquiler y 10.000 euros para los propietarios (siempre que estuvieran censados en la isla, ya que las administraciones públicas de Balears no pueden dar ayudas económicas a propietarios empadronados fuera de la isla, asegura el Ajuntament), que ascienden a 11.000 si tienes un hijo menor a tu cargo. Todas las ayudas son tramitadas por el Consistorio. Hay unas bases y los vecinos que quieren acogerse tienen que justificar ante la administración que son aptos para recibirlas. En estos momentos, los vecinos y vecinas desalojados están esperando a las ayudas económicas que financiará el Govern, a través del Ajuntament, para pagar el alquiler de septiembre.
Ella trabaja como personal de limpieza de Citubo; su marido es albañil y su hijo mayor está trabajando de temporada. Tienen mucho miedo de que no lleguen las ayudas porque no sabrían cómo afrontar los gastos del alquiler, hipoteca, asociados a la vivienda, alimentación, la cuesta de septiembre (empieza el instituto), etcétera. “El Govern de las Illes Balears ya ha aprobado esta línea de ayudas directas que tramitará el Ajuntament. Hemos recibido esta orden, estamos redactando las bases para poder adjudicar el dinero. Son 700 euros por apartamento en función de la carga familiar. Si vives solo, 500 euros. Si tienes una familia con cuatro miembros, son 1.200 euros”, aclara Guerrero, que indica que espera tener toda la tramitación lista antes de que acabe el mes de agosto. “Saldrá publicada [en el BOIB] a finales de agosto o principios de septiembre. Es lo que transmití a los vecinos y vecinas”, comenta.
Sorina Urian (administrativa) vive junto a su pareja Alin Urian (trabajador de una empresa de transportes de camiones de agua), ambos de 42 años, y su hija de 5 en la escalera 10 del bloque B, en el quinto piso, segunda puerta. Compraron la vivienda el 23 de diciembre de 2019 por 180.000 euros, cinco meses antes de que se produjeran los primeros desalojos del bloque A. “Cuando nos dijeron que estábamos fuera de ordenación nos quedamos en estado de shock”, explica Sorina, que asegura que tampoco conocía la situación en la que se encontraba el edificio, hasta que llegaron las notificaciones de desalojo. “En mi nota registral está todo correcto, mi banco me dio un préstamo. El banco, claro, después dijo que jamás daría un préstamo sobre una vivienda si supiera que estaba fuera de ordenación”, señala.
Los vecinos y vecinas del bloque B, aunque no han sido desalojados, vivían con la angustia de pensar que podían ser los siguientes. “En Eivissa los alquileres están a 1.200 o 1.300 euros y pagando una hipoteca es casi imposible”, lamenta. Sorina no ha estado tan mal de salud como Anisa, pero sí que reconoce haber estado muchas noches “con ansiedad, sin poder dormir y con mucho miedo”. Preguntada sobre si su hija era consciente de lo que pasaba, asegura que nunca le explicaron que a lo mejor se tenían que ir, pero la pequeña sí se enteraba de que algo ocurría.
“Me pasé muchos días fuera del barrio porque me preguntaba por qué había tanta gente (policías, fotógrafos, cámaras de televisión, periodistas…). Había pancartas, carteles [de protesta]... ‘¿Por qué viene la policía? ¿Y por qué viene este señor con la cámara?’, me preguntaba. A una nena de 5 años es difícil explicarle que igual nos tenemos que ir de nuestra casa”. Como anécdota, asegura que le dijo a su hija que las pancartas que había extendidas formaban parte de un concurso de dibujo entre los vecinos y el Ajuntament y que el mejor ganaba. “No sabía cómo explicarle la cosa”, añade.
Había pancartas, carteles (de protesta)... ‘¿Por qué viene la policía? ¿Y por qué viene este señor con la cámara?’, me preguntaba mi hija. A una nena de 5 años es difícil explicarle que igual nos tenemos que ir de nuestra casa
La solución política al conflicto es la construcción de un nuevo edificio (o dos) para los vecinos, para lo cual Ajuntament, Consell de Eivissa y Govern han firmado un protocolo de intenciones, que debería cristalizar, a finales de año, en un convenio (permuta) para trasladar la edificabilidad de las viviendas de los Don Pepe por las de nueva construcción. Serán viviendas de protección oficial (VPO), de titularidad privada y a precio tasado. Eso quiere decir que si el propietario quiere vender, la vivienda tendrá un precio máximo y el Instituto Balear de la Vivienda (IBAVI) tendrá derecho de tanteo y retracto.
La operación, desde un punto de vista urbanístico, no es sencilla. “Hemos negociado con dos propietarios la cesión de dos terrenos, cada uno de 8.000 metros cuadrados, a cambio de quedarse con unos terrenos de unos 4.000 y pico metros, como suelo urbano, es lo que se conoce como Suelo Urbano Directamente Ordenado (SUDO). Está contemplado en la ley”, explica Guerrero.
Sant Josep, así como el resto de la isla, tiene cada vez menos suelo para construir, con lo cual, el Consistorio ha buscado un terreno en suelo rústico que tiene que convertir en urbano. Esto lo puede hacer el Ajuntament sin la ayuda del Consell de Eivissa, pero según explica Mariano Juan, conseller de Gestión del Territorio del Consell, el procedimiento se podría alargar entre tres y cuatro años. Con la intervención del gobierno insular, los plazos se reducirán a seis meses.
“Llevamos un año y medio, aproximadamente, negociando con el Ajuntament de Sant Josep unas normas provisionales y transitorias. Esto significa suspender su planeamiento urbano y sustituirlo por un planeamiento provisional, aprobado por el Consell Insular, inicialmente y definitivamente porque hay una causa de interés público (problemas urbanísticos que tiene el municipio en suelo urbano a causa de situaciones pasadas)”, explica a elDiario.es Juan.
Cuando el Ajuntament informe al Consell Insular dónde están esos terrenos (solo se sabe que se sitúan entre Sant Jordi y Platja d’en Bossa), asegura Juan, la cuestión de los Don Pepe se introducirá en las normas provisionales (tienen que ser aprobadas primero en el Ajuntament y luego en el Consell para su aprobación definitiva). Para ello, el Consell tiene que reclasificar los terrenos, que pasarán de suelo rústico a suelo urbano, y así poder edificar. “Pediremos la suspensión de nuestro planeamiento al Consell Insular y la aprobación de esta norma provisional”, coincide Guerrero.
Cuando el Govern conozca la ubicación de los terrenos, se procederá a redactar el proyecto, que depende de la Conselleria de Vivienda. “El alcalde [Ángel Luis Guerrero] me ha dicho que nos dará la planimetría muy pronto, seguramente este mes de agosto”, asegura Marí Ribas, conseller de Vivienda. Hasta que no se conozcan las ubicaciones, explica Ribas, los arquitectos no pueden apenas trabajar en el proyecto. “Tenemos unas primeras bases de cálculo, que son un número determinado de metros cuadrados, un número determinado de viviendas que se tienen que hacer, etc. Pero claro, para hacer un proyecto, incluso para calcular su coste de una manera mínimamente rigurosa, necesitamos saber dónde se ubicará el edificio”, asevera.
Aunque todavía es pronto para hablar del precio final de las viviendas, Guerrero afirma que han calculado que costarán entre 13 y 15 millones de euros. Serán financiadas por el Ajuntament y el Govern, y el Consell de Eivissa aportará fondos también “si fuera necesario”, según consta en el protocolo de intenciones que firmaron las tres instituciones. Lo que está por ver es si los vecinos y vecinas que son propietarios tendrán que pagar alguna cantidad también para adquirir sus nuevas viviendas a través de la permuta. Según Guerrero, las instituciones estudiarán cuál es el valor actual de los edificios Don Pepe y cuál será el valor de los nuevos, para determinar cómo recibirán los vecinos la permuta.
Silvia destaca que desde que las tres administraciones implicadas, de distinto signo político (en Sant Josep gobierna el PSOE con Unides Podem; en el Consell de Eivissa, el PP con Ciudadanos y en el Govern balear, el PSOE con Unides Podem y Més per Mallorca), se pusieron a trabajar conjuntamente, se ha ido cumpliendo cada medida que dijeron a los vecinos y vecinas que iban a poner en marcha. Sin embargo, tanto ella, como Anisa y Sorina, creen que esta solución, que todavía se tiene que plasmar legalmente con la firma del convenio, no hubiera sido posible si no hubieran luchado y peleado tanto desde hace más de dos años.
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