Los ecologistas denuncian el aumento de la pesca ilegal en Balears: hasta 3.000 euros al mes por ser pescador furtivo

Una “hemorragia de dinero y puestos de trabajo que hay que frenar urgentemente”. Es lo que para la Fundación Marilles, volcada desde Balears en la conservación del mar, representa la pesca ilegal en el archipiélago. Se trata de una actividad ilícita que, según las investigaciones llevadas a cabo por la entidad, puede llegar a proporcionar unos 3.000 euros al mes a los pescadores furtivos altamente especializados, conjurados en algunos casos con pescadores profesionales y recreativos con el objetivo de “blanquear” las capturas. Desde Marilles apuntan, incluso, a la existencia de grupos organizados que venden el género de forma clandestina, fuera del control sanitario, y emplean sofisticados sistemas de aviso para no ser interceptados.

La entidad, junto a otras asociaciones conservacionistas como Mallorca Preservation, Menorca Preservation, Eivissa Preservation, Conservation Collective y Blue Marine Foundation, ha puesto sobre la mesa el debate en torno a una problemática que, pese a representar -según el Govern- un porcentaje mínimo de la pesca en la Comunidad Autónoma, afecta a todas las islas y es “preocupantemente tolerada” por todos los sectores que, de la barca al plato, participan en la captura, comercialización y consumo del pescado autóctono.

“Creemos que Balears puede ser un referente a nivel mediterráneo y mundial en materia de conservación marina. Es una visión compartida por grandes sectores de la sociedad isleña. Pero entonces es cuando te pones a trabajar para hacer las cosas bien y te das cuenta de que es como si estuvieras llenando un cubo que tiene un agujero dentro por donde estás perdiendo el agua. ¿Y cuál es este agujero? La pesca ilegal y todos los furtivos e infracciones que ocurren en el mar”, afirma, en declaraciones a elDiario.es, el director de Marilles, Aniol Esteban.

En concreto, el Govern balear estima en 1.200 las toneladas de pescado que, cada año, capturan los más de 50.000 pescadores recreativos con licencia (que engloban más de 12.000 licencias de barco, 1.500 de pesca submarina y 35.000 de pesca desde tierra) existentes en las islas. Sin embargo, desde Marilles consideran necesario realizar un estudio completo para definir con certidumbre esta cantidad.

Y es que, según la entidad, una parte de las capturas de la flota profesional no llega a pasar nunca por los mecanismos obligatorios previos a su comercialización (pasar por lonja en Mallorca o por báscula en las cofradías de Ibiza o Menorca) y son vendidas directamente a particulares y restauradores para evitar el pago de impuestos. Sus cálculos estiman entre un 30 y un 40% las extracciones no declaradas por la flota profesional, aunque estas varían por especies y épocas del año. Con todo, Esteban asevera que el fenómeno de la pesca ilegal “está presente en todas las comunidades mediterráneas y atlánticas” y Balears es una de las regiones que “más recursos destinan a frenarla”.

“Hay mucha gente que se siente afectada por este problema, porque hay un problema, hay un incentivo económico clarísimo. Si tú vendes en negro no pagas impuestos y si tú compras en negro no pagas IVA. Con lo cual el que compra a furtivos y el que vende saben que pueden estar haciendo una competencia desleal y saltándose también las normas sanitarias y de higiene. Es un problema sistémico que está presente en todas las islas y que requiere acción a todos los niveles”, abunda Esteban.

Se trata de una práctica que, según el responsable de Marilles, se registra sobre todo en las artes menores ya que las barcas más pequeñas “no están tan controladas como las grandes”. Algunas de ellas cuentan con una potencia de motor más elevada de lo permitido por la Unión Europea (500 caballos), lo que en ocasiones ha facilitado detectar el acceso de los barcos de arrastre en zonas en las que no les está permitido faenar. La pesca de arrastre es, tal como denuncian las entidades ecologistas, el arte de pesca más perjudicial para los fondos marinos, con un elevado impacto ambiental cuyas consecuencias, en muchos casos, son irreversibles.

“La pesca de arrastre de fondo captura todo a su paso. Destruye los fondos donde crecen gran cantidad de algas, plantas, como la Posidonia oceánica y otros organismos, ya que el arte está en contacto directo con el fondo marino mientras es arrastrado y cada vez se usan artes que escarban más en el lodo”, apuntan, por su parte, desde Greenpeace. Según detallan, estas embarcaciones arrastran sus redes armadas de pesadas puertas por el fondo marino, “destruyendo los hábitats bentónicos que encuentran a su paso, cuya integridad en muchos casos es crucial para la supervivencia de las especies comerciales”. El 11% de la flota pesquera balear pertenece a esta modalidad.

Más allá de estas consideraciones, el Ejecutivo balear se muestra tajante: “Parece como si en Balears tuviéramos un desastre de pesca ilegal cuando en realidad no la hay”, asevera, en declaraciones a elDiario.es, el director general de Pesca y Medio Marino, Joan Mercant, quien sí alude a la existencia de “algunas irregularidades” pero no de pesca ilegal “como entendemos nosotros de pescar con dinamita o con redes prohibidas. Hay pequeñas infracciones y algunas no tan pequeñas que hay que perseguir, pero no lo consideramos pesca ilegal”.

Implantación de cajas verdes en los barcos

Mercant subraya que su departamento está implantando cajas verdes en todos los barcos de artes menores, un dispositivo que ya se encuentra regulado en Andalucía y Murcia. Se trata de unos equipos de localización que informan cada tres minutos de la posición geográfica de las embarcaciones, así como de la velocidad y el rumbo de cada una de ellas. “Esto nos permite hacer un seguimiento que nos ayude primero a controlar y segundo a ordenar de alguna manera la pesca. Y son los propios pescadores los que nos han animado a hacerlo ya, porque todos quieren hacerlo bien”.

A juicio del responsable de Pesca, “lo que les duele” a los profesionales de la pesca “es que el que lo hace mal gane más dinero que ellos y encima tenga impunidad. Pues no, todo el mundo quiere hacerlo bien, y que los pocos que lo están haciendo mal también lo hagan bien. Están preocupados por mejorar en este sentido, porque es mejorable, desde luego, pero no significa que haya un desastre”, recalca.

Sobre la cantidad de pescado que podría no declararse al fisco, señala que “es muy difícil estimar, pero en todo caso no creemos que sea un porcentaje muy alto porque, además, no le interesa a nadie. Por ejemplo, en Balears tenemos el decreto de profesionalidad, necesario para conseguir ayudas y entrar en centros de reservas marinas y, para ello, se exigen unos mínimos de ventas y unos mínimos de técnica declaradas”.

Balears cuenta, además, con una avanzada normativa contra las irregularidades que se cometen en sus costas así como con una regulación en materia de reservas marinas de interés pesquero que vela por su protección a través de un intenso servicio de vigilancia. Su objetivo: evitar las capturas más allá de las artes menores, el marisqueo y la pesca recreativa. Como apunta Mercant, se trata de unos espacios que aportan “unos beneficios medioambientales muy reconocidos” mientras los pescadores “han descubierto que pescando así les funciona no igual, sino mejor que antes”. “Somos precursores en este sentido y nos sentimos muy orgullosos por ello”, añade.

El estudio elaborado por Marilles asevera que la impunidad se extiende en un sector, el pesquero, “históricamente caracterizado por la opacidad que lo envuelve y donde la denuncia es una excepción”. “Hay miedo y muchos conflictos de interés”, subraya un profesional de la vigilancia y control que ha participado en el estudio de la plataforma: “Todo el mundo lo sabe, pero nadie denuncia”. Incluso cuando se abren expedientes, incide la Fundación, muchas de las sanciones (con multas que oscilan entre los 300 y los 30.000 euros) acaban siendo archivadas por la falta de instructores en la Administración. “Es una situación un poco siciliana en cierto sentido”, comenta Esteban.

Respecto a las especies más afectadas, se trata principalmente de las que se conocen como “pescado de calidad” y poseen un alto valor comercial. Entre ellas, el cabracho o “caproig” (Scorpaena scrofa), el dentón (Dentex dentex), las langostas (Palinurus elephas), el mero (Epinephelus marginatus), el corvallo (Sciaena umbra), el pez de San Pedro (Zeus faber), la serviola (Seriola dumerili) y el atún (Thunnus thynnus). También el calamar (Loligo vulgaris) es una especie objetivo cuya venta ilegal a restaurantes y particulares ha sido documentada. 

Según el informe de Marilles, si un pescador furtivo o profesional vende ejemplares directamente a particulares o restaurantes lo hace con una rebaja de en torno al 30% del precio real. Y precisa que cuando se producen inspecciones en cocinas, algunos negocios presentan facturas falsas para justificar una compra legal que en realidad se ha efectuado directamente a furtivos. Para evitar que el impacto del fusil sea visible, se suele trocear el pescado rápidamente para hacerla indetectable, una táctica innecesaria en caso de haberse utilizado red o anzuelo.

En las aguas del archipiélago operan equipos de inspectores de distintas administraciones. En concreto, ocho agentes de inspección del Govern y cuatro procedentes del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación coordinados con el objetivo de evitar el furtivismo y las prácticas ilegales, además de los vigilantes desplegados en las reservas marinas. “Pero los esfuerzos y recursos actuales son claramente insuficientes para garantizar el cumplimento de la normativa y evitar las infracciones, tanto en mar como en tierra”, lamentan desde Marilles.

Por su parte, desde Oceana señalan que para poder estimar el verdadero impacto de la actividad pesquera sobre los ecosistemas marinos es necesario conocer las capturas reales. En este sentido, apuntan a una “diferencia importante” entre los desembarques oficiales y las capturas reales estimadas entre 1950 y 2010 en Balears, siendo las capturas reales 2,3 veces superiores a los desembarques oficiales. Una proporción mayor que en el Mediterráneo peninsular español y el Golfo de Cádiz, pero inferior a la de Córcega, donde las capturas reales se estimaron en cinco veces superiores a las cifras oficiales.

Los efectos devastadores de la sobrepesca industrial

Por su parte, desde Mallorca Preservation subrayan que la sobrepesca industrial ha devastado las poblaciones de peces y ahora sólo el 10% del marisco que se vende en Balears es local, mientras que el resto se importa de pesquerías comerciales de todo el mundo. La mayor parte del pescado restante es capturado por 35 barcos de arrastre mallorquines, que “dañan el fondo marino y tienen una elevada captura accidental de tiburones y peces jóvenes”, a lo que se suma la “gran presión por parte de la 'pesca recreativa' no regulada, que se ha convertido en un negocio comercial ilegal, y las redes de enmalle para langostas siguen enredando indiscriminadamente a especies no objetivo”.

Como apunta la entidad, el 20% del mar balear y el 40% de las aguas interiores se hallan, sin embargo, bajo una forma de protección legal y estas áreas marinas protegidas han empezado a ver restauradas las poblaciones de peces. “Los consumidores están cada vez más concienciados sobre la procedencia del pescado que llevan a su plato y hay una creciente demanda de productos del mar de alta calidad y capturados de forma sostenible, que alcanzan un precio elevado”, subrayan desde Mallorca Preservation.

Desde el Govern, Mercant agradece que las entidades conservacionistas elaboren estudios dirigidos a conocer la situación de la pesca en Balears: “Podríamos discutir muchas cosas, pero creo que siempre es bueno que gente que esté preocupada por el mar intente elaborar documentos con una cierta veracidad. Y esto tiene que ser positivo, tiene que ayudarnos a hacer las cosas mejor”.

Precisamente, el director de Marilles confía en que Balears pueda convertirse en referente a nivel mediterráneo y a nivel mundial en materia de conservación marina: “Tiene unas condiciones muy buenas, es una de las zonas con más y mejor biodiversidad marina conservada del Mediterráneo y con mayor nivel de protección, por encima de la media española y europea. Y creemos que tiene una sociedad bastante concienciada”, subraya Esteban, quien resalta, además, cómo el discurso del sector privado “ha cambiado bastante en los últimos años”. “Aunque aún falta pasar a la acción, es un discurso que tiene muy presente la conservación, lo que permite que haya un contexto social, político y privado económico bastante favorable para que Balears sea líder”, añade.