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El exconseller balear de Turismo Carlos Delgado (PP) será juzgado a partir del próximo 25 de noviembre por el presunto amaño del concurso de privatización de un puerto deportivo de Mallorca del que resultó beneficiaria la empresa Port Olímpic Calanova, vinculada a un exsocio y amigo personal del acusado.
La vista previa por el más conocido como 'caso Calanova' se ha saldado este jueves sin acuerdo en la Audiencia Provincial de Balears, por lo que tanto Delgado como otros cuatro procesados deberán sentarse finalmente en el banquillo: Carlos Gelabert, exsocio del exdirigente popular; Francisco López Hinojosa, propietario junto a éste de la sociedad supuestamente favorecida, el exsecretario general de la Conselleria de Turismo Joaquín Legaza y el empresario Felipe Elvira.
En concreto, la Fiscalía solicita para el exconseller un año y nueve meses de prisión por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias, así como el pago de una multa de 1,1 millones de euros. La Abogacía balear eleva su petición a dos años de cárcel por los mismos ilícitos. Por su parte, Delgado niega haber cometido cualquier tipo de irregularidad durante aquel proceso administrativo, que llegó a definir en su día como “impecable”.
La adjudicación tuvo lugar en septiembre de 2013, cuando Delgado era conseller de Turismo bajo el mandato de José Ramón Bauzá, además de presidente de Ports de les Illes Balears (Ports IB). Los hechos trascendieron después de que un empresario se querellase contra el exdirigente popular y otras empresas concursantes, como Alcudiamar o Curvas Sports, denunciasen irregularidades en el proceso, como el hecho de que la mesa había admitido un nuevo estudio de la ganadora cuando ya no era posible presentar más documentación. Asimismo, sostenían que la baja de precios realizada por Port Olímpic era “temeraria”, pero Ports IB rechazó estos recursos.
El Ministerio Público apunta a que Delgado adoptó decisiones y dictó resoluciones directamente encaminadas a favorecer la adjudicación del concurso a Port Olímpic Calanova, de la que administrador su amigo y posterior socio Gelabert. Como relata el fiscal, la adjudicación generó un desproporcionado beneficio económico a los dos socios de la mercantil, quienes se enriquecieron gracias a la influencia de Delgado.
El representante del Ministerio Público acusa al exconseller de servirse tanto de su ascendencia jerárquica como de la relación y amistad con el secretario general de la Conselleria y secretario del Consejo de Administración de Ports IB para que la adjudicación resultara a favor de Port Olímpic.
La Fiscalía considera, además, que Delgado maniobró para sustraer al Consejo de Administración de Ports IB el control del procedimiento y eliminar la intervención necesaria del director gerente, encargado de proponer la aprobación de los pliegos de los nombramientos de los componentes de la mesa de contratación.
Durante la instrucción de la causa, un funcionario de Ports IB aseguró que se le quiso expedientar por haber informado desfavorablemente sobre la adjudicación del puerto deportivo a Port Olímpic. En su informe, según informó Europa Press, el técnico advirtió de que la propuesta de la adjudicataria vulneraba los pliegos de contratación en cuanto al número y el tamaño de los amarres. El testigo manifestó ante la juez que, transcurrido un tiempo, el gerente de Ports IB le informó de que determinados cargos querían expedientarle por ello, pero finalmente lo había conseguido “parar”.
Cabe recordar que Delgado fue vicepresidente del PP balear y alcalde del municipio mallorquín de Calvià en sustitución de la histórica primera edil de esta localidad, la socialista Margarita Nájera. Bajo su mando, y a lo largo de una década, los populares interpusieron una batería de querellas contra su antecesora en el cargo. Todas acabaron archivadas.