Expertos en cambio climático piden reducir la movilidad privada y revisar la implantación de las renovables

El Comité de Expertos para la Transición Energética y el Cambio Climático ha solicitado al Govern balear una reducción de la movilidad privada en el ámbito terrestre, aéreo y marítimo, fomentar la agricultura y revisar la planificación de la implantación de las energías renovables.

Estas son algunas de las reivindicaciones que ha trasladado este grupo de científicos creado en virtud de la Ley balear de Cambio Climático, tras reunirse este jueves con la presidenta del Ejecutivo autonómico, Marga Prohens, y el conseller de Empresa, Empleo y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro.

El presidente del comité, Pau de Vílchez, ha resaltado que el 60% de las emisiones de efecto invernadero de Balears provienen del sector del transporte y, “por muchas renovables que se pongan, si no se ataca la movilidad, no se reducirán lo suficiente las emisiones y no se podrá afrontar el cambio climático”.

“Un gobierno responsable tiene que dar una respuesta responsable a este desafio y, por tanto, las políticas tienen que ser coherentes y trasversales para que afecten todas las Consellerias y sean eficaces”, ha apuntado.

Asimismo, ha incidido en que la situación, por lo que se refiere al cambio climático a nivel global, es “extremadamente preocupante” ya que todos los científicos del mundo han dado la voz de “alarma” y han llamado a “aumentar las políticas climáticas”.

“Balears es un territorio insular especialmente vulnerable a la subida del nivel del mar y a las olas de calor, un fenómeno que el año pasado mató a 50.000 personas en Europa y 60.000 en 2022”, ha subrayado.

Emisiones que duplican las de 1990

De Vílchez ha reclamado promover la movilidad activa, a pie o en bicicleta, y promover el desarrollo de la agricultura “no solo porque da de comer, sino como imbornal de carbono”.

El presidente del comité ha resaltado que cada año se baten récords de tráfico aeroporturario en el archipiélago, algo que hace que los indicadores “no sean positivos”. “La Ley de Cambio Climático exige que en 2040 las emisiones de Balears deben ser un 40 por ciento inferiores a las 1990 y en la actualidad son el doble, por lo que queda mucho trabajo por hacer”, ha insistido.

Preguntado por las medidas que les han trasladado desde el Govern para reducir las emisiones derivadas de la movilidad, ha indicado que les han expuesto el proyecto del tren a Llucmajor, para el que han pedido una prolongación hasta Campos.

Sin embargo, de Vílchez le ha transmitido que, si estas obras está previsto que terminen en 2032, “se va muy poco a poco” y ha advertido que, si se quiere limitar el cambio climático a un nivel “más o menos seguro”, las emisiones para 2030 “se tienen que reducir a la mitad”.

“Esto pasa por las renovables, reducir el uso innecesario de coches, porque cada día 50.000 coches en Palma hacen un kilómetro de trayecto; y promover el transporte público o construir carriles bici”, ha propuesto.

Consultado por las medidas planteadas para aminorar las emisiones de efecto invernadero del transporte aéreo y marítimo, el representante del grupo de expertos ha admitido que la reducción del tránsito de la aviación le corresponde a AENA y ha apuntado que la decisión de ampliar el aeropuerto de Palma fue una “catástrofe” y una “irresponsabilidad”.

Así, a la Administración autonómica le ha pedido reducir la promoción turística o las plazas turísticas. Sobre el transporte por mar, ha explicado que lo que más se importa por barco a Balears son “combustibles fósiles”, algo que cambiaría con más energías renovables y una mayor movilidad a pie o en transporte público.

Otro de los temas sobre los que se ha pronunciado el experto ha sido la continuidad de la gratuidad del transporte público, de la que se ha mostrado favorable porque “si a los conductores de coches se les subvenciona las carreteras, por qué no se va a subvencionar a las personas que contaminan menos, causan menos accidentes y ocupan menos espacio público”.

De Vílchez también ha evaluado el proyecto definitivo de zona de bajas emisiones (ZBE) presentada este miércoles por el Ayuntamiento de Palma, para el que ha solicitado que se amplíe más allá de Avenidas dado que la “mayoría de movilidad en Palma se produce en el exterior de esta zona”.

“El objetivo de las ZBE es reducir el tránsito para reducir las emisiones ligadas al cambio climático y que tienen un impacto sobre la vida de la gente, porque en España mueren cada año 10.000 personas por la contaminación aparejada al transporte privado”, ha afirmado.

La decisión de dónde poner parques fotovoltaicos “las toman las empresas”

Por otro lado, la profesora de Biología de la UIB Elena Baraza ha abordado las protestas que han suscitado los distintos proyectos de parques fotovoltaicos en Balears, de los que ha dicho que la decisión de dónde se colocan “las toman las empresas que los promueven”.

“Estos parques se proyectan sobre terrenos que encuentran a precios adecuados, con vías de evacuación, inclinación y producción que les aporte un mayor rendimiento económico”, han afirmado.

La bióloga ha solicitado tener una perspectiva social para que su emplazamiento se haga sobre los lugares más cercanos a donde se va a consumir la energía, con un impacto ambiental “mínimo” y ocupe un menor terreno.

“El Govern tiene que tener un rol proactivo para que los Consells insulares aprueben sus planes de implantación de las energías renovables y que tengan en cuenta el potencial de colocarlas en entornos urbanos”, ha reclamado de Vílchez, a lo que ha agregado que el Ejecutivo licitará un estudio de estas características.

Otro de los documentos en los que trabaja el Govern es el Plan de Transición Energética, que debería ser un elemento “básico” para los próximos diez años y que debería haberte aprobado hace tres años.