La Fiscalía denuncia a los enfermeros que ejercían sin titulación en una residencia acusada de desatender a los ancianos

La Fiscalía de las Illes Balears ha denunciado en el Juzgado decano de Eivissa a cuatro trabajadores de Colisée Sa Residència –la residencia privada que gestiona este grupo francés– que ejercen o ejercieron funciones como enfermeros y enfermeras sin tener la titulación de Enfermería homologada en España, según confirman fuentes de la acusación pública a elDiario.es. El Ministerio Fiscal había abierto diligencias de una causa que investiga a los cuatro trabajadores por un presunto delito de intrusismo laboral. La denuncia ya ha llegado a los juzgados de la isla, aunque todavía no se ha asignado el juzgado de instrucción que investigará el caso, señalan fuentes del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears (TSJIB) a este diario.

La residencia privada –el grupo Colisée es propiedad del fondo de inversión sueco EQT– está en el punto de mira desde febrero de este año, después de que los familiares hicieran pública la situación que aseguraban estar viviendo los usuarios del centro. En un primer reportaje, los familiares narraron a elDiario.es una serie de presuntas irregularidades que, según su versión, estaban afectando a la salud de los mayores. “Durante tres días no le han puesto los parches contra el alzhéimer”, lamentaba Antonio Costa Ribas, en referencia a su madre. “Mi marido sufrió un shock séptico”, explicó, por otro lado, María (nombre ficticio), sobre su pareja, también paciente de alzhéimer y absolutamente dependiente.

Una de las presuntas irregularidades que se cometen, según los familiares, son errores en el momento de administrar la medicación a los mayores. En un segundo reportaje, denunciaron, además, que se estaban “modificando las pautas de medicación de los residentes sin pasar previamente por la consulta de un especialista y sin la autorización de su médico de atención primaria”. Otra de las quejas más recurrentes de los familiares es que Colisée Sa Residència aglutina “todas las tarjetas sanitarias de los residentes en la misma farmacia del núcleo de Jesús”, situada a un kilómetro del centro privado, de modo que los usuarios no pueden acceder a su documento sanitario.

Dos meses después de que el caso saltara a la opinión pública, elDiario.es publicó en exclusiva que cuatro trabajadores estaban ejerciendo como enfermeros y enfermeras sin tener dicha titulación, según confirmaron fuentes del Consejo General de Enfermería de España (CGE), que aglutina a todos los colegios oficiales, únicos organismos habilitados para colegiar a las trabajadoras en el ejercicio de la profesión de enfermería.

Estas irregularidades fueron confirmadas posteriormente por el informe de conclusiones realizado a partir de las inspecciones del Consell d’Eivissa –organismo que tiene las competencias de inspección y sanción–, que acreditaba, a fecha de 19 de abril, que más de la mitad de la plantilla de Colisée Sa Residència ejerció sin disponer de la titulación que exige la legislación balear. Las inspecciones realizadas los días 13 de enero y 17 de marzo de 2023 consideraron probado que de los 48 trabajadores que tenía la empresa durante este periodo, 26 ejercieron sin tener la titulación requerida para el puesto de trabajo que ocupaban.

Personal de enfermería sin titulación

Concretamente, 20 de ellos formaban parte del personal cuidador (auxiliares de enfermería, gerocultores y categorías profesionales análogas) y seis, de los servicios técnicos (médicos, enfermeros, logopedas, psicólogos, fisioterapeutas, trabajadores sociales, terapeutas ocupacionales, educadores sociales…). En lo que se refiere al personal técnico, la falta de titulación afectaba a la totalidad del personal de enfermería. El contenido del informe de conclusiones, al cual tuvo acceso este diario, también señalaba que Colisée Sa Residència no ofrecía en ese momento el servicio de terapia ocupacional.

Esto significaba, además, que se incumplía el Decreto 86/2010, de 25 junio, por el cual se establecen los principios generales y las directrices de coordinación para la autorización y la acreditación de los servicios sociales de atención a personas mayores y con discapacidad, y que dispone en su artículo 25 que las ratios mínimas de las residencias por cada cien usuarios son de 10 trabajadores de servicios técnicos (médicos, enfermeros, logopedas, psicólogos, fisioterapeutas, trabajadores sociales, terapeutas ocupacionales, educadores sociales…) y 33 profesionales de personal cuidador (auxiliares de enfermería, gerocultores y categorías profesionales análogas). Las ratios mínimas, sin embargo, no se cumplían –tal como certificaba la inspección– ni en lo referente al personal cuidador ni en cuanto a los servicios técnicos de la residencia privada.

El informe de conclusiones apuntaba que se habían cometido varias infracciones de la Ley 4/2009, de 11 de junio, de servicios sociales de las Illes Balears, por lo que se inició un procedimiento sancionador. En el pleno ordinario del 28 de abril, a preguntas de la oposición, la consellera insular de Bienestar Social, Carolina Escandell (PP), anunció que había notificado a Colisée Sa Residència el inicio de este expediente. Esta sanción, contemplada en el artículo 130 de la normativa autonómica, establece para las infracciones muy graves una multa de hasta 600.000 euros. “Las sanciones son coercitivas”, aseguró Escandell. “Si se mantiene el incumplimiento reiterativo (...) de los requerimientos que se han hecho a Colisée, podría derivar en una suspensión cautelar de la autorización”, afirmó, añadiendo que ello puede conllevar incluso a la retirada definitiva de la licencia de actividad.

Situación actual

En cuanto a la situación actual, entre los asuntos que todavía no se han resuelto, algunos familiares aseguran, en una carta remitida al Consell Insular y otra al Govern entre mediados y finales de agosto, que los usuarios no reciben una atención especializada integral; aseguran que la residencia sigue sin terapeuta ocupacional; manifiestan que continúa habiendo episodios de errores graves en la administración de la medicación; afirman que la higiene es deficiente –circunscrita, según su versión, a una ducha semanal–; dicen que la comida es de “muy poca” calidad, explican que el protocolo de hidratación es nulo y que hay “falta de vigilancia” durante las noches.

Entre las cuestiones que han mejorado, según fuentes de la Comisión de Familias, señalan la llegada del nuevo director, Toni Bauzá, quien, en cumplimiento de la normativa autonómica, reúne los conocimientos y experiencia en el sector debidos para asumir la compleja tarea de arreglar la situación. No obstante, lamentan que el director no disponga, hoy por hoy, de los “recursos” necesarios para llevar a cabo su plan de mejora de la residencia, el cual definen como “bueno” y en consonancia con el “nuevo” modelo de residencias más humanizado que la evidencia recomienda implantar. Entre esos recursos se refieren, fundamentalmente, a la necesidad de contar con trabajadores cualificados y acreditados tal y como se exige en la normativa autonómica. El diálogo y las reuniones con el nuevo director, reconocen, son fluidas y frecuentes con el objetivo de mantener una comunicación y seguimiento continuos, lo que supone una clara mejoraría, en opinión de las familias, respecto a la situación anterior a su llegada.

A las instituciones, en cambio, les reprochan “falta de transparencia”. “Si hubiéramos tenido acceso al resultado de la inspección, hubiéramos podido demostrar que el historial clínico de cada persona usuaria no estaba actualizado con el contenido requerido”, afirma una de las familiares, a modo individual, en la carta remitida al Consell Insular. “Dicha actualización se llevó a cabo por dos supuestas médicas, llegadas de fuera de la isla para dicho fin, de una forma rápida y chapucera”, expone, a modo de ejemplo.

Lo que solicita la familiar en esta carta, remitida a la Conselleria insular de Bienestar Social dirigida por Carolina Escandell, es que se hagan “más inspecciones periódicas” al menos hasta que “se normalice la situación”. Asimismo, pide también –del mismo modo que ha reiterado en otras ocasiones la Comisión de Familias–, el acceso a los resultados de las inspecciones, que solo han conocido a través de la prensa. La última inspección del Consell Insular se habría producido, según su versión, el pasado 11 de agosto. Una de las cuestiones que quieren que se esclarezca, a través de la mencionada inspección, es si los historiales clínicos de cada residente están debidamente actualizados. También indica que las inspecciones deben dar lugar “a las acciones oportunas” que señala la normativa balear, tales como el traslado a Fiscalía de aquellas infracciones “graves y muy graves”. Finalmente, exige conocer el resultado del expediente sancionador anunciado por Escandell el 28 de abril.

En la carta remitida a la Conselleria de Servicios Sociales, dirigida por Catalina Cirer (PP), enumeran episodios similares relacionados con errores o negligencias en la administración de la medicación de los usuarios; la falta de higiene que definen como “contundentemente insuficiente”; desprotección ante casos de especial vulnerabilidad en relación a que no contarían con médicos especialistas que puedan atender a los pacientes según la patología que sufren; presunto abandono (en anteriores reportajes ya se explicó que algunos residentes quedan “abandonados” durante horas en sus habitaciones, sin recibir la atención que necesitan) y reiteran que los menús de la comida son “son repetitivos, no apetitosos, mal cocinados (por exceso o por defecto), demasiado especiados o insípidos”.

Por estos motivos, se dirigen a la consellera Cirer para pedirle la realización de una auditoría técnica con el objetivo de conocer “qué es lo que está fallando y buscar solución al caso”. Del mismo modo, le recuerdan que no tienen constancia de que “el personal que trabaja en el área de enfermería disponga de la titulación requerida y mucho menos esté en posesión de la obligatoria colegiación”. Aseguran que dicho personal no va identificado por lo que “algunos no sabemos ni cómo se llaman”.

Exigen atención sanitaria adecuada

En los tres primeros puntos del primer documento remitido a las administraciones, las familias denunciaron que no se realiza un seguimiento de las patologías de los residentes, sino que, cuando el estado de salud de algún residente “está empeorando o sufriendo una descompensación”, son los familiares quienes “alertan de estos síntomas”. Según apuntaron, estos hechos ocasionaron hospitalizaciones tardías, “algunas potencialmente evitables”, en situaciones de “gravedad amenazante para sus vidas y con serias secuelas”.

En el momento en que los pacientes entran en la residencia, denunciaron, “son desarraigados de sus equipos de Atención Primaria habituales, aquellos profesionales sanitarios conocedores del proceso y evolución de su enfermedad”, según dicen, en algunos casos, sin el consentimiento de las familias. Esta situación habría provocado, argumentaba el texto, que los pacientes quedan “en un limbo para el sistema público de salud, viendo limitada la entrada a la atención sanitaria vía las Urgencias del hospital de agudos”.

Lo que pidieron –y siguen pidiendo– las familias en este escrito es que, dado que los pacientes están catalogados como “pacientes crónico avanzados” y/o “pacientes crónico complejos” por el sistema público de salud, deberían entrar en los circuitos, protocolos y planes de actuación específicos de abordaje a la cronicidad “basados en la atención a la enfermedad de forma integral y nunca basada en el tratamiento de los procesos de descompensación agudos como eventos independientes”.

La petición de los familiares coincide con la resolución del 28 de julio de 2022 del Ministerio de Derechos Sociales que dirige –ahora en funciones– Ione Belarra, por la cual se publicó el Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. Esta resolución, que fue suscrita por el anterior Govern progresista –según confirmaron fuentes de la Conselleria de Asuntos Sociales–, es de obligado cumplimiento para las comunidades autónomas que lo acepten o se abstengan, según se desprende del artículo 151 de la Ley 40/2015 y detallaron fuentes del Ministerio de Derechos Sociales a este diario.

El punto decimotercero, redactado considerando el artículo 14 en el Proyecto de Ley por el que se modifican diversas normas relativas al Sistema Nacional de Salud, indica que “la atención integral social y sanitaria es necesaria para todas las personas en situación de dependencia, especialmente para aquellas personas con enfermedades avanzadas, demencias, problemas de conducta, enfermedad mental, necesidades médicas específicas, cuidados paliativos (...) que además presentan necesidades sociales”. El texto indica que la atención sanitaria es “responsabilidad del Sistema Nacional de Salud”, que tiene que garantizar el mismo nivel de acceso a la cartera de servicios para las personas en situación de dependencia, así como para el resto de la población, “independientemente de que éstas residan en domicilios particulares o colectivos”.

Asimismo, el punto incluye que los centros de atención residencial que superen las 30 plazas acreditadas deberán contar con profesionales “que realicen las funciones de coordinación y enlace con el sistema sanitario público y supervisión de las pautas de cuidados”. En el caso de los centros que superan las 75 plazas, las funciones que se describen deberán ser asumidas por personal sanitario según la definición de los artículos 2 y 3 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias.

Estándares de calidad

En cuanto a los requisitos sobre personal y calidad en el empleo, el acuerdo sobre criterios comunes de acreditación y calidad de los centros y servicios para la autonomía y atención a la dependencia del Ministerio de Derechos Sociales, especifica en el punto tres que tanto el número de profesionales, como su cualificación, formación y condiciones laborales, son un pilar fundamental para “garantizar una adecuada prestación de los servicios y atención a las personas en situación de dependencia”. Para asegurar la dignidad del trato y del ejercicio de derecho de los usuarios, el texto establece que hay que asegurar los mecanismos y requisitos para garantizar “la participación, la autonomía y empoderamiento en la toma de decisiones y la preservación de los derechos”.

En lo referente a los principios que deben regir el nuevo modelo de atención, el acuerdo destaca que se deben “conocer y respetar” los derechos humanos y las libertades de las personas que “requieren de cuidados”, así como los de sus familiares y los del personal de apoyo, haciendo hincapié en que ello requiere de un “enfoque ético” que proteja la dignidad de las personas. En cuanto a la inspección y el control público, la resolución subraya que los centros y servicios acreditados serán sometidos “a inspección, control y seguimiento adecuados” de modo que se asegure un cumplimiento continuado de los requisitos que dieron lugar a la acreditación.

En este sentido, se remarca que las administraciones competentes “establecerán y harán públicos planes anuales de inspección de centros y servicios y comunicarán de forma periódica y accesible las inspecciones realizadas, indicando, entre otros datos, la identificación del centro o servicio inspeccionado, titularidad y gestión, la fecha, el motivo de la inspección, el resultado de la misma y, en su caso, las medidas adoptadas”.

En relación a la financiación para la mejora del sistema de atención a la dependencia, el Gobierno progresista aprobó en el Consejo de Ministros del 3 de mayo el reparto de más de 783 millones de euros para la dependencia (lo que supone 300 millones más que el curso pasado). “Es una cifra histórica teniendo en cuenta que esta partida se suprimió en 2012 y no se recuperó hasta el pasado 2021”, destacaron fuentes del Ministerio de Derechos Sociales. Es decir, esta partida fue derogada durante la primera legislatura de Mariano Rajoy.

Las mismas fuentes detallan que la financiación se distribuye en dos partidas: la primera de 583 millones de euros a repartir en base a los criterios de cumplimiento del “Plan de Choque” y la segunda, de 200 millones de euros, con el objetivo de apoyar el despliegue del acuerdo de acreditación y calidad de los centros. De este modo, indica el Ministerio de Derechos Sociales, las comunidades autónomas “podrán disponer de un máximo de financiación para su sistema de dependencia, especialmente, cuando desarrollen líneas de actuación que persigan los criterios del conocido como ‘Nuevo modelo de Residencias’”.

La versión de Colisée

elDiario.es se ha puesto en contacto con la dirección de Colisée Sa Residència para contrastar determinadas informaciones en relación a las presuntas deficiencias que señalan algunos familiares en diferentes comunicados enviados recientemente a las administraciones públicas. El centro privado ha respondido a la petición de este diario enviando un comunicado que pasamos a reproducir en su totalidad:

Desde Sa Residència, hemos puesto todos los recursos económicos, humanos y materiales necesarios para asegurar la satisfacción de las necesidades de las personas residentes y la confianza de sus familias. Con todas ellas, estamos en contacto para que estén debidamente informadas y para escuchar sus opiniones y aportaciones.

Asimismo, el centro está en contacto y coordinación constante con las administraciones e instituciones sanitarias y sociales competentes, actuando de acuerdo con las pautas y recomendaciones acordadas, y dando respuesta en tiempo y forma a cualquier petición de información.

Como hemos ido informando a administraciones, personas residentes y sus familiares, el refuerzo del equipo del centro y su ampliación y formación a largo plazo están siendo una prioridad constante para la dirección de Sa Residència. En este sentido, el centro ha incorporado perfiles profesionales como el de terapeuta ocupacional y neuropsicóloga, entre otras incorporaciones de los últimos meses para reforzar la organización, capacidad asistencial y especialización del centro. En esta línea, también hemos puesto en marcha cursos de formación para aumentar la especialización de nuestro equipo.

Unido al refuerzo de personal, el centro también cuenta actualmente con mecanismos de organización y supervisión interna de la atención a las personas residentes, con el objetivo de garantizar que sus necesidades son atendidas correctamente y de manera suficiente a cualquier hora.

El equipo de Sa Residència estamos comprometidos con la salud y el bienestar de todas las personas a las que cuidamos, y seguimos trabajando para garantizar su satisfacción y calidad de vida en el centro, en colaboración con ellas y sus familias.

Asimismo, elDiario.es se ha puesto en contacto con el Consell Insular para conocer cuál es la situación respecto a las diferentes vías administrativas que se han iniciado, sin que se haya recibido una respuesta en este momento. Por otro lado, este diario ha preguntado al Govern por el contenido del comunicado que han mandado los familiares, sin que haya sido posible recibir una respuesta en el momento en que se publica este reportaje.

Dos millones de euros de dinero público

Colisée Sa Residència recibe unos 2 millones de euros anuales de dinero público del Govern para las 84 plazas concertadas de las que dispone. Así figura en el contrato de ampliación del concierto firmado el 31 de mayo de 2022 entre la Conselleria de Asuntos Sociales y STS Gestió de Serveis Sociosanitaris, SL (ahora la mercantil La Saleta Care SL), para el servicio residencial para personas mayores en situación de dependencia de Colisée Sa Residència. En dicho contrato, que finaliza en noviembre de 2025, se puede comprobar que el precio de una plaza es de 67,14 y de 71,26 euros al día para una persona con un grado de dependencia II y III, respectivamente.

En cuanto a las competencias de la Conselleria de Servicios Sociales, puede rescindir el contrato del concierto si aprecia que no se cumplen las condiciones del mismo, y reubicar a los residentes a otros centros públicos del Govern, según informaron fuentes de la anterior Conselleria de Asuntos Sociales a este diario.

Colisée explota más de medio centenar de residencias en toda España, pero también cuenta con establecimientos en Francia, Bélgica, Italia y China. Según la información que figura en la web, el grupo cuenta con más de 6.200 camas residenciales, un equipo de más de 4.400 profesionales y 59 residencias en toda España. En el ámbito global, cuenta con más de 30.600 camas en Europa, más de 358 centros y más de 19.000 profesionales.