La Fiscalía Anticorrupción ha retirado todas sus acusaciones contra el empresario del ocio Bartolomé Cursach, su mano derecha, Bartolomé Sbert, y una quincena de policías locales de Palma, investigados durante más de siete años por un supuesto entramado político, empresarial y policial dirigido a salvaguardar la autoridad en la noche del magnate mallorquín.
Pasadas las 14.30 horas, el fiscal de Madrid Tomás Herranz daba a conocer su decisión durante la sesión de este viernes del juicio que se celebra, desde el pasado 13 de junio, contra estos 17 acusados en la Audiencia Provincial de Balears. Más en concreto, la retirada de cargos se ha producido inmediatamente después de terminar el interrogatorio al último de los testigos que han comparecido a propuesta de las acusaciones y cuyas declaraciones el fiscal no considera lo suficientemente robustas para mantener sus imputaciones contra Cursach y el resto de inculpados.
Habiéndose practicado, por tanto, toda la prueba de la acusación, el fiscal no aprecia carga probatoria suficiente para enervar la presunción de inocencia de los acusados. En palabras de Herranz, “no hay prueba de cargo suficiente” para sostener “ninguno de los hechos de acusación de nuestro escrito”, en relación a la calificación inicial efectuada por la Fiscalía.
En cualquier caso, el juicio continuará adelante ya que las acusaciones particulares, en representación de los empresarios que se consideran afectados por la supuesta actuación de los 17 imputados, sí mantienen sus cargos contra ellos. El próximo lunes comenzarán a declarar los testigos propuestos por las defensas.
La vista ya arrancó con una notable reducción en la petición de condenas por parte del Ministerio Público. En concreto, la acusación reclamaba inicialmente ocho años y medio de prisión para Cursach, si bien varios días antes de iniciarse la vista decidió rebajar la solicitud a un año y medio, retirando por “falta de verosimilitud”, las acusaciones más graves que pesaban sobre Cursach.
Entre tales imputaciones se encontraban las relativas a los supuestos sobornos de los que habría abastecido a varios funcionarios a cambio de ganarse su voluntad o las presuntas orgías que las investigaciones iniciales señalaban que se habían celebrado en la discoteca Tito's, buque insignia del Grupo Cursach, para agasajar a numerosos agentes de la Policía Local de Palma bajo la condición de garantizar la buena marcha de los negocios del conglomerado empresarial.
Uno de los principales testigos de la Fiscalía que ha desfilado ante el tribunal de la Sección Primera fue la ex inspectora del grupo de Blanqueo de la Policía Nacional que investigó el caso Cursach de la mano del exjuez Manuel Penalva y el exfiscal Miguel Ángel Subirán. Pese a las expectativas que recaían sobre ella, la funcionaria se ancló en el “no recuerdo”, toda vez que la presidenta del tribunal, Samantha Romero, le advertía de que su actitud tendría “efectos gravísimos”.
“No recuerdo cómo llegué a esa conclusión, pero si llegué a ella es porque lo constaté. No me lo invento”, manifestó en repetidas ocasiones la testigo ante las preguntas de las partes, lo que llevó a la magistrada a espetarle: “Le pido por favor que nos tenga un poco de respeto a todos. No he visto nada parecido en 22 años de carrera profesional”. “No se me puede exigir que me acuerde de lo que hice hace seis años y medio”, manifestó en otro momento la ex inspectora.
Asimismo, numerosos policías locales han destacado a lo largo de estos meses las presiones a las que se vieron sometidos por el ex fiscal Subirán durante sus interrogatorios en la fase de instrucción del caso Cursach. Uno de ellos manifestó que su declaración ante el ex acusador fue “totalmente manipulada”. “Era un monólogo de Subirán porque él muchas veces decía cosas que las ponía en la declaración”, aseveró, mientras que otro de los testigos recordó que el episodio que vivió con Subirán, quien, aseguró, le metió en una habitación y “sólo le gritaba” lo siguiente: “Calla, te hemos llamado muchas veces. Como vuelvas a mentir, te irás detenido de aquí'”.
Mientras tanto, otros testigos han apuntado a las presiones que habrían recibido para modificar actas contra locales pertenecientes al grupo empresarial de Cursach. “Nos negamos en redondo”, aseveró un policía en su comparecencia, manifestando que los establecimientos del empresario mallorquín eran inspeccionados “en muy pocas ocasiones”. Asimismo, uno de los últimos testigos en declarar, un trabajador de Magaluf, señaló esta semana tratos de favor por parte del Ajuntament de Calvià al Grupo Cursach. “Quiero que admitan la culpa, estos hechos pasaron. Si Cursach y Sbert admiten estos hechos y su culpa, no pido ninguna reclamación económica y pena de prisión”, sentenció.
Cabe recordar que, en paralelo, tanto Penalva -recusado y apartado de las investigaciones, en marzo de 2018, por falta de apariencia de imparcialidad- como Subirán y los cuatro policías nacionales del Grupo de Blanqueo con quienes trabajaban codo con codo se encuentran a las puertas del banquillo por, presuntamente, coaccionar y amenazar a testigos para que declarasen en sentido incriminatorio, inducir al falso testimonio, prevaricar a la hora de acordar los arrestos y el ingreso en prisión de varios investigados, ocultar las pruebas que no se acoplaban a sus intereses y por filtrar información cuando la causa se encontraba bajo secreto.
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