Fracaso para la macrogranja “más contaminante” de España: el Govern balear le deniega la autorización
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El Govern balear ha echado por tierra el proyecto de construcción de la macrogranja avícola que estaba prevista a dos kilómetros de la localidad mallorquina de Sineu. Las instalaciones, proyectadas en suelo rústico, contemplaban albergar unas 750.000 gallinas ponedoras -que producirían unos 156 millones de huevos al año- y, según Greenpeace, iban a convertirse en las más contaminantes de todo el territorio español. Además, el complejo preveía consumir más de 61.000 m3/año de agua —el equivalente a unas 25 piscinas olímpicas— en un municipio que, de por sí, padece una grave presión sobre sus recursos hídricos. El proyecto despertó una multitud de críticas de vecinos, administraciones y entidades ecologistas.
En concreto, el Ejecutivo autonómico ha denegado la autorización ambiental imprescindible para que el proyecto pudiera salir adelante. En este sentido, el procedimiento que regula la autorización ambiental integrada prevé que si el informe urbanístico previo es negativo, con independencia del momento en el que se haya emitido, el órgano competente para otorgar la citada autorización, en este caso la Dirección General de Armonización Urbanística y Evaluación Ambiental de la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad, debe dictar una resolución que podrá fin al procedimiento y se archivarán las actuaciones.
El pasado mes de octubre, el Ajuntament de Sineu acordó la suspensión del otorgamiento y admisión a trámite de toda clase de autorizaciones y licencias urbanísticas vinculadas a actividades ganaderas intensivas en el ámbito de todo el suelo rústico del municipio, tal como pubicó el Boletín Oficial de las Illes Balears (BOIB), que señala que la medida estará vigente durante un año o hasta la aprobación inicial de la modificación de las actuales Normas Subsidiarias (NNSS) del municipio, aprobadas en 1990. Se trata de una medida que frena de facto la tramitación de la polémica macrogranja, impulsada por Avícola Son Perot, que señala que no realizará más declaraciones a las efectuadas durante los últimos meses hasta que “se cuente con un análisis exhaustivo de la situación”.
Con todo, en un comunicado emitido tras conocerse la denegación por parte del Govern, la empresa ha reiterado su compromiso con el desarrollo sostenible y responsable en el sector avícola, así como de la comunidad rural. “El objetivo siempre ha sido trabajar en beneficio del sector primario, respetando tanto el entorno como las normativas medioambientales aplicables en el momento de la solicitud”, asegura.
El proyecto, junto con el documento ambiental, ha sido sometido al período de información pública y se ha consultado a las administraciones afectadas. En concreto, han recibido cerca de 1.500 alegaciones (un total de 1.453 alegaciones por parte de vecinos de varios municipios, y 15 de asociaciones y grupo políticos) y los informes desfavorables de diversas direcciones generales del Govern (la Dirección General de Medio Natural y Gestión Forestal; la Dirección General de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural; la Dirección General de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático, y la Dirección General de Salud Pública), así como del Consell de Mallorca y del Grupo de Ornitología Balear (GOB).
Los documentos relativos al proyecto contemplaban, en concreto, la ejecución de hasta diez naves agrícolas para las gallinas —tres de 2.041 m2 cada una para la recría, cuatro de 5.256 m2 cada una para la cría de gallinas en suelo y otras tres de 3.343 m2 para las gallinas camperas—, además de un centro de clasificación y almacén de envases, un porche para contenedores de residuos, un almacén junto a aljibes para el agua potable, un estercolero de 14.000 metros cuadrados, varias fosas de aguas sucias, una balsa prefabricada de lixiviados, vados sanitarios, un pozo y diversas soleras para los depósitos de propano.
El pasado mes de septiembre, el Consell de Mallorca ya emitió un informe desfavorable sobre este proyecto al alegar, entre otros motivos, que la propuesta no hacer referencia a ciertas normativas municipales y autonómicas que son de obligado cumplimiento. La institución insular considera que el proyecto presentado no “hace ninguna referencia al planeamiento municipal vigente” ni al “procedimiento de las actividades sujetas a autorización ambiental integrada (AAI)”, así como tampoco a la documentación requerida por la Evaluación de Impacto Ambiental (AIA).
La intención de Avícola Son Perot pasaba por cerrar de forma paulatina las instalaciones con las que cuenta a las afueras del municipio de Llucmajor y trasladar a Sineu la actividad para adaptarla, según señala en su proyecto, al que ha tuvo acceso elDiario.es, “a las nuevas necesidades de mercado, cumpliendo la normativa vigente y con los últimos avances tecnológicos para garantizar el bienestar de los animales, optimizar la producción de huevos y minimizar el posible impacto ambiental de la actividad”.
Desde las entidades ecologistas, Greenpeace encendió el debate al emitir un comunicado en el que denunciaba que, atendiendo a los cálculos que la ONG ha llevado a cabo, el consumo directo de agua de la macrogranja, sin contar con la necesaria para producir el alimento de las gallinas, sería de más de 61.000 m3/año, una tercera parte del consumo estimado para Sineu. Para los ecologistas, el proyecto agravaría la situación del municipio, que lleva ya más de una década sin poder consumir su agua debido a la contaminación por nitratos.
La entidad recriminaba, en esta línea, que el proyecto carece de cálculos específicos para mostrar los impactos que tendría sobre el medio ambiente. “Si comparamos con otras explotaciones avícolas industriales en funcionamiento, solo en lo que respecta a las emisiones de amoniaco, un gas tóxico con nefastos efectos sobre el medio ambiente y la salud de las personas, esta explotación industrial se convertiría en la macrogranja de aves de corral más contaminante del país”, añadían desde la ONG, quienes alertaban de las “dimensiones faraónicas” del proyecto: diez naves industriales a las que se sumarían las otras instalaciones de apoyo, así como los estercoleros y fosas para almacenar las ingentes cantidades de estiércol que se generarían por semejante número de animales.
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