La Fundación Franz Weber exige investigar la presencia de menores en la corrida de toros celebrada en Palma

La fundación medioambiental Franz Weber ha reclamado este lunes una investigación independiente sobre la posible presencia de menores de edad en la corrida de toros celebrada en Palma el pasado jueves.

Según ha señalado la entidad en un comunicado, de confirmarse, “se trataría de una situación muy grave”, ya que el acceso de personas menores de 18 años a eventos taurinos continúa prohibido en todo el territorio de las Islas, por lo que “se trataría de una clara desobediencia al marco normativo autonómico”.

El pasado 4 de junio, el Parlament balear aprobó, con los votos de PP y Vox, modificar la ley de regulación de las corridas de toros para permitir la entrada de menores de edad a los festejos taurinos. Los de extrema derecha vendieron esta iniciativa como una victoria, aunque la reforma aún se encuentra aún en periodo de enmiendas. No será hasta el 2 de septiembre cuando, finalizada esta fase, se inicien los preparativos para su votación final en la Cámara balear.

Pese a ello, los animalistas de Satya Animal denuncian que “han vuelto a entrar menores a la plaza, como cada año”, recriminando que los aficionados no han esperado siquiera a que entre en vigor la modificación de la ley. “Este jueves en la corrida hicieron la vista gorda, dejando entrar a los menores que acudieron con sus familiares”, señaló el colectivo tras la celebración de la corrida. La sensación de impunidad, según ellos, vino motivada “por la proximidad del cambio de ley” así como por la difusión de “informaciones falsas”. Frente a ello, la empresa promotora del Coliseo Balear niega tajantemente que entrasen menores a sus instalaciones.

Desde la Fundación Franz Weber recuerdan que la entrada de menores a este tipo de eventos está calificada en la regulación de las corridas de toros y de protección de los animales en Balears como una infracción muy grave, de carácter individualizado y con sanciones que pueden llegar a los 100.000 euros. Por ello, los naturalistas instan al Ajuntament de Palma y al Govern balear a abrir sendas investigaciones “independientes y objetivas” sobre las denuncias públicas formuladas por colectivos y ciudadanos individuales, “ya que se trata de un asunto preocupante”.

En esta línea, reclaman al alcalde, Jaime Martínez (PP), un “respeto escrupuloso por los derechos de la infancia y la adolescencia”, destacando que el gobierno municipal dispone de competencias para realizar campañas de sensibilización y para desincentivar que personas menores de edad accedan a estos mismos eventos a través de entornos digitales.

A ello, recuerdan, se suma la proposición de ley que actualmente tramita el Parlament, que busca “hacer retroceder a la comunidad nada menos que 30 años en materia de protección de estos grupos sociales, con la intención de la ultraderecha de eliminar cualquier restricción de entrada a menores”.

“El PP debería rectificar sus posiciones iniciales y sumarse al conjunto de la oposición, que pide no volver atrás en un avance fundamental que hace de Baleares la única comunidad que cumple con la recomendación número 25 del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas”, sentencian desde la Fundación.

Inicialmente, Vox aprovechó la tramitación del decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda, aprobado con los votos de PP y la extrema derecha en Balears, para intentar que los menores de edad puedan ir a las corridas de toros. En una enmienda adicional presentada al texto impulsado por los conservadores, los de Santiago Abascal pretendían 'colar' una de sus principales reivindicaciones, que no es otra que la de posibilitar a los más pequeños su entrada a los coliseos taurinos. Finalmente, Vox registró una proposición de ley para modificar la Ley 9/2017, de 3 de agosto, de regulación de las corridas de toros y de protección de los animales en Balears, que fue apoyada por el PP.

Se trata de es una de las múltiples medidas que la extrema derecha logró incluir en el acuerdo de gobierno alcanzado con el PP a principios de legislatura como canje para que los populares pudieran gobernar las islas en solitario.