La gran mole de toboganes construida en suelo protegido desata la polémica en Menorca

Biniancolla es una pequeña zona urbana de Menorca dependiente del municipio de Sant Lluís, ubicada a pocos metros de la famosa playa de Punta Prima y a menos de un kilómetro del turístico pueblo de pescadores de Binibeca. En 2014 la empresa Minura Sur Hotels recibió permiso del Consell Insular, presidido por Santiago Tadeo (PP), para levantar un imponente parque acuático en la zona. Rodeado por un vasto mar de piscinas de varias profundidades, chiringuitos, palmeras exóticas y tumbonas, se encuentra situado junto al Hotel Sur Menorca, que también es propiedad de la misma empresa, bautizada desde hace algunos meses como Minura Sur Menorca.

Desde que abrió sus puertas, la construcción, una gran mole de toboganes de varios pisos color verde chillón, arrastra una polémica que podría acarrear su cierre inminente. El problema del parque, que hoy lleva el nombre de Splash Sur Menorca, es que está emplazado en lo que se considera suelo rústico-protegido. Fuentes del Consell Insular aseguran que también existían otros informes que daban el visto bueno a la creación del parque. “Terminaron aprobando la creación del parque con un informe externo privado que curiosamente decía todo lo contrario que los otros dos, elaborados por técnicos del Consell Insular”, declararon entonces desde el Partido Socialista de Menorca, actual Més per Menorca.

Además de los informes desfavorables, el impacto ambiental y paisajístico del parque sobre la costa sur menorquina resulta evidente. El GOB de Menorca, una de las principales entidades ecologistas de la isla, también planteó críticas por el elevado consumo de agua que reporta una atracción de estas características en un territorio como Menorca, que atraviesa problemas estructurales relacionados con el agua potable debido a la escasez de los acuíferos, la falta de lluvias en temporada alta y el elevado nivel de nitratos por litro de agua potable que registran todos los pozos de la isla. 

“Gracias a las alegaciones que hicimos en su momento impedimos que el parque se abastezca de agua de los pozos municipales. Finalmente los promotores perforaron un pozo cercano a la costa (con autorización de Recursos Hídricos), del que sale agua muy salinizada. De esta manera, el consumo de agua potable quedó muy mejorado”, señalan desde la organización.

Estas mismas fuentes enfatizan que hoy por hoy el problema “no es tanto el consumo de agua como el hecho de que el parque se construyó sobre una zona rústica protegida”. “La Ley dice que en estos espacios sólo podrán existir instalaciones que no tengan cabida en otro tipo de suelo. Resulta que otros parques acuáticos de Menorca están todos en suelo urbano”, afirman desde el GOB a elDiario.es.

¿Urbanismo a la carta?

A pesar de las críticas de oposición y ecologistas, el parque abrió sus puertas en 2015 tras ser declarado de interés general por el Consell Insular bajo el argumento de que “contribuiría a la desestacionalización turística, la consolidación del segmento del mercado familiar y la ampliación de la oferta turística y la mejora de la calidad de los servicios y puestos de trabajo”.

A pesar de las críticas de oposición y ecologistas, el parque abrió sus puertas en 2015 tras ser declarado de interés general por el Consell Insular del PP bajo el argumento de que 'contribuiría a la desestacionalización turística'

Casi diez años después, resulta evidente que un parque acuático que funciona en verano no ha contribuido a desestacionalizar el turismo ni a diversificar el perfil de los visitantes veraniegos, por lo que el pasado octubre el Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears (TSJIB) derogó la declaración de interés general, abriendo la puerta a que el “Splash” de Biniancolla sea cerrado y demolido. 

Josep Juaneda, portavoz de Més per Menorca, señala a elDiario.es que en aquel momento ya advirtieron de que el interés general “se aprobaba con los informes técnicos en contra”. “Fue un claro ejemplo de urbanismo a la carta en contra de la ley para beneficiar a un determinado promotor. Ahora estamos ante un escenario que, de confirmarse, habrá que pedir responsabilidades políticas”, añade.

Para Juaneda, ha quedado demostrado que infraestructuras como ésta “no están pensadas para desestacionalizar; por el contrario, son espacios de ocio masivo en temporada alta, un modelo que no responde a la realidad social y económica de la isla”. “Un entorno privilegiado como el que tenemos, bien conservado, es el mejor proyecto desestacionalizador. Menorca no debe promover actividades masivas, y menos si están fuera de la normativa. Hay que poner en valor las experiencias que permiten convivir armónicamente con nuestro entorno”, concluye.

La consellera: “Hubo muchos otros informes favorables”

Marta Vidal (PP), quien era la responsable de Ordenamiento Territorial del Consell Insular y que actualmente es consellera de Vivienda, Territorio y Movilidad del Govern balear, fue la encargada de habilitar la construcción del parque. En declaraciones a elDiario.es, Vidal asegura que “hubo muchos otros informes favorables” sobre el parque acuático que se tuvieron en cuenta en la última etapa de evaluación del proyecto, y añade que la norma territorial de entonces “habilitaba la construcción en suelo rústico de equipamientos complementarios con la oferta turística, siempre y cuando fueran tendientes a la desestacionalización”.

Según las declaraciones de Vidal y siguiendo los fundamentos del fallo del TSJIB, la desestacionalización es la piedra angular del conflicto, ya que de su existencia o no depende la ratificación del Interés General que otorga viabilidad al proyecto del parque o determina su retirada o demolición. Diez años después, el máximo órgano judicial de Balears ha considerado que unas atracciones de agua, con piscinas privadas y chiringuitos, no han contribuido a que el turismo veraniego visite la isla en los meses de invierno, aumente la oferta laboral y mejore el perfil del turista.

A propósito del seguimiento de la desestacionalización, Vidal sostiene que se trata de una negligencia del Consell y de los promotores. “Para evaluar si la desestacionalización tenía éxito, tanto el promotor como el Consell Insular debían dar seguimiento cada año a una serie de objetivos. Ese fue el compromiso cuando nosotros abandonamos el gobierno”, sostiene, y apunta contra “la oposición” que según ella “hizo bandera política de este asunto pero al llegar al gobierno se olvidaron por completo y ahora estamos así”.

Por último, consultada sobre la posible indemnización millonaria que podría reclamar el promotor del parque, Vidal señala que no cree que se deba resarcir económicamente. “No cabe una demanda de restitución patrimonial, ya que, de no cumplirse los objetivos marcados en el interés general, la revocatoria del permiso y la retirada de las instalaciones deberían ir a costa del promotor”, sostiene.

La propiedad quiere que siga en funcionamiento

Francisco Javier Jiménez de Cisneros es catedrático en derecho administrativo en la Universidad Complutense de Madrid y está a cargo del pleito entre la empresa propietaria del parque acuático y el Consell Insular y el Ayuntamiento de Sant Lluís. El abogado reconoce que su cliente no está interesado especialmente en una compensación patrimonial por el eventual cierre del parque, sino en que éste siga en funcionamiento. Según declara a este medio, existen interpretaciones de la norma que abren la posibilidad a que el parque sea legalizado, siempre y cuando cumpla con una serie de requisitos. 

“El nuevo Plan Territorial Insular aprobado en mayo de 2023 da amparo a la legalización del parque, por lo que, siguiendo el procedimiento establecido y con respeto absoluto a la legalidad, la propiedad tratará de legalizarlo. Para ello, hay que cumplir un conjunto de requisitos y seguir unos complejos trámites en los que ya estamos trabajando”, precisa. Asimismo, Cisneros reconoce que, de darse la legalización, la propiedad desistiría de la reclamación de responsabilidad patrimonial que, según apuntan distintas fuentes consultadas por este diario, rondaría los 35 millones de euros. Así las cosas, la discusión social y ambiental abierta en torno a la utilidad, oportunidad y beneficios de un parque acuático en una isla rodeada de agua parece ir llegando a su fin.