La Guardia Civil estrecha el cerco contra el empresario de Ibiza acusado de destruir las praderas de posidonia

El Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) depositó durante la mañana de este miércoles en el Juzgado de Instrucción número 2 de Eivissa todas las pruebas relativas a la investigación que afecta al empresario de Porroig (Sant Josep, Eivissa), Evaristo Soler Cardona, acusado de un delito contra el medio ambiente, confirman fuentes del Instituto Armado a elDiario.es.

La Guardia Civil detuvo a Soler Cardona el pasado miércoles para ponerlo en libertad el mismo día, a la espera de ser reclamado por las instancias judiciales, según lo publicado por este periódico el 11 de agosto. Las mismas fuentes indicaron que al afectado se le tomó declaración y se le leyeron sus derechos, asistido por un abogado. Asimismo, elDiario.es se ha puesto en contacto (sin obtener respuesta) con el Ministerio de Transición Ecológica durante la tarde de este miércoles para esclarecer si la Demarcación de Costas en Illes Balears ha abierto diligencias en cuanto a los asuntos que son de su competencia, lo que incluye las actividades de chárter y fondeo que tienen lugar en la bahía.

Una de las personas que estuvo durante toda la mañana del domingo 14 de agosto en Porroig grabando imágenes y vídeos de las actividades de Soler Cardona, enviadas posteriormente a esta redacción esa misma mañana y distribuidas después por la entidad Salvem sa badia de Portmany, ha entregado este jueves por la mañana (en relación a las diligencias instruidas por el Seprona), en dependencias de la Guardia Civil (en una memoria USB), toda la documentación que fotografió y grabó el pasado domingo, según consta en el documento que ha recibido en primicia elDiario.es.

Ecologistas denuncian que sigue ejerciendo su “actividad”

El empresario que está siendo investigado por la Guardia Civil continuó ejerciendo su actividad ilegal el pasado domingo en la bahía, según denunció la plataforma Salvem sa badia de Portmany (entidad que se dedica, principalmente, a vigilar estas prácticas en Sant Antoni, Eivissa), solo tres días después de que elDiario.es publicara en primicia su detención y posterior puesta en libertad, a la espera de ser reclamado por las instancias judiciales cuando lo consideren conveniente -confirmaron fuentes del Instituto Armado a esta redacción-.

Diferentes plataformas como Salvem sa badia o Maltesa del Mar explican que esta actividad consistiría en la colocación de muertos (estructuras de fondeo de embarcaciones) encima de la posidonia (planta marina protegida por el Decreto posidonia del Govern balear), que luego se alquilarían a embarcaciones y yates de la zona para fondear irregularmente. Además, según han denunciado en innumerables ocasiones activistas, ecologistas, vecinos y propietarios de las casetas varadero de Porroig, allí son habituales las actividades de chárter irregular, utilizando el embarcadero como puerto para cargar y descargar turistas (para realizar excursiones).

Activistas que estuvieron el pasado domingo en la bahía explican que Soler Cardona tendría, a unos diez metros de la costa, siete u ocho lanchas que utilizaría como base de operaciones. Para ello grabaron imágenes y vídeos que fueron recibidos por esta redacción la misma mañana del domingo y que fueron, en algunos casos, distribuidos posteriormente por la plataforma Salvem sa badia de Portmany. Este periódico ha intentado ponerse en contacto en varias ocasiones con Soler Cardona sin éxito -la última vez, este miércoles por la tarde, a través de la empresa Contisa, que le asesora-.

Respecto a las actividades de chárter que tienen lugar en la cala, la testigo que grabó las imágenes explica que incluso los chárteres que son legales realizan una actividad ilegal, porque “necesitan un puerto base (para poder ejercer su actividad), no pueden embarcar y desembarcar turistas en la bahía de Porroig”, citando el decreto 21/2017 que regula la actividad de alquiler de embarcaciones y buques de recreo en Balears y la ley 14/2014 de navegación marítima, que incluye excepciones como que las embarcaciones sean de una eslora no superior a 2,5 metros.

Dos denuncias más en el juzgado

Existen otras dos denuncias que afectan al empresario de Porroig -que está condenado por amenazas a la concejala de Medio Ambiente de Sant Josep-. La plataforma Maltesa del Mar denunció en junio presuntas “amenazas de muerte”, después de que dos de sus miembros se sumergieran en la bahía para grabar y comprobar el estado del fondo marino, después de que el Ajuntament de Sant Josep extrajera 91 de los 112 muertos que el grupo ecologista GEN-GOB había contabilizado en un estudio encargado por el Consistorio. “No quiero volver a veros por aquí, tengo seguro, así que te paso por encima, te mato y no pasa nada”, les habría amenazado -siempre según la denuncia presentada ante la Guardia Civil-, lo que terminó desencadenado que los cuatro miembros (dos estaban en la orilla mientras ocurrieron las primeras amenazas, según la denuncia) abandonaran la cala.

La segunda fue interpuesta en un contexto similar. Los buceadores de Protección Civil estaban realizando tareas de limpieza del fondo marino en la bahía para inutilizar los muertos el 18 de junio, bajo la supervisión de la Policía Local. “Nuestros agentes se encargaron de dar seguridad a la intervención ante las amenazas producidas días atrás. Un individuo, parece que afectado por esta medida, tuvo que ser denunciado por desobediencia a los agentes de la autoridad y faltas de consideración. El sujeto insistía en navegar con su embarcación a motor aproximándose excesivamente a los buzos y comprometiendo así su seguridad… ¡Ahora ya lo tiene más claro!”, recogió la Policía Local de Sant Josep en redes sociales, que explicó que una denuncia por estos motivos puede conllevar una multa de entre 600 y 30.000 euros.