“Han maltratado los derechos humanos y de los niños”: los desalojados del poblado de Can Rova critican la falta de soluciones

Los afectados por el desalojo del poblado de Can Rova, donde en julio fueron desalojadas 200 familias trabajadoras, han denunciado este martes el “maltrato institucional” al que, en su opinión, les ha sometido “el Ayuntamiento de Santa Eulària, el Govern balear y el Gobierno de España” y han exigido “medidas concretas” a su situación.

En declaraciones a los medios de comunicación, un mes después de lo sucedido, la portavoz de los afectados, Ana Loaiza, ha expresado su “agradecimiento a Podemos, que ha estado desde el primer momento apoyando”. De hecho, Loaiza ha atendido a la prensa en el Parlament, después que la diputada de Unidas Podemos, Cristina Gómez, preguntara a la presidenta del Govern cuánto le preocupan las familias de Can Rova.

Además de a Podemos, a quien Loaiza ha agradecido “hacer posible que este martes esté en el Parlament en representación de todos los afectados de Can Rova”, la portavoz ha querido “agradecer” también “a todos los civiles que se pasaron por Can Rova durante 23 días hasta que”, según ha recordado, les “echaron de la calle”.

Loaiza ha cargado especialmente contra el Ayuntamiento de Santa Eulària. “Aunque Santa Eulària presume de su competitividad turística y de ser uno de los municipios más grandes de Ibiza, nos ha tratado como ciudadanos de segunda, vulnerando completamente los derechos humanos y de los niños”, se ha quejado la portavoz de los afectados, criticando que “se ponga en duda la vulnerabilidad de las familias afectadas, ignorando el sufrimiento que han soportado”.

“Detrás de una ola de calor, una Dana, y ahora se enfrentan a una vuelta al cole, que viola por completo, otra vez, los derechos de los niños”, ha reiterado, invitando al Ayuntamiento a “releer los derechos humanos para ver si logran iluminarse y reflejar la grave situación que atraviesan los más vulnerables”.

“Es paradójico que en la isla del lujo de Europa estas familias sigan esperando respuestas concretas después de un mes y medio de pérdidas, desamparo y sufrimiento”, ha finalizado sus declaraciones Loaiza, precisando que no van a cesar de “reclamar y reclamar” porque es “lo único que queda” a los afectados de Can Rova, que en su “gran mayoría sigue en calle, en asentamientos ilegales”.

Hay que recordar que “en Can Rova se pagaba un alquiler, había un contrato”. Así que, ha concluido sus palabras, reiterando que “si antes eran vulnerables ahora mismo pues son personas maltratadas”.

Apoyo de Servicios Sociales

Por su parte, el Ayuntamiento de Santa Eulària ha recibido 32 instancias de personas que aseguran ser ex ocupantes del asentamiento de Can Rova en las que reclaman recibir algún tipo de apoyo por parte de Servicios Sociales.

Así se ha destacado en la nueva comisión celebrada para informar a la oposición sobre las actuaciones llevadas a cabo con los afectados por el desalojo del camping ilegal.

Según se ha informado, con estas personas se ha seguido el procedimiento marcado para todos los casos que se reciben de tipo similar, estudiando la solicitud presentada, informándoles para requerir que se aporte documentación que acredite su situación y citándoles para la valoración del caso.

De esta manera, el equipo de gobierno ha asegurado cumplir con el compromiso de realizar un seguimiento con la “máxima transparencia” sobre esta cuestión. En la sesión se ha dado cuenta de las intervenciones efectuadas después de la anterior reunión, el pasado 12 de agosto.

Los técnicos han destacado que el operativo ha seguido en todo momento lo establecidos por el Plan de Prestaciones Básicas aprobado por las instituciones responsables (Gobierno central, Govern balear, Consell y Ayuntamientos). Igualmente, entre las intervenciones realizadas se ha recordado que se habilitó un refugio temporal en el gimnasio del CEIP s'Olivera, en Puig d'en Valls, ante las previsiones de fuertes lluvias los días 14 y 15 de agosto, pero no se recibieron usuarios.

A preguntas de la oposición, los técnicos han reiterado que los procedimientos, tanto administrativo como legal, han sido los necesarios y adecuados para respetar la legalidad y la normativa vigente.

Igualmente, se ha comentado que se siguen dando los pasos necesarios para concluir los expedientes abiertos contra la propiedad de la parcela de Can Rova por las infracciones cometidas.