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Ubicado en plena Serra de Tramuntana, en el término municipal de Escorca, es el santuario mariano más antiguo de Balears: su fundación se remonta al siglo XIII y, desde entonces, está considerado el centro espiritual de Mallorca, parada obligatoria de peregrinos de todo el mundo y, principalmente, símbolo de la identidad isleña. Sin embargo, en las últimas semanas no ha estado exento de polémica: el Consell de Mallorca decidió abrir un expediente sancionador a la hospedería del Santuari de Lluc por comercializar turísticamente un centenar de sus habitaciones sin los permisos pertinentes para su explotación como hotel. Sus estancias se promocionan en webs como Booking y Tripadvisor y pasar una noche en ellas puede oscilar entre los 85 y los 103 euros en temporada alta, como puede comprobarse echando un rápido vistazo a estos portales.
El trasiego de visitantes es significativo a las once de la mañana de un jueves de finales de mayo. Los turistas fotografían la Basílica, el 'Pujol dels Misteris', el jardín botánico, el museo... o salen en bicicleta por los caminos empedrados de alrededor. A 500 metros sobre el nivel del mar, enclavado entre montañas y encinares, este templo religioso está gestionado por la Fundació Santuari de Lluc, impulsada en 1992 con el objetivo de velar por el mantenimiento y la restauración del santuario, así como por la continuidad de su función religiosa, educativa, cultural y social. Más de 400.000 personas lo visitan cada año, pero la Fundació, acogida a la Ley de Fundaciones e Incentivos Fiscales de las entidades sin finalidad lucrativa, está exenta del pago del impuesto sobre los beneficios que obtiene de su actividad.
El pasado mes de abril, el Consell de Mallorca, gobernado por el PP con el apoyo de Vox, duplicó de 35.000 a 70.000 euros la partida destinada al monasterio para la conservación y digitalización su su archivo histórico, integrado por más de 100.000 pergaminos y documentos distribuidos a lo largo de 560 metros.
Habitaciones comercializadas sin autorización
Ahora, las instituciones públicas han puesto la lupa sobre la explotación de la hospedería, que cuenta con 81 habitaciones y 39 apartamentos. A pesar de que este espacio lleva siglos acogiendo a peregrinos, es un fenómeno reciente que el santuario haya comenzado a promocionarse en las webs de alojamiento turístico a pesar de no estar dado de alta en el Registro de Empresas, Actividades y Establecimientos Turísticos del Consell de Mallorca. La administración supramunicipal, por ahora, no precisa a qué multas se enfrentaría la hospedería en caso de ser finalmente sancionada. No obstante, de ser calificada la infracción de muy grave a tenor de lo dispuesto en la Ley de Turismo balear, las cantidades podrían ascender hasta los 400.000 euros e incluso el recinto podría enfrentarse al cierre temporal.
Desde el Obispado de Mallorca, del que depende el monasterio, señalan que lo único de lo que disponen por ahora es del acta de la inspección que se llevó a cabo en el edificio el pasado mes de abril, pero no de la notificación del inicio del expediente. Una vez lo reciban, se abrirá el consiguiente periodo de alegaciones. En declaraciones a elDiario.es, las mismas fuentes señalan que están colaborando tanto con el Govern balear como con el Consell “para arreglar cualquier infracción que se esté cometiendo”. En este sentido, Francesc Vicens, Vicario Episcopal de Patrimonio, apela al respeto del procedimiento administrativo: “Nuestra voluntad es la que ha sido siempre, ir adecuando todos los espacios a la legalidad a través de las herramientas que tenemos a mano. Algunas son más fáciles y otras, más complejas y la Ley de Turismo dificulta mucho su regularización”, señala.
Se refiere, en concreto, a espacios singulares protegidos por figuras patrimoniales que “a lo mejor no pueden cumplir unos requisitos al cien por cien como pide la Ley de Turismo”. En este sentido, desde el Obispado precisan que la Ley del Turismo está enfocada principalmente a hoteles de nueva construcción. “En el caso de Lluc, estamos hablando de un santuario que se construyó hace siglos y que se ha pasado cientos de años hospedando a gente; adaptarlo a requisitos en materia, por ejemplo, de arquitectura o de diseño de las habitaciones o de accesibilidad es complicado en los términos que exige esta normativa”, inciden. Por ello, proponen la elaboración de una Ley de Hospederías o una normativa marco para este tipo de establecimientos.
El Obispado: “No queremos ningún privilegio”
Con todo, el Vicario asegura que están trabajando en solventar la situación: “No es una cuestión de la que nos hayamos podido escapar, sino todo lo contrario. Lo que sucede es que son cuestiones muy complejas y nuestra idea desde hace años es que debe ir regularizándose estos espacios con las medidas que estén dentro de nuestras posibilidades. Si hubiera nuevas herramientas, facilitarían mucho más esta labor”.
El Vicario recuerda que Lluc acoge a peregrinos desde los siglos XIII y XIV de forma ininterrumpida y, desde entonces, en el santuario han ido adecuándose “a unos tiempos y unas realidades” que se les “pedían”. Vicens asegura que no quieren “ningún tipo de privilegio”, sino una legislación propia como en otras autonomías, como una Ley de Hospederías, que permita regularizar estos espacios singulares.
La inspección llevada a cabo en el santuario se enmarca, como señala el conseller insular de Turismo, José Marcial Rodríguez, entre las más de 700 visitas llevadas a cabo a diferentes establecimientos con el objetivo de detectar oferta turística ilegal. Según precisa, hasta el 60% de esas 700 visitas han acabado en acta. Rodríguez calificó recientemente como “fortuito” el hecho de que el expediente sancionador se conociese públicamente apenas unos días después de que el obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull, expresara su preocupación por la saturación que sufren las carreteras de Mallorca y que afectan a menudo a este enclave.
Independientemente de que este procedimiento acabe o no en una sanción, el Obispado insiste en que en ningún caso existe la voluntad de mantener ninguna irregularidad y que pondrán en regla o actualizarán cualquier situación que se requiera, si finalmente así se reclama.
'Spiritual' y la comercialización del turismo religioso en Mallorca
Durante varios años, el santuario fue gestionado por la empresa IRU Gestió i Producció, al frente de la cual se encontraban el exportavoz del PP en el Ajuntament de Palma Rafa Duran y el exconcejal del Partido Socialista de Mallorca (PSM) y exgerente de la Agencia de Turismo de Balears (ATB) Pere Muñoz, quien, además, es propietario de la empresa de gestión turística Spiritual Mallorca, que impulsó en 2016 con el objetivo de promocionar el turismo cultural y religioso de la isla. Spiritual comercializa la tarjeta SMCard, que permite el acceso a seis espacios patrimoniales, entre ellos el monasterio de Lluc.
El grupo IRU, que, entre otras ayudas, recibió en 2012 un total de 30.000 euros procedentes del Ministerio de Educación para la creación y difusión de la Ruta Ramon Llull, y 60.000 del Govern balear, en 2009, por un negociado sin publicidad para la creación, diseño y producción de una exposición sobre la historia del tren en Mallorca, comenzó a gestionar Lluc en 2012, cuando los Missioners dels Sagrats Cors acudieron a esta empresa para saber cómo podían mejorar la proyección del Santuario. En la actualidad, Spiritual gestiona el parking privado del santuario y la piscina del mismo, pero la hospedería la gestiona directamente el Obispado.
El Santuario de Lluc ya recibió una denuncia en 2022, como manifestó el conseller insular de Turismo cuando compareció para informar sobre el actual expediente. Deslizó que se trataba de un antecedente similar frente al cual el anterior equipo de gobierno encabezado por el PSIB-PSOE “no hizo nada”. Sin embargo, aquella reclamación nada tenía que ver con licencias ni permisos, sino con los ruidos por los que un huésped presentó una queja, como informó Diario de Mallorca.
El pasado mes de enero, un juzgado archivó una querella contra el prior Marià Gastalver y el diácono del Santuari de Lluc interpuesta por una extrabajadora por presunto acoso laboral. La mujer había retirado la denuncia en un proceso paralelo dirimido por la vía social. Los responsables del monasterio, sin embargo, no han sido ajenos a este tipo de situaciones. En 2016, otra jueza declaró prescrita la responsabilidad penal del anterior prior de Lluc, Antoni Vallespir, investigado por presuntos abusos sexuales a un antiguo 'blauet' del santuario cuando éste era menor.