Lanzarote ha tomado una decisión tajante para intentar acabar el problema de la saturación, la vivienda turística ilegal, el caos en las carreteras, la falta de vivienda y la pérdida de calidad de vida de los residentes: declarar a la isla como ‘turísticamente saturada’. La presidenta del Cabildo, María Dolores Corujo (PSOE), que hizo pública la medida hace unos días, aseguraba que la isla ''ha desbordado con creces su capacidad de carga turística“. ”No es una ocurrencia y no pone en riesgo la imagen de Lanzarote. Lo que la pone en riesgo es confundir desarrollo con crecimiento“, añadió.
Sin embargo, a pesar de que la situación en el archipiélago balear y, en concreto, en Eivissa, es mucho más grave que en la pequeña isla canaria y de que diferentes instancias han pedido reiteradamente esta declaración de saturación a las distintas Administraciones, esta medida no se prevé. La única isla de las Balears que ha tomado medidas en esta línea ha sido Formentera, que “ya ha establecido un techo de ocupación y una limitación de estancias turísticas”, aseguran los portavoces del Consell. Además, desde 2019, está en funcionamiento Formentera.eco, “que pone techo a la entrada de vehículos en la isla”, puntualizan a elDiario.es.
Sin embargo, Consell de Eivissa asegura que “este tipo de declaraciones, si no llevan aparejada una ley con medidas concretas, está vacía de contenido”. Desde la máxima institución insular ibicenca explican a elDiario.es que “ahora mismo no se ha planteado trabajar en esta línea”. “Sí estamos trabajando en la línea de controlar el acceso de vehículos de alquiler y caravanas por ley, de hecho ya hemos hecho una propuesta legislativa en ese sentido, que fue ignorada por el anterior ejecutivo progresista en el Govern balear”, añaden. En este sentido, el presidente del Consell de Eivissa, Vicent Marí, ha anunciado que “a partir del próximo mes se contabilizará la entrada de vehículos con la instalación de cámaras de vigilancia en el puerto de Eivissa. Estas cámaras permitirán saber el número de vehículos que llegan a la isla en tiempo real”, según publica esNouDiari.
La máxima institución insular, aseguran las mismas fuentes, trabaja “en la línea de la limitación del alquiler turístico” y aducen que “Eivissa en los últimos años, a diferencia de las otras islas, ha decrecido en 9.000 plazas turísticas menos”, en referencia a la reducción de plazas legales turísticas, lo que no incluiría la oferta turística ilegal, que campa a sus anchas en la isla como el negocio de los taxis pirata, a pesar del trabajo de la dirección insular de intrusismo que trabaja desde 2019 contra la oferta ilegal en los dos sectores. El volumen de fraude es tan grande y el cuerpo inspector insular y autonómico es tan insuficiente que esta vía de resolución del problema es totalmente inoperante.
“No quieren resolver el problema para no perder votos”
Desde otras instancias se muestran totalmente en desacuerdo con la postura del Consell Insular. Xabier Llobet, arquitecto ibicenco, que lleva muchos años solicitando estos estudios de carga o capacidad en la isla de Eivissa, considera que las medidas que está tomando Lanzarote son una primera piedra para saber cuál es la situación real y, después, tomar las medidas necesarias.
La capacidad de acogida, explica Llobet, es “el nivel máximo de visitantes que un área determinada puede soportar, con el menor impacto ecológico y el mayor nivel de satisfacción posible de los visitantes” y, además, este tiene que ser compatible con el Principio de Desarrollo Sostenible, que “es aquel que satisface las necesidades de la generación presente, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”, concreta.
“Lo que pasa es que si no se quiere resolver el problema porque se considera que la propiedad privada es sagrada y no se quieren perder los votos de todos los propietarios de la isla, este es el resultado”, explica. Y añade: “El estudio sobre la capacidad de acogida se está pidiendo en la isla hace mucho tiempo. Hay muchos lugares donde esto ya se ha hecho, como el Parque Nacional de Cabrera, les Illes Medes, la Alhambra de Granada, las Cuevas de Altamira, las Islas Cíes… En 2019 hice una recogida de firmas en change.org en este sentido tanto en la isla de Eivissa como en la de Formentera. Pasó más de un año sin respuesta y después me dirigí al Defensor del Pueblo. Acto seguido, el Consell de Eivissa me contestó diciendo que ya estaban haciendo este estudio con EivissaPreservation”.
Si no se quiere resolver el problema porque se considera que la propiedad privada es sagrada y no se quieren perder los votos de todos los propietarios de la isla, este es el resultado
Sin embargo, fuentes de la asociación conservacionista han explicado a elDiario.es que este estudio se hizo en 2017 en colaboración con la UIB por iniciativa de las dos entidades y que no estuvo financiado en ningún momento por la máxima institución insular: “Lo que hacemos ahora con el Informe de Sostenibilidad es dar seguimiento a aquellos indicadores del estudio de capacidad de 2017 con el informe anual del Observatorio de Sostenibilidad, que sí está siendo financiado por el Consell de Eivissa. De hecho, el estudio fue el germen del que nació el Observatorio”.
Desde la entidad aclaran que existe “una subvención por parte de la Conselleria de Territorio específica desde el año pasado y que se va a repetir este año, para la elaboración, por parte del Observatorio, de los indicadores de sostenibilidad que se recogen tanto en el Informe de Sostenibilidad anual en Eivissa que hace el seguimiento, además, del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU para 2030, como en el informe de las cuatro islas”. Asimismo, también el Consell financió “una pequeña parte del mapa de cubiertas y usos del suelo de la isla de Eivissa que salió a la luz el año pasado”, añaden desde la entidad.
“La idea es que el Consell use la información del mapa en todo lo que tenga que ver con agricultura, medio ambiente, urbanismo, costas, etc. porque da mucha información útil”. Asimismo, puntualizan desde EivissaPreservation, el año pasado hicieron “una presentación de esa herramienta a técnicos del Consell y de los ayuntamientos para que sepan todas las posibilidades que tiene”. Por otro lado, desde la entidad ponen de manifiesto que “el montante económico de ayudas públicas es mínimo” en comparación con el resto de sus fuentes de ingresos que vienen, mayoritariamente, “de donaciones particulares y empresariales”, tal y como se puede comprobar en la Memoria Anual de 2022, recientemente presentada.
Los datos empeoran en cada informe de sostenibilidad
En aquel primer estudio de acogida los datos referentes a 2016 ya eran alarmantes. El número de pasajeros que llegaban a Eivissa ya se había duplicado en una década, “alcanzando los 4 millones”. Se hablaba también de una “creciente turistificación con un ratio turista/residente, alcanzando en Eivissa y Formentera los 25,56 turistas/habitante, una de las tasas más elevadas del planeta”.
Se destaca, ya en 2017, cómo en la segunda década de los 2000 la capacidad se veía alterada por la irrupción de la vivienda turística y vacacional con “7.027 plazas legales y 18.000 ilegales, comercializadas a través de plataformas online”. “El alza de los precios de alquiler ha provocado que el 82% del salario medio se destine íntegramente al pago del alquiler de la vivienda, cuando la UE establece que un hogar está sobrecargado cuando los costes de la vivienda sobrepasan el 40% de la renta disponible”, concretaba el estudio. “La tasa de motorización de Eivissa es de 963,8 vehículos/1000 habitantes, duplicando el número de vehículos por habitantes del resto del territorio español. A ello, se debe sumar los coches de alquiler, estimados en 18.000 vehículos, la mayoría de los cuales están matriculados fuera de la isla”. Y así suma y sigue.
Los números no han hecho más que empeorar en los informes de sostenibilidad sucesivos. En el último publicado, el de 2022, referente a datos de 2021, el número de vehículos era de 154.454. “Esto significa, se asegura en el Informe, que el índice de motorización alcanza el 1.011. Por tanto, en la isla hay más de un vehículo por persona (incluyendo a los menores de edad) en una red viaria que cuenta con unos 200 kilómetros”.
Respecto al número de personas pasajeras en 2021 ya era de 4.835.057 millones, lo que significa más de 800.000 visitantes más que en 2016, según el Informe de sostenibilidad de 2022. El 2021 ha supuesto que el índice alcance la cifra de 1.156 turistas por cada 100 habitantes, un 201% más que en 2020. Esta cifra está por debajo de las 1.955 personas por cada 100 habitantes de 2019“, antes de la pandemia, tal y como se puede comprobar en la web de EivissaPreservation. Los 25,56 turistas por habitante, ”una de las tasas más elevadas del planeta“ de 2016, parecen una broma.
En el último informe publicado, el de 2022, referente a datos de 2021, el número de vehículos era de 154.454. En la isla hay más de un vehículo por persona (incluyendo a los menores de edad) en una red viaria que cuenta con unos 200 kilómetros
En cuanto al valor medio de mercado de la vivienda, los datos que se reflejan son de subidas continuas hasta los 4.974€ del metro cuadrado en el 2021, “cifra que supera en un 56% el coste a nivel balear y en un 175% el valor del precio del metro cuadrado a nivel estatal, siendo la cifra media de 1.808€”. Desde el 2006 al 2021, el valor medio catastral de los bienes inmuebles de uso residencial se ha duplicado, alcanzando un aumento del 100,76% y pasando de 47.679,83€ en el año 2006 a 95.723,08€ en el año 2021.
Ante esta situación de crecimiento descontrolado en un territorio pequeño y con recursos cada vez más escasos, el arquitecto Xavier Llobet insiste en que Eivissa podría incorporar políticas en su ordenamiento territorial que supongan un punto de inflexión en esta deriva. En este sentido, el Consell Insular asegura que los datos aportados por diferentes entidades, incluidos los de EivissaPreservation, “se tienen en cuenta”. “De hecho, se han tenido en cuenta para la reforma del PTI (Plan Territorial Insular)”, que fue aprobado definitivamente después de las elecciones autonómicas y municipales de mayo, y por el que se prohibían nuevas licencias de alquiler en suelo rústico, “con tal de poner freno a aquellas empresas de fuera que solo quieren especular con el suelo de Eivissa y para garantizar a propietarios y familias ibicencas la recuperación de sus derechos”.
El presidente del Consell d’Eivissa, Vicent Marí, destacaba en este momento la “amplia participación” de diferentes colectivos, entre los que se encontraba Eivissa Preservation. Fuentes de la entidad puntualizan que “a EivissaPreservation, así como a otras organizaciones como Alianza por el Agua o Prou, entre otras, se les pidió participar en una consulta participativa sobre una modificación puntual del PTI”,. a la que enviaron sus aportaciones. “Al ser una consulta sobre una modificación puntual del PTI no se hicieron consultas sobre demasiados asuntos, sino sobre cosas muy puntuales relacionadas con asuntos de agricultura y energías limpias. Nuestras aportaciones tuvieron que ver con cuestiones relacionadas con instalación de placas solares en espacios públicos como parkings, etc.”, añande.
El poder de los propietarios en Eivissa
Bajo el punto de vista del arquitecto Llobet, “esto es una burla”, y asegura que en Eivissa el tema de la propiedad privada es “un lastre”. Y añade: “De tiempos ancestrales Eivissa ha sido una isla de propietarios y el partido dominante no se atreve a meterse ahí, es algo que ha pasado siempre. Cuando se hizo el Ensanche de Eivissa los propietarios eran muy pocos. Por ejemplo, la calle Aragón -que atraviesa Eivissa desde el centro-, era de un solo propietario, que se quedó con los bajos comerciales y pisos a cambio de permuta con los constructores que hicieron los edificios. De ahí a entrar al alquiler por plataformas es todo uno. Se les ha permitido poner en el mercado estas viviendas para sacarle la mayor rentabilidad posible y todo esto es un saco de votos”.
Según la opinión del arquitecto, “habría que hacer lo mismo que en Lanzarote”. “Habrá que adaptar el Plan Insular Territorial a estas conclusiones y tomar medidas territoriales y empezar a meter mano en los planes de ordenación. La reforma del PTI no ha hecho nada en este asunto. La Oficina de intrusismo no vale nada. Es un paripé”, resume. Asimismo, añade Llobet, “hay que tener en cuenta que para llegar a este punto se han unido otros factores: la actividad de grandes tour-operadores y aerolíneas, la incidencia decisiva de los viajes low cost, la aparición de plataformas digitales de alquiler de viviendas y la afluencia turística no controlada que tensiona excesivamente a la sociedad receptora”, sobre todo en lo que se refiere al aumento desorbitado del precio de la vivienda. “Sin embargo, se siguen destinando recursos a la promoción turística, sin analizar esta capacidad de acogida”, lamenta.
Para llegar a este punto se han unido en Eivissa varios factores: la actividad de tour-operadores y aerolíneas, la incidencia de los viajes low cost, la aparición de plataformas digitales de alquiler de viviendas y la afluencia turística no controlada
Opiniones que son secundadas por el Sindicato de Inquilinas de Eivissa y Formentera, que asegura que “todo es una puesta en escena”. Y añaden: “Tenemos los datos año a año. Tenemos las herramientas, pero lo único que se hace es regalarle el oído y el bolsillo a los propietarios. Hay residentes en la isla que no son propietarios y nadie mira por sus derechos. No estamos en contra de los propietarios pero, si la única modificación territorial en este sentido es que los nuevos propietarios de casas en el campo, vendidas por los locales, no puedan hacer negocio con sus propiedades, si eso es todo lo que se les ocurre… Está claro que no quieren solucionar nada. A los propietarios aquí en Eivissa no se les toca. Al igual que pasa en todo el archipiélago”.
El Sindicato de Inquilinas se refiere así a los planes que la nueva presidenta del Govern, la popular Marga Prohens, ha destacado en cuanto a vivienda y al rechazo frontal de su Ejecutivo a la nueva Ley de Vivienda estatal, para la que el Govern ha solicitado su inconstitucionalidad, con el argumento de la defensa a ultranza de los propietarios de Balears. En este sentido, el senador por Eivissa y Formentera de la coalición progresista PSOE, SUMAR y MÉS, Juanjo Ferrer, ha asegurado a este diario que correspondería a la oposición en el Parlament balear solicitar al Govern la aplicación de la nueva legislación de vivienda en las Islas. Así se despachaba la presidenta del Govern en unas de sus últimas declaraciones a la prensa publicadas por varios medios: “Voy a trabajar para que esta ley de Sánchez que protege a los okupas no llegue a Balears”, no se sabe si en referencia a los que gastan mucho más del 50% de sus sueldos en el alquiler de una habitación o a los nuevos propietarios extranjeros.