Ibiza, isla sin ley: las obras ilegales de Messi, Borriello o Cathy Guetta en sus mansiones de lujo

La proliferación de obras ilegales en mansiones erigidas sobre suelo rústico o protegido son una constante en Eivissa. En una isla demasiado acostumbrada a las frivolidades de todo tipo y al despilfarro hasta límites absurdos, donde la industria del lujo se ha establecido como un elemento de segregación socioespacial -empobreciendo o expulsando a las clases trabajadoras, tanto temporeros como nacidos o establecidos en la isla-, futbolistas, ‘celebrities’ y famosos están en el punto de mira por haber construido ilegalmente sobre sus villas de lujo.

Algunos de los casos más recientes afectan a Leo Messi, exfutbolista del FC Barcelona y PSG -ahora en las filas del Inter de Miami-; Marco Borriello, exfutbolista con una larga trayectoria en Italia y ahora ligado a la UD Ibiza; Cathy Lobé -más conocida como Cathy ‘Guetta’ por haber estado casada con David Guetta, famoso DJ y productor francés-, empresaria ligada al negocio de la fiesta y los espectáculos o Francisca Sánchez Ordóñez, la casera de los famosos, que ha adquirido un gran patrimonio, en parte, por haber alquilado ilegalmente -según el Consell Insular- sus villas de lujo con órdenes de demolición a turistas adinerados.

La destreza del astro argentino con el balón en los pies, ganador de ocho balones de oro, 35 títulos con el FC Barcelona y un Mundial con Argentina -entre otras muchas distinciones que le condecoran como uno de los mejores futbolistas de la historia-, contrasta con la polémica en la que se ha visto envuelta una empresa de los Messi. Edificio Rostower SL -cuyo representante legal es su hermano, Rodrigo Messi, según figura en el Registro Mercantil- es propietaria de una mansión de lujo de 16.000 metros cuadrados en Cala Tarida, donde el Ajuntament de Sant Josep paralizó unas obras que se estaban construyendo sin licencia, en mayo de 2022.

Las obras consistieron en movimientos de tierras y construcción de nuevos bancales, sin que el Consistorio las hubiera autorizado, ya que la propiedad tenía que redactar un proyecto y pedir la correspondiente licencia de obras, según informaron fuentes municipales a elDiario.es.

Una mansión de 11 millones de euros

Unos meses antes de que los técnicos del Ajuntament de Sant Josep detectaran que se estaban construyendo obras sin licencia en la mansión, la empresa ligada a la estrella del FC Barcelona compró la villa por 11 millones de euros, según informó Periódico de Ibiza y Formentera. Esta información apuntaba a que la adquisición se cerró el 3 de febrero de 2022, en un notario de Barcelona, sin licencia final de obra ni cédula de habitabilidad. La mansión era legal cuando se pidió la licencia de obra inicial, pero luego se proyectaron habitaciones en un garaje, motivo por el cual el Consistorio denegó la licencia de final de obra, aseguraron fuentes municipales. Y sin licencia de final de obra, el propietario no puede pedir la cédula de habitabilidad al Consell Insular.

Para restablecer la legalidad de la mansión, la propiedad tiene que restituirla a su estado previo, es decir, eliminar las habitaciones que se han construido en la ubicación en la que en su proyecto inicial se contemplaba la construcción de un garaje. Además, el propietario también tiene que eliminar la construcción de los nuevos bancales, que fueron paralizados, después de que llegara la orden mediante un decreto de Alcaldía, previa comprobación del estado de la finca llevada a cabo por los técnicos municipales, afirmó el Consistorio a este diario.

elDiario.es se ha puesto en contacto con Edificio Rostower SL para conocer el estado en que se encuentra la propiedad, sin que haya sido posible obtener una respuesta en el momento en que se publica este reportaje. Este diario también se puso en contacto por primera vez el 27 de diciembre con el Ajuntament para conocer el estado del expediente, pero tampoco ha sido posible obtener una respuesta de Vicent Roig (PP), alcalde de Sant Josep y concejal de Urbanismo, en el momento en que se publica esta información.

La Justicia investiga las obras ilegales de Borriello

La mansión del ex futbolista Marco Borriello, ubicada en es Cubells, está en el punto de mira de las autoridades insulares y judiciales. El Consell Insular abrió dos expedientes el 23 de febrero de 2023 por la construcción de obras ilegales en dicha villa. El primero, con la finalidad de sancionar las infracciones urbanísticas. El segundo, con el objetivo de restablecer la legalidad urbanística. La conselleria insular de Gestión del Territorio informó de que las actuaciones ejecutadas para cada uno de los responsables de las obras ilegales estaban valoradas en una sanción de 1,2 millones de euros para el propietario y promotor de las obras y en poco más de un millón de euros para el constructor.

El inicio del procedimiento de demolición y restablecimiento de la legalidad informaba de 19 construcciones que incluyen una reforma integral de la casa (ocupando una superficie de 360 metros cuadrados); dos anexos de 50 y 18 metros cuadrados, respectivamente; cinco pérgolas (dos con 38 metros cuadrados y las tres restantes con 45, 20 y 75 metros cuadrados); cuatro porches (5, 6, 40 y 16 metros cuadrados); una piscina de 60 metros cuadrados; escalera de acceso a la costa de una longitud de 100 metros; una plataforma de 60 metros cuadrados; una planta de 8 metros cuadrados; la demolición de un muro de bloque de hormigón de contención de tierras y la reforma parcial de la vivienda en ejecución, en la zona de la habitación principal y el salón.

La mansión del ex futbolista Marco Borriello puede suponer una sanción de 1,2 millones de euros para el propietario y promotor de las obras y un millón de euros para el constructor

El conseller insular de Gestión del Territorio, Mariano Juan (PP), que informó de que las actuaciones fueron remitidas a la Fiscalía por si pudieran ser constitutivas de delito, remarcó que la sanción también va dirigida a los constructores “porque tienen el deber de comprobar que el promotor de los trabajos (...) ha pedido la preceptiva licencia”. Fuentes del Consell Insular explican a elDiario.es que, en estos momentos, el expediente sancionador está paralizado porque hay un procedimiento penal abierto.

En cuanto al trámite para restablecer la legalidad urbanística, las mismas fuentes indican que este procedimiento se está instruyendo. “La propiedad ha presentado un proyecto de restablecimiento y legalización”, señalan, ya que “hay una parte que la propiedad alega que podría entrar en un proceso de legalización y otra parte que no”. Estas fuentes informan de que una vez presentado el proyecto hay que estudiar si cumple con las prescripciones solicitadas por el instructor del expediente. Esta información, sin embargo, no ha podido ser contrastada con Marco Borriello, a quien elDiario.es ha solicitado su versión a través de la UD Ibiza.

La información sobre el caso, que fue avanzada por El Español, señala que Borriello será interrogado en el Juzgado de Instrucción número 3 de Eivissa el 25 de enero. Según el diario, la Justicia investiga al exfutbolista por un presunto delito contra la ordenación del territorio, debido a la ampliación de su chalé de lujo, ubicada en una zona que cuenta con la protección de la Red Natura 2000.

La Justicia investiga al exfutbolista por un presunto delito contra la ordenación del territorio, debido a la ampliación de su chalé de lujo, ubicada en una zona que cuenta con la protección de la Red Natura 2000, según 'El Español'

Obras ilegales por valor de 2 millones de euros

Cathy Lobé, también conocida por su nombre artístico Cathy ‘Guetta’ por haber estado casada con David Guetta, DJ y productor francés, posee una mansión ubicada a la altura del kilómetro 5 de la carretera de Sant Josep. En esta finca rústica de más de 30.000 metros cuadrados, conocida como Villa Titanium, se erigieron obras ilegales por un valor aproximado de 2 millones de euros, según estimaron técnicos del Ajuntament de Sant Josep.

Fue en mayo de 2017 cuando los trabajadores municipales detallaron en un informe las obras ilegales -por haber sido edificadas sin licencia- que se sumaron a aquellas que contaban con autorización. El proyecto de demolición, con fecha de abril de 2018, proponía el derribo de dos patios ingleses, anexos a la fachada, de 199 metros cuadrados; una terraza descubierta, de 69 metros cuadrados; la ampliación de la terraza pavimentada, de 380 metros cuadrados; una pérgola metálica que además incumplía la tipología de suelo rústico, de 313 metros cuadrados; una planta sótano, de 238 metros cuadrados; y tres caminos pavimentados de 1295 metros cuadrados.

La polémica urbanística relacionada con esta edificación volvió a estar de actualidad en 2023, después de que el Ajuntament de Sant Josep, cuando gobernaba el PSOE con Unidas Podemos, acusara al Consell Insular de que la modificación número 2 del Plan Territorial Insular (PTI) permitía la legalización del sótano de Cathy Guetta. El Consell Insular, en manos del PP, negó la afirmación realizada por Ángel Luis Guerrero (PSOE), entonces alcalde de Sant Josep, y concejal del área de Urbanismo.

El Ajuntament de Sant Josep (PSOE y Unidas Podemos) acusó al Consell Insular (PP) de permitir la legalización del sótano de Cathy Guetta, un extremo que negó la institución insular

En este sentido, el Consell Insular afirmó que la norma modificada “en ningún caso permite la legalización de una obra como la que describe Guerrero”. “Respecto a los sótanos, el PTI recoge que no computarán dentro de los 900 metros cúbicos máximos para las viviendas determinados usos en sótanos: aparcamiento de vehículos, servicios de infraestructuras del edificio, lavandería, trastero, vestuario, despensa, bodega, gimnasio, sala de juegos y sala de cine, limitando la superficie máxima del sótano que, en su conjunto, nunca podrá ser superior a la impronta de la nueva casa”.

Así, el Consell Insular insiste en que la nueva norma “no permite legalizar ninguno de los 800 metros cuadrados de sótanos construidos fuera de la planta de la casa de Cathy Guetta”. “Solo se podría legalizar la mitad del sótano que existe”, afirma. Las obras ilegales de la villa ya tienen un expediente de infracción urbanística y una orden de demolición “que el Ajuntament de Sant Josep se debería de preocupar para hacer cumplir”, afirmaba el gobierno insular, cuando el Consistorio estaba gobernado por la izquierda. elDiario.es preguntó al Ajuntament de Sant Josep sobre el estado del expediente por primera vez el 27 de diciembre, sin que haya sido posible recibir una respuesta de Vicent Roig (PP), alcalde del municipio y concejal de Urbanismo, en el momento en que se publica este reportaje. Tampoco ha respondido Cathy Guetta a las preguntas de este diario con la finalidad de recabar su versión.

El imperio turístico ilegal de la “casera de los famosos”

Francisca Sánchez Ordóñez –o Paquita Marsan, como se hace llamar por su antiguo marido– es conocida en Eivissa –y en las páginas de la prensa rosa– por ser la “casera de los famosos” en la isla. Esta empresaria del sector inmobiliario y turístico, que también es una 'celebrity' en su lugar natal, Málaga, ha alcanzado un patrimonio económico elevado gracias a esta actividad alquilando, en algunos casos irregularmente –según el Consell d'Eivissa–, sus villas a gente famosa y adinerada.

Sánchez Ordóñez, que afirma ser amiga de los expresidentes del Gobierno José María Aznar y Felipe González, no es tan conocida por el éxito logrado con algunas de sus empresas, sino por su amplísimo historial de ilegalidades urbanísticas detectadas y denunciadas por el Ajuntament de Sant Josep y el Consell d'Eivissa. Entre otros negocios que posee en la Península, especialmente en Málaga y Madrid, Sánchez Ordóñez es administradora única de Horizon Ibiza SL, Hotelesport SL, Inversiones Hoteleras Faro SL, Inversiones Hoteleras Tanit SL, Parfina SL, Punta Arabí SL y Turística de Promociones SL, todas ellas empresas ubicadas en Balears, dedicadas a actividades como la construcción de edificios residenciales, alojamientos turísticos y alquiler de bienes inmobiliarios, según figura en los datos del Registro Mercantil a los que tuvo acceso elDiario.es.

Una de sus construcciones ilegales, Casa Lola, fue demolida por el Consistorio el 13 de septiembre de 2022, más de una década después de que Josep Marí Ribas (PSOE), entonces alcalde del municipio, dictara la primera orden de derribo del complejo turístico. Casa Lola era un macrocomplejo de casi 2.500 metros cuadrados, más de 500 metros cuadrados de muros perimetrales y paredes, dos piscinas de más de 300 metros cuadrados y otros 6.000 metros cuadrados que incluyen terrazas, pavimento exterior y caminos.

Casa Lola fue construida sin contar con la licencia de obra ni otros permisos necesarios, según dictaminaron el Ajuntament de Sant Josep y el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJIB). En el interior solo quedó parte de la construcción original, de menos de 200 metros cuadrados, según informó el Consistorio. El Ayuntamiento explicó, entonces en manos del PSOE, que se iban a reclamar 1,4 millones de euros a la propietaria, como multa por el expediente sancionador iniciado, más las cantidades por ejecutar los trabajos subsidiariamente, que fueron adjudicados por 250.000 euros a la constructora Hermanos Parrot mediante procedimiento negociado sin publicidad.

Casa Paola, otra mansión de la empresa Inversiones Hoteleras Faro SL, ubicada muy cerca de los restos de Casa Lola, recibió una notificación del Ajuntament de Sant Josep, el 9 de septiembre de 2022, en la que se daban tres semanas a la empresa para que restituyera la legalidad urbanística en la villa -ya que se realizaron construcciones sin la preceptiva licencia urbanística y que son ilegalizables por encontrarse en suelo protegido-. Si transcurrido el plazo la empresa no hubiera restablecido dicha legalidad, el Ajuntament informaba que iba a pedir autorización judicial, como en el caso de Casa Lola, para entrar en la villa y realizar los trabajos subsidiariamente, informaron fuentes municipales a elDiario.es. A día de hoy, se desconoce el estado de tramitación en que se encuentra dicho expediente, que no ha podido ser verificado por fuentes municipales o judiciales.

Las construcciones ilegales de esta villa, según el expediente de disciplina urbanística incoado el año 2016, hacen referencia a un volumen de unos 170 metros cuadrados y cuatro metros de altura que tendría un uso residencial; un aljibe de unos 75 metros cuadrados; una piscina de 100 metros cuadrados y una construcción anexa de otros 150 metros cuadrados. En total, se trataría de casi 500 metros cuadrados a los que hay que sumar la zona exterior rellenada con tierra y áridos para construir nuevos bancales en un área de 120x75x60 metros con una altura de un metro.

El Ajuntament acusa a la empresa Inversiones Hoteleras Faro SL de una “infracción urbanística muy grave” porque, después de las visitas de los celadores, se comprobó que la propiedad incumplió las órdenes de paralización de obras ilegales emitidas por el Consistorio. Por estos hechos, se le abrió un expediente sancionador. Los trabajos de demolición podrían costar unos 105.546 euros que serían sufragados, provisionalmente, por las arcas municipales. Es decir, que si el juez autoriza al Ajuntament la entrada en la villa, las demoliciones se pagarán con dinero público para posteriormente enviar la factura a la propiedad. Esta sanción es independiente a las que se puedan llevar a cabo como consecuencia de los expedientes sancionadores iniciados. La empresa presentó alegaciones el 3 de octubre de 2022 contra el proceso iniciado por el Consistorio, informaron fuentes del Ajuntament a este diario.

Inversiones Hoteleras Faro SL, propietaria de Casa Lola y Casa Paola, es una sociedad limitada que opera en Eivissa desde 1990, dedicada al alquiler de bienes inmobiliarios, según figura en el Registro Mercantil. La empresa no ha respondido a las preguntas de este diario sobre el estado de los expedientes que se incoaron a Casa Paola. elDiario.es también se puso en contacto con el Ajuntament de Sant Josep, por primera vez el 27 de diciembre, para consultar con Vicent Roig (PP), alcalde y concejal de Urbanismo, el estado del expediente, sin que haya sido posible en el momento en que se publica esta noticia.

Multas coercitivas contra Casa Rocío

Por otro lado, el Consell d’Eivissa ordenó la demolición de una casa de 235 metros cuadrados de superficie y un anexo construidos ilegalmente en la villa de lujo ‘Casa Rocío’, ubicada en una zona protegida del municipio de Sant Josep. Esta villa de lujo pertenece a Inmobiliaria y Construcciones Sanor 96 SL, según la documentación a la que tuvo acceso elDiario.es, una empresa ligada a Rocío Martín Sánchez y Francisca Sánchez Ordóñez.

La conselleria de Gestión del Territorio, que dirige el vicepresidente y conseller insular Mariano Juan (PP), detectó a finales del año 2021 que en esta mansión se estaban ejecutando obras que consistían en la construcción de una nueva casa sin disponer de la licencia urbanística correspondiente. Por estos hechos, la institución supramunicipal ordenó la paralización inmediata de las obras e incoó expediente de disciplina urbanística.

La promotora incumplió los requerimientos en diversas ocasiones, pese a las continuas inspecciones del SEPRONA de la Guardia Civil y del celador y arquitecto técnico del Consell d’Eivissa, que hicieron constar las presuntas irregularidades en diversos informes. Los hechos fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía de Eivissa por un posible delito contra la ordenación del territorio.

La legalidad urbanística, sin embargo, no ha sido restablecida en Casa Rocío en base a las prescripciones que le fueron trasladadas a la empresa, según se desprende de la última inspección de los técnicos del Consell Insular, informan fuentes de la institución a este diario. Por este motivo, se han impuesto cuatro multas coercitivas a razón de 37.000 euros cada una. Es decir, por un total de 148.000 euros.

Las mismas fuentes indican que se pueden fijar un máximo de 12 multas coercitivas por incumplimiento. Si llegado a ese punto las ilegalidades no han sido resueltas por la propiedad, el Consell Insular podría actuar de manera subsidiaria para realizar los trabajos. La empresa no ha respondido a las preguntas de elDiario.es para recabar la versión sobre el estado de las obras ilegales construidas en las mansiones del imperio de Sánchez Ordóñez y su familia.