“La imagen que vi fue dantesca”: la “finca del horror” acumulaba ovejas moribundas y cadáveres de animales en Palma
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“La imagen con la que nos encontramos fue dantesca”. Guillermo Amengual recuerda con horror la tarde en que, tras el aviso de varios vecinos, acudió a una finca con animales en las afueras de Palma. Le habían advertido de la presencia de animales en pésimo estado, pero lo que vio lo dejó sin respiración: “Ovejas moribundas a las que les quedaban pocas horas de vida, olor nauseabundo por la retirada de algún cadáver en las últimas horas y huesos de animales por la finca”. En total, hasta doscientos animales en malas condiciones y dos cadáveres en descomposición. El presidente del partido animalista Progreso en Verde, de inmediato, puso los hechos en conocimiento de las autoridades locales, aunque lamenta que las instituciones “se cruzan de brazos ante los casos de maltrato, tortura o muerte de los animales”.
El propietario, de 84 años, ya ha sido denunciado en ocasiones anteriores y acumula más de 60.000 euros en multas, de acuerdo a los datos proporcionados por Progreso en Verde y por el Govern balear. De hecho, según las pesquisas del partido animalista, este terreno ubicado entre las barriadas de Son Roca y La Vileta ha llegado a ser utilizado como matadero clandestino sin ningún tipo de garantía sanitaria, y su dueño también se ha dedicado a la venta de burros criados dentro del recinto. “¿Cómo es posible que se permita morir a los animales en las fincas de supuestos ganaderos? Muertes por desnutrición o enfermedades que se denuncian año tras año sin que pase nada. Y cuando aparecen los responsables de la Conselleria de Agricultura y Pesca, resulta que todo está bien. ¿Qué ocultan? ¿A quién protegen?”, se pregunta Amengual.
Aviso: esta noticia contiene fotos que muestran sufrimiento animal
El activista recrimina la lentitud con la que, “por desgracia”, se tramitan los procesos judiciales contra este tipo de casos. Con todo, su pretensión es sobre todo una: la incautación de todos los animales vivos del terreno y la inhabilitación del propietario para la tenencia de cualquier tipo de animal. “Esta persona no puede tener más animales porque ya hemos visto el resultado. Ya no es una vez ni dos, sino varios años haciendo lo mismo”, recrimina en declaraciones a elDiario.es. El presidente de Progreso en Verde critica que el dueño del terreno “no parece que haya escarmentado, sino todo lo contrario”. Por ahora, desde la entidad se mantienen pendientes de que los vecinos informen de si se produce algún movimiento más o si vuelve a haber animales “para poder actuar enseguida” y “evitar que más animales mueran”.
¿Cómo es posible que se permita morir a los animales en las fincas de supuestos ganaderos? Muertes por desnutrición o enfermedades que se denuncian año tras año sin que pase nada. Y cuando aparecen los responsables de la Conselleria de Agricultura y Pesca, resulta que todo está bien. ¿Qué ocultan? ¿A quién protegen?
Infracciones “muy sujetas a interpretación”
En concreto, las normativas que se aplican a la hora de realizar las inspecciones pertinentes en estos terrenos, tanto las relativas al programa de control con el que cuenta el Govern como las derivadas de las denuncias interpuestas por vecinos o animalistas, son la Ley 348/ 2000 de protección de los animales en explotaciones ganaderas, así como la 32/2007 para el cuidado de los animales, en su explotación, transporte, experimentación y sacrificio. A partir de ahí, cada sector ganadero tiene su propio decreto de ordenación con sus normas específicas de bienestar animal, algo que no sucede con los ámbitos ovino y caprino, como señala en declaraciones a elDiario.es el director general de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Ruralca, Fernando Fernández, quien asevera que en estos casos las infracciones “están muy sujetas a interpretación” y “a veces resulta difícil calificarlas como leves, graves o muy graves”.
“Lo que nosotros aplicamos es un criterio que es el análisis de riesgo: cuando vamos a hacer una inspección por primera vez a una explotación ganadora que no tiene un historial previo de infracciones y vemos cosas que no están del todo correctas, se aplica una infracción leve. Pero, evidentemente, si reitera en el tiempo, se aplica un criterio de riesgo y se va elevando la categoría de la infracción, aunque los hechos sean los mismos”, explica Fernández, especialista en políticas agrarias, desarrollo rural y soberanía alimentaria. Es el caso, en concreto, de la finca de La Vileta. “Hay gente que no debería tener animales”, abunda el director general, quien apunta que en los casos más graves se retira al propietario el código de explotación de producción y reproducción.
Lo que nosotros aplicamos es un criterio que es el análisis de riesgo: cuando vamos a hacer una inspección por primera vez a una explotación ganadora que no tiene un historial previo de infracciones y vemos cosas que no están del todo correctas, se aplica una infracción leve. Pero, evidentemente, si reitera en el tiempo se aplica un criterio de riesgo y se va elevando la categoría de la infracción, aunque los hechos sean los mismos
Ante las críticas de Progreso en Verde de que, tras su denuncia, varios de los animales del terreno de La Vileta han desaparecido, Fernández reconoce que así ha sucedido con algunos de los ejemplares, pero “no con todos”. De hecho, explica que lo que sí hizo el propietario después de que los hechos trascendieran públicamente fue regularizarlos “de un día para otro”. “Pero también la gente tiene que saber es que cuando de pronto llega un señor y regulariza un montón de animales de golpe, se supone que ya tenía una explotación [de forma irregular] y eso ya conlleva sanción”, añade. Por el momento, el expediente abierto contra el dueño de la finca se encuentra pendiente de resolución.
La “finca del horror” de Palma “no es la única”
Amengual lamenta que, en los últimos años, este “cementerio de animales” no es el único detectado en Mallorca. Uno de los casos más “flagrantes”, recuerda, se produjo en 2017 en otra finca de Palma, en la barriada de sa Indioteria. Varios vecinos denunciaron la presencia, en pleno verano, de más de veinte ovejas abandonadas y desnutridas, sin apenas agua y alimento. El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil se personó de inmediato en la zona y emplazó al propietario de los animales a proporcionarles bebederos y cubiertas para que las ovejas pudieran protegerse de las elevadas temperaturas. Sin embargo, los agentes expusieron que no habían apreciado ningún delito por maltrato animal mientras los técnicos de Bienestar Animal certificaron que los ovinos se hallaban en buen estado, tal como informó en su día el diario Última Hora.
Tras el precinto de la finca y la retirada de las ovejas, desde la asociación Rescatando Juntos Mallorca hicieron público, mediante fotografías, que el dueño del solar había recuperado los animales: ahora se encontraban esquilados, con las orejas marcadas, con comida y pastando en una zona próxima. “El agua, eso sí, sigue al sol”, criticaban desde la entidad, haciendo ver que el Govern había “hecho cumplir el protocolo que establece la ley”, pero advirtiendo: “Vamos a seguir vigilándolas y pendientes de este caso muy de cerca”. Acto seguido agradecían la labor de quienes se habían ocupado de denunciar el caso ante las autoridades.
En 2021, Progreso en Verde denunció otra “finca de los horrores” en el Port d'Andratx en la que aseguraban que “se estaba dejando morir de hambre a las ovejas” a pesar de las múltiples denuncias que, afirma la entidad, acumulaba su propietario por parte de animalistas y vecinos, que “incluso se movilizaron para darles de comer y proporcionarles agua”, tal como recuerda Amengual.
“¿Qué está pasando para que el propietario de una finca donde hay decenas de animales y se les abandona hasta morir de hambre salga siempre indemne de tal situación? ¿Por qué se le protege tanto? ¿Qué contactos tiene para que no le pase absolutamente nada?”, se preguntaba entonces Amengual, quien señalaba que las primeras denuncias interpuestas contra el dueño del terreno databan del año 2017. De igual forma, un año después Progreso en Verde informó de otro solar en la localidad de Campanet en el que “se dejaba morir a las ovejas de hambre o enfermedad”.
Pese a haber sido multadas por la tenencia de animales en mal estado, Amengual incide en que las sanciones económicas “no resuelven el problema”. “Estamos denunciando que se ha dejado morir a animales en unas condiciones deplorables, por hambre, sed o enfermos. Son muchas las fincas que se han denunciado y el patrón siempre es el mismo. Al final son animales en mal estado, que mueren, vecinos que se movilizan porque ven que los animales no pueden más y numerosas denuncias que acaban en simples sanciones”, lamenta.
Al respecto, el director general de Agricultura señala que el papel tanto los técnicos como de él no es “dejarse llevar ni por el alarmismo o por la forma de ver las cosas de las asociaciones ni, por supuesto, por lo que diga el propietario de la explotación”. “Trato de mantener una posición un poco más ecuánime entre una cosa y otra. Eso no es una inacción. Hay unos programas de control que aplicamos y respondemos siempre a todas las denuncias que nos plantean las asociaciones, los particulares, los ayuntamientos o el Seprona. Siempre abrimos los procedimientos de inspección y, cuando corresponde, siempre elevamos los procedimientos de inspección a infracciones”, comenta.
Mi papel y el de los técnicos es el de no dejarnos llevar ni por el alarmismo o por la forma de ver las cosas de las asociaciones ni, por supuesto, por lo que diga el propietario de la explotación. Trato de mantener una posición un poco más ecuánime entre una cosa y otra. Eso no es una inacción
Con todo, alude a dos problemáticas a las que se enfrentan: una, que los periodos de prescripción de las infracciones leves, como el hecho de no tener actualizado el libro de explotación ganadera, son “extremadamente” cortos -seis meses- para que las infracciones lleguen muchas veces a sustanciarse. La segunda, el hecho de que numerosas veces los expedientes abiertos por la Conselleria acaben archivados por la vía de lo penal. “En muchos casos, los jueces acaban dictando sentencias absolutorias porque no está suficientemente demostrado el dolo o la culpa de las personas imputadas”, incide Fernández, quien señala que en ocasiones su departamento opta por no acudir a los tribunales para evitar la paralización de los procedimientos sancionadores, así como para impedir que las denuncias “acaben en nada”.
En este sentido, el responsable de Agricultura apela, “sin ánimo de querer interferir” en la acción judicial, a la necesidad de que los jueces cuenten “con una mayor formación en materia de bienestar animal” para poder tratar con eficiencia estos asuntos, al tratarse de ámbitos “en los que la sociedad va avanzando muy rápidamente”.
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