El Juzgado de Instrucción número 3 de Palma ha imputado por atentado a la autoridad a ocho activistas por los incidentes producidos durante una protesta antidesahucios el pasado 2 de noviembre. Seis de ellos se han acogido a su derecho a no declarar y otro ha respondido al interrogatorio defendiendo su derecho a la protesta social.
El octavo es un joven que fue detenido el día del desahucio, pero aunque ha comparecido en el Juzgado, no ha llegado a declarar por un problema administrativo con la citación.
Sobre todos ellos pesa un presunto delito de atentado a la autoridad durante una protesta para intentar paralizar el desahucio de una mujer con hijos menores.
Seis de los activistas, atendidos por la abogada de Alerta Solidària Eva Pous, se han negado a declarar y el otro, un conocido miembro de Stop Desnonaments Mallorca, sí ha declarado para defender que estaba ejerciendo un derecho fundamental.
Concentración a las afueras del Juzgado
A las puertas del Juzgado unas treinta personas se han concentrado en apoyo a sus compañeros de Stop Desnonaments y Sindicat d'Habitatge de Palma, en la que los dos colectivos han denunciado la “represión” policial a la lucha antidesahucios.
Los activistas han censurado la actuación de la Policía Local, censurando “que la Policía del 'Ajuntament de la gent' vuelve a ejecutar desahucios y usa todos los medios posibles”.
Ninguno de los ocho imputados es miembro de la familia afectada por el desahucio, sino que se trata de vecinos y activistas que habían ido a brindar apoyo.
El Sindicat d'Habitatge ha desplegado una pancarta denunciando la “represión” del Estado a la lucha antidesahucios y se han coreado lemas como “no se entiende, gente sin casa y casas sin gente”.
“Fuerte represión policial”
Un militante del Sindicat d'Habitatge ha censurado la “fuerte represión policial en contra de los manifestantes y la familia desahuciada” en noviembre, un episodio que ha considerado “un ejemplo” de casos de violencia en desahucios. “Dos compañeros tuvieron que ir al médico por lesiones y Toñi [la mujer desahuciada] tuvo que ser atendida por un ataque de ansiedad”, ha concluido.
Un portavoz de Stop Desnonaments, Santi Bonillo, ha reclamado una “actitud más dialogante” a las autoridades, en especialmente en casos que afecten a población vulnerable, “por razones de humanidad”.
En la protesta de noviembre, “la actitud fue cero dialogante” y “se generó una situación que no se tendría que haber dado, si las personas hubieran actuado con más profesionalidad y tranquilidad”. “Una situación que se fue de madre”, ha lamentado Bonillo.
Por su parte, Dina Heredia, de Stop Desnonaments, ha leído un comunicado en el que se interpela a los medios de comunicación para que denuncien “que la Policía del 'Ajuntament de la gent' vuelve a ejecutar desahucios y usa todos los medios posibles”. La plataforma acusa “a La Caixa, a la Unidad de Intervención Inmediata de la Policía Local y a los agentes judiciales” de “intentar engañar a Fiscalía de Menores” para sacar a la familia de la vivienda. “Ni esta ni mil denuncias más nos pararán”, concluye el comunicado.