Otro juez se suma a la nómina de magistrados condenados por corromperse con la toga puesta

“Perdieron la necesaria objetividad que ha de presidir una imparcial investigación penal” e hicieron “prevalecer su voluntad sobre la de la ley”, haciendo recaer “injustamente” sobre aquellos a quienes investigaban “el peso de un proceso criminal”. Son solo algunas de las amonestaciones vertidas por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJIB) contra el exjuez Manuel Penalva y al exfiscal Miguel Ángel Subirán, quienes la semana pasada fueron condenados a nueve años y un día de cárcel cada uno por las irregularidades que cometieron mientras instruían una de las piezas separadas del conocido como caso Cursach. Con esta sentencia a sus espaldas, Penalva se suma a la cohorte de magistrados que a lo largo de las últimas décadas han sido castigados por corromperse con la toga puesta.

Desviarse de la independencia, la imparcialidad o el respeto a las partes, entre otros principios, puede salirle caro a un juez, expuesto a sanciones que pueden ir desde simples advertencias o multas económicas a traslados forzosos, suspensiones de hasta tres años e incluso a la separación definitiva. Con todo, en más de cuatro décadas han sido únicamente seis los magistrados castigados con la máxima sanción disciplinaria —la expulsión— y en tres de los casos fueron revocadas por el Tribunal Supremo.  

Penalva, quien en 2015 tomó las riendas del caso Cursach para indagar una supuesta estructura mafiosa integrada por policías y empresarios, acabaría recusado y apartado de la causa por falta de apariencia de imparcialidad en marzo de 2018, cuando las dudas sobre cómo se había llevado a cabo la instrucción de la causa comenzaron a sobrevolar las pesquisas. En julio de 2021, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordaba jubilarlo por “incapacidad permanente para el servicio” en el grado de absoluta. Las graves irregularidades cometidas acabaron conduciéndolo este año al banquillo de los acusados bajo una petición de condena, por parte de la Fiscalía Anticorrupción, de hasta 118 años de prisión, la máxima pena solicitada para un juez en España.

Y es que cuando el veterano juez llevaba cerca de dos años buscando apuntalar sus acusaciones en torno a un entramado político-judicial dirigido a salvaguardar los intereses del magnate Bartolomé Cursach —quien finalmente resultaría absuelto de esa supuesta trama— y decenas de investigados llevaban meses encarcelados con acusaciones de delitos que abarcaban desde corrupción de menores hasta un presunto homicidio y episodios como supuestas fiestas con sexo, alcohol y drogas en la sala VIP de una de las discotecas del todopoderoso empresario, los cimientos que sostenían el caso comenzaron a tambalearse. Acababan de trascender las supuestas presiones a las que había sido sometida la hasta entonces principal testigo de la causa, quien aseguraba ser la madame en un burdel al que acudían altos cargos políticos del PP para participar en fiestas supuestamente costeadas por Cursach.

Los mensajes a la 'madame' del caso Cursach

Afloraron grabaciones y mensajes de WhatsApp que tanto Penalva como Subirán habían remitido a la mujer para indicarle qué debía declarar en un momento determinado. Entre ellos, se puede leer cómo el magistrado le infunde ánimos: “Ánimo, María José (…). Cuando quieras y puedas a ver cómo atamos los cabos sueltos para que no te dejen por mentirosa”; “Si hablas con alguna chica o chico que pueda confirmar que esta gentuza iba [al burdel] recuerda decirles que lo haremos de otra manera”. En otro momento, la testigo les responde: “Cuándo no he hecho lo que me habéis dicho, incluso el peor día es cuando lo hice mal en una declaración y os cabreasteis mucho en un careo” y “Aquí estoy por culpa de vosotros”.

Los mensajes se convirtieron entonces en objeto de una primera querella contra juez y fiscal, desatando tras ello todo tipo de reacciones que comenzaban a comprometer las pesquisas. Junto a ello, el hecho de que el secreto de sumario del caso Cursach se prorrogase una y otra vez, viéndose así los abogados de los investigados imposibilitados a tener acceso a las investigaciones, es otra de las cuestiones a las que comenzaron a aferrarse las defensas de Cursach y otros investigados -en la actualidad acusaciones- para alentar la tesis de que todo fue un montaje contra sus patrocinados. Asimismo, la publicación en prensa de qué era exactamente lo que las pesquisas perseguían e incluso de las diligencias que los investigadores tenían previsto practicar se convertiría en uno de los pilares sobre los que se sostienen las actuales investigaciones contra Penalva y Subirán.

A todo ello se sumó el hallazgo de un grupo de WhatsApp que, bajo el nombre de 'Operación Sancus', mantenían abierto el juez, el fiscal y los miembros del Grupo de Blanqueo de la Policía Nacional en paralelo a sus pesquisas. El chat reveló manifestaciones como: “Son unos hijos de puta, hay que machacarlos”; “A este si tienen huevos de hacerle dimitir y dejar su acta de diputado hay que detenerlo con esposas, sin miramientos” (en alusión al exdiputado y exconcejal del PP Álvaro Gijón); “Lunes, zafarrancho de testigos, martes zapatazo [sobre las futuras detenciones] y miércoles, a disposición [judicial] en un furgón lleno de gitanos. Como Dios manda”, “Si hay algo de Gijón igual cantan antes. Es rápido, directo, sin desgaste para nosotros y condena asegurada”. Todo ello entreverado con calificativos hacia los arrestados como “empastillado”, “chulito”, “hijoputa, imbécil y sobradito”.

Recusación e inicio de las investigaciones contra Penalva

La situación llegó a tal extremo que Penalva acabaría recusado y apartado de las investigaciones en marzo de 2018. Subirán, por su parte, se acogería a una baja laboral apenas unos meses después y sería definitivamente apartado de las pesquisas en octubre de ese año. Entre tanto, los abogados de Cursach y de su número dos, Bartolomé Sbert, ponían en entredicho la instrucción del procedimiento judicial al llevar a los tribunales, en julio de 2018, las filtraciones efectuadas a la prensa, una denuncia que se convertiría en germen de la que muchos consideran la antesala de uno de los mayores escándalos policiales y judiciales destapados a nivel nacional. “Un auténtico fraude, una ficción malvada, un artificio de principio a fin”, como llegó a calificar una de las defensas el caso Cursach.

Con todo, tanto Penalva como Subirán se aferran a su inocencia y defienden el trabajo que llevaron a cabo a lo largo de la instrucción de la causa, llegando a declararse víctimas de un “odio en estado puro” y de un complot en su contra para desacreditar las investigaciones que realizaron y conducirles al banquillo de los acusados. “Nos han dicho que somos el 'cártel de la toga', que soy manipulador de testigos, un corrupto, un delincuente”, lamentó, de hecho, el exmagistrado al término del juicio celebrado contra ellos. 

No son pocos los nombres que, junto al de Penalva, integran la nómina de togados sobre los que la propia Justicia ha puesto el foco. Uno de los casos más conocidos es el de Baltasar Garzón, que fue, primero, suspendido de forma cautelar de sus funciones y, después, apartado en virtud de la condena a once años de inhabilitación que le impuso el Supremo por las “arbitrarias” escuchas a los abogados de la Gürtel. 

El terremoto judicial y delictivo de Pascual Estevill

Sin embargo, el mayor terremoto judicial y delictivo lo protagonizó Luis Pascual Estevill, uno de los primeros magistrados expulsados de la carrera. En 2005, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) lo sentenció a nueve años de cárcel por prevaricación, cohecho, detención ilegal, amenazas y alzamiento de bienes por extorsionar a varios empresarios y banqueros bajo amenazas de enviarles a prisión, además de por esconder millones y millones de pesetas en Suiza. Allí es donde Estevill, quien accedió a la Judicatura como jurista de reconocido prestigio y llegó a ser vocal del CGPJ, cobraba los sobornos que exigía y que en algunos casos llegaban a los 50 millones de la antigua moneda. El Supremo confirmó la sentencia en 2006. 

No era la única condena, sin embargo, que recaía sobre él. En 2001 el Alto Tribunal ya había confirmado una pena de siete años de cárcel para Estevill por tres delitos fiscales, además de imponerle la obligación de pagar 100 millones de pesetas a las arcas públicas. Previamente, en 1996, la misma Sala Segunda del Supremo le había impuesto seis años de inhabilitación por extorsiones similares a las que le costaron posteriormente los nueve años de prisión: en concreto, por enviar a la cárcel a varios empresarios en el caso del banquero Alfredo Sáenz, quien fue condenado a tres meses de arresto e inhabilitación por denunciar falsamente, cuando era presidente de Banesto, a cuatro empresarios catalanes a los que quería cobrar un crédito de 600 millones de pesetas.

Gómez de Liaño y su papel en el 'caso Sogecable'

Otro de los jueces apartados por el CGPJ en cumplimiento de sentencias judiciales fue Javier Gómez de Liaño, quien en los años noventa, recién reincorporado a la Audiencia Nacional, abrió unas diligencias que constituirían su némesis, cuando decidió procesar al presidente y al consejero delegado del grupo Prisa, el fallecido Jesús de Polanco, y a Juan Luis Cebrián, respectivamente, por apropiación indebida en el que se denominó caso Sogecable. Gómez de Liaño calificó de delictiva la práctica de Canal Plus de exigir a los abonados un depósito de 15.000 pesetas por el descodificador de la televisión de pago. Sogecable abandonó esa práctica y se querelló contra Gómez de Liaño por un delito continuado de prevaricación. Finalmente fue inhabilitado durante quince años no sólo como juez, sino también para el ejercicio del Derecho.

El Gobierno de José María Aznar le concedió, no obstante, un indulto parcial que le permitía seguir ejerciendo como juez siempre que no lo hiciera en la Audiencia Nacional, pero la reparación le duró poco, ya que Prisa llevó la medida al Tribunal de Estrasburgo y éste consideró que la condena a Gómez de Liaño debía mantenerse a pesar de la medida de gracia. Con todo, le autorizó a ejercer como abogado. Años después, el exmagistrado revolucionó la vida política al tomar las riendas de la defensa del extesorero del PP Luis Bárcenas.

Francisco Urquía o los sobornos de la corrupción marbellí

Por su parte, el exjuez Francisco Urquía acabó condenado a dos años de cárcel por cobrar 60.000 euros de un intermediario a cambio de dejar en libertad bajo fianza a uno de los detenidos de la conocida como 'operación Hidalgo', una pequeña pieza en el gigantesco puzzle de la corrupción marbellí que supuso el comienzo de la caída de este magistrado. Al frente del Juzgado de Instrucción número 2 de Marbella, Urquía lanzó en 2006 una operación con más de veinte detenciones, la incautación de más de 90 millones de euros, de 60 coches de lujo y más de 500 viviendas en zonas exclusivas de la Costa del Sol. Sin embargo, la aceptación del soborno le costó una condena de dos años de cárcel y su expulsión de la carrera judicial.

En la actualidad, Urquía es considerado una víctima de la red de intrigas y extorsiones del comisario jubilado José Manuel Villarejo por encargo del empresario Juan Muñoz, marido de la periodista Ana Rosa Quintana.

Elpidio Silva y el caso Blesa

También Elpidio Silva fue sentenciado —con el voto discrepante del presidente del tribunal que le juzgó— a 17 años y medio de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación en concurso con otros dos contra las libertades individuales al enviar en dos ocasiones a la cárcel al banquero Miguel Blesa por la adquisición de un banco de Florida por parte de Caja Madrid cuando aquél presidía la entidad. La sentencia señalaba que Silva mostró durante toda la investigación a Blesa “una voluntad persecutoria que compaginaba con la permanente limitación” de las posibilidades de defensa del acusado. El TS confirmó íntegramente la resolución y Silva fue expulsado de la carrera judicial.

Por otro lado, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias condenó en 2019 al juez Salvador Alba a seis años y medio de cárcel y 18 años de inhabilitación por conspirar contra la también magistrada, actual delegada del Gobierno contra la violencia de género, durante los siete meses en los que la sustituyó al frente del Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas de Gran Canaria, cuando Rosell decidió dar el salto a la política con Podemos. Incurriendo en delitos de prevaricación en concurso con cohecho y falsedad en documento oficial, Alba maquinó una operación para tratar de dañar la reputación de su compañera de profesión y, sin un ápice de arrepentimiento, se enrocó en una estrategia de recursos y recusaciones para tratar de evitar su ingreso en el centro penitenciario de Salto del Negro.

También fue ratificada por el Supremo la expulsión de una jueza, Adelina Entrena, que olvidó ordenar la libertad de tres presos. Uno de ellos pasó más de un año en la cárcel indebidamente, lo que provocó que la magistrada fuera juzgada y condenada a un año de separación del servicio. No obstante, en el procedimiento disciplinario, el CGPJ acordó expulsarla de carrera en 2007 al estimar que había cometido cuatro infracciones muy graves de desatención de competencias judiciales. Tres de ellas por retrasos concretos en la excarcelación de presos y una cuarta por el “descontrol” de su juzgado. El Supremo ratificó en 2010 esa decisión. Entrena fue hallada muerta en su casa en 2014. 

Mucho antes que los anteriores, los jueces barceloneses Joaquín García Lavernia y Carlos Lorenzo-Penalva de Vega se convirtieron en los primeros magistrados de la historia judicial española en ser expulsados de la carrera y enviados a prisión. Fue en 1988, cuando el primero fue condenado a seis años y cuatro meses de cárcel y el segundo a cinco años, además de serles impuestos más de diez de inhabilitación. García Lavernia fue detenido nada más notificar el Supremo la sentencia, mientras que Penalva acabó entregándose tras varias horas en paradero desconocido.

Por su parte, el último exjuez en ser ingresado en prisión, en su caso preventiva, fue Fernando Presencia, condenado por prevaricar e investigado por enriquecerse con noticias y denuncias falsas. Presencia ha dedicado los últimos años a denunciar masivamente a vocales, jueces, funcionarios y políticos que en algún momento fallaron en contra de sus intereses, acusándoles a veces de tener dinero oculto en paraísos fiscales y, otras, de formar parte de una organización internacional de asesinos. Sus denuncias y querellas nunca llegaron a nada y por el camino unió sus esfuerzos a los ultraderechistas Alberto y Santiago Royuela, impulsores de la teoría de la conspiración denominada 'Expediente Royuela' sobre corrupción, blanqueo de capitales y asesinatos de estado.

El Tribunal Supremo ha confirmado hasta dos condenas por prevaricación sobre Presencia, ambas de 10 años de inhabilitación especial con pérdida definitiva del cargo, a raíz de sus actuaciones delictivas cuando se encontraba al frente del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Talavera de la Reina (Toledo).

El juez prevaricador que se convirtió en cabeza visible de Vox

En 2011 fue condenado por prevaricación Francisco Serrano, quien fuera posteriormente cara visible de Vox en Andalucía y candidato a la Junta en las elecciones de finales de 2018. Antes de ser diputado fue abogado y juez, además de protagonista de polémicas actuaciones y declaraciones. Su actuación a la hora de alterar el régimen de visitas de un niño de 11 años, establecido por un Juzgado de Violencia sobre la Mujer, para que pudiese salir en una procesión de Semana Santa con el padre divorciado le valió una condena de dos años de inhabilitación por prevaricación culposa. La sentencia, sin embargo, fue agravada por el Supremo al elevar la pena hasta los diez años.

Ahora se encuentra nuevamente pendiente de ser juzgado bajo una petición fiscal de hasta ocho años de prisión por presuntos delitos de fraude de subvenciones y estafa con relación a un préstamo estatal de casi 2,5 millones de euros.

Cabe recordar que los primeros magistrados en la historia del CGPJ en ser apartados por motivos disciplinarios fueron Jaime Rodríguez Hermida y Ricardo Varón Cobos, destinados en el Alto Tribunal y la Audiencia Nacional, respectivamente, por su implicación en el escándalo de la puesta en libertad del jefe de la camorra napolitana, Antonio Bardellino. Aunque salieron absueltos de la vía penal —al entender los jueces que la decisión de Varón Cobos de poner en libertad a Bardellino fue legal— sí fueron castigados a la separación de la carrera judicial por parte del CGPJ en mayo de 1986.

Casi dos años después, en enero de 1988, el Supremo confirmó la expulsión de Rodríguez Hermida, pero permitió volver a la carrera judicial a Varón Cobos, a quien rebajó la sanción impuesta de falta muy grave a falta grave, con una sanción de 50.000 pesetas (300 euros). En su resolución, la Sala Tercera consideró probado que Rodríguez Hermida “ejerció presiones” a Varón Cobos para que excarcelara a Bardellino, un “delincuente peligroso y habitual buscado por el servicio de Interpol”.