La jueza del caso Puertos imputa al alcalde de Ibiza y cita como testigo a un exalto cargo de Rajoy

La jueza instructora del conocido como caso Puertos, que indaga el presunto amaño de contratos en las instalaciones portuarias de Balears con el objetivo de beneficiar a determinadas entidades privadas, ha citado a declarar al alcalde de Eivissa y candidato socialista a la reelección, Rafael Ruiz, en calidad de investigado “en aras a garantizar sus derechos constitucionales de defensa” en el marco de este procedimiento judicial. Así lo ha acordado la magistrada Martina Mora en contra del criterio de la Fiscalía, que considera que de la actuación del primer edil no se aprecian suficientes indicios delictivos, por lo que recientemente planteó que fuese emplazado a comparecer como testigo.

Mediante una providencia a la que ha tenido acceso elDiario.es, la magistrada cita a Ruiz a declarar en los Juzgados el próximo 21 de junio. En concreto, el alcalde será interrogado sobre su papel en la adjudicación del Club Náutico de Eivissa (CNI), que habría resultado favorecido en virtud de un supuesto concierto previo por parte de la cúpula de la Autoritat Portuària de Balears (APB), encabezada entonces por Joan Gual de Torrella y el exdirector del organismo, Juan Carlos Plaza, y de la asesora jurídica del consejo de administración y abogada del Estado, Dolores Ripoll.

Se da la circunstancia de que la citación de Ruiz como encausado ha sido adoptada a petición de la acusación particular ejercida por una de las empresas que concurrieron al concurso, Club Básico 12 Millas, cuyo papel, a su vez, está siendo objeto de investigación por supuestamente haber llegado a aceptar una contraprestación económica a cambio de no entorpecer las adjudicaciones a favor del CNI y de cesar en sus impugnaciones.

Los exresponsables de la APB niegan cualquier irregularidad

Hasta el momento, los exmáximos responsables de la APB han negado cualquier tipo de irregularidad en la adjudicación del contrato y han negado haber recibido o dado indicaciones políticas para alterar las valoraciones de las distintas empresas que concurrieron al proceso. Uno de los elementos en los que basan su inocencia radican en la durante la tramitación del expediente se valoró el arraigo como un elemento que a largo plazo proporcionaría resultados positivos para la isla.

No en vano, tras comparecer ante la magistrada en julio del pasado año, Gual de Torrella manifestó que los precios de los atraques en Balears “están excluyendo a los residentes, sobre todo en Eivissa”, donde, subrayó, impera “un mundo dedicado al superlujo”. “Los clubes náuticos son las entidades que pueden corregir estos excesos y esta presión de la demanda”, defendió.

Con todo, la jueza señala que de las diligencias practicadas y, en especial, de las manifestaciones recogidas en actas del consejo de administración y de diversas comunicaciones intervenidas se desprenden indicios de que la actuación de Ruiz “puede no haberse limitado a un acompañamiento impune a la decisión presuntamente prevaricadora y/o fraudulenta que se investiga, a diferencia de otros miembros de Consejo de Administración de la APB”. Por ello, considera que el esclarecimiento de los hechos debe resolverse, “entre otras diligencias, oyendo al interesado sobre el particular y dentro de esta declaración se representa la probabilidad de que se le dirijan preguntas que difícilmente se explican sin carga incriminatoria”.

La magistrada asevera, además, que con la citación de Ruiz en calidad de investigado “debe preponderar la garantía absoluta del derecho de defensa”.

El PSIB muestra “todo su apoyo y reconocimiento”

Tras conocer su citación, Ruiz ha asegurado a través de su perfil en Twitter no tener “nada que ocultar” y ha asegurado que, “en todo momento”, ha defendido “el interés general para la ciudad de Eivissa y un modelo de gestión social y deportiva en su puerto de acuerdo con criterios técnicos”.

Por su parte, la Federación Socialista de Eivissa (FSE-PSOE) ha manifestado públicamente “todo su apoyo y reconocimiento” a Ruiz “por su defensa del interés general y de un modelo de gestión social y deportiva para el puerto de Eivissa, como el que ha representado el Club Náutico de Eivissa en sus cerca de 100 años de historia”. En esta línea, la formación ha expresado su convencimiento de que “la Justicia, como así lo entiende el fiscal, quien no presenta ninguna acusación contra Ruiz, concluirá que la actuación del alcalde como miembro del Consejo de Administración de la Autoritat Portuària siempre se ha realizado dentro del marco legal”.

En paralelo, la instructora ha citado a declarar como testigos al empresario Jesús Díaz Barreiros (6 de junio); al secretario del consejo rector de Puertos del Estado, José Antonio Morillo Velarde; al presidente de este organismo durante la época de Mariano Rajoy, José Llorca Ortega, y al secretario general de Puertos del Estado, Álvaro Sánchez Manzanares (todos ellos el 21 de junio).

La Fiscalía reclamaba que tanto el alcalde de Eivissa como el resto fuesen citados como testigos, mientras que el Club náutico Doce Millas, que ejerce la acusación particular en la causa, reclamaba que Ruiz y Llorca lo fuesen como investigados. Sobre este último, la jueza señala que, por el momento, no se desprenden indicios de que tuviera una intervención decisiva en la orden de adjudicación, dado que en la fecha en que se dio la orden de no votar en contra de la adjudicación a favor del CNI “el señor Llorca no ostentaba ya la condición de presidente de Puertos del Estado”. Con todo, advierte de que declarará como testigo “sin perjuicio de que pueda, en su caso, modificarse dicha condición a la vista de otras diligencias que se practiquen con posterioridad o a la vista de las preguntas que se le formulen durante su interrogatorio”. 

En un anterior auto, la jueza consideraba que, teniendo en cuenta las evidencias del caso, las declaraciones realizadas y los documentos disponibles, hay que tomar declaración a todos los citados. “Son personas que han tenido intervención en hechos relevantes para la presente investigación”, señalaba.

El papel de Puertos del Estado

Las investigaciones también se centran en averiguar si los directivos de la APB dieron órdenes de confeccionar o participaron en la redacción definitiva de unos criterios de valoración posteriores a la presentación de los proyectos y si estos constituyeron un mero traje a medida del Club Náutico para dar apariencia de legalidad a una adjudicación decidida de antemano. La jueza indaga la supuesta participación que Puertos del Estado pudo tener en la confección de estos criterios.

Los investigadores narran una mecánica comisiva que se repite en los distintos procedimientos administrativos que se encuentran bajo lupa judicial: una propuesta de adjudicación que parte inicialmente del presidente y del director de la Autoridad Portuaria y que logra la aprobación 'formal' del Consejo de Administración al contar con la cooperación necesaria y el respaldo expreso de los técnicos y de la asesora jurídica. 

Junto al de Eivissa, también se encuentra bajo sospecha, en otra pieza separada, el concurso para la gestión de puestos de amarre y taller en el puerto de Mahón, del que resultó beneficiaria la empresa Marina Asmen, una concesión que, según las investigaciones, estuvo plagada de irregularidades y por la que la Autoridad Portuaria habría dejado de ingresar unos 300.000 euros en tasas.